Himelda Ascanio
La paz y la vida son ideales falseados sobre los que han
naturalizado su utilización espuria. Todos y todas queremos vivir
en paz, esto quiere decir, en condiciones de bienestar, sosiego y
armonía. Donde los conflictos no sean dirimidos violentamente,
y quienes piensan diferente no sean asesinados.
Cuando el Estado mismo es quien impulsa la violencia
y la muerte, es absolutamente legítimo defenderse y
pelear por la vida. Por ello es importante determinar las
causas que generan el conflicto, determinar el origen
de este ciclo de violencia que completa 8 décadas. Así como los
niveles de responsabilidad, ya que un Estado que no garantiza lo
fundamental, que es la vida, no tiene legitimidad, ni legalidad para
administrar una sociedad y habrá fracasado. En consecuencia, la
rebelión no solo es un derecho, sino una obligación.
Colombia durante toda su historia republicana ha estado
caracterizada por la violencia, ninguna generación en más de un
siglo ha logrado superar esa situación. No ha existido un Estado,
ya que nunca este ha cumplido sus funciones y obligaciones
como referente de autoridad política y garante del bienestar de
la población. Ese remedo de administración ha sido secuestrado
por mafias oligárquicas que, a través del ejecutivo, legislativo
y la administración de justicia, han generado una histórica
desigualdad, exclusión y muerte.
Colombia durante toda su historia republicana ha estado
caracterizada por la violencia, ninguna generación en más de un
siglo ha logrado superar esa situación. No ha existido un Estado,
ya que nunca este ha cumplido sus funciones y obligaciones
como referente de autoridad política y garante del bienestar de
la población. Ese remedo de administración ha sido secuestrado
por mafias oligárquicas que, a través del ejecutivo, legislativo
y la administración de justicia, han generado una histórica
desigualdad, exclusión y muerte.
Lastimosamente, esta primera e histórica posibilidad de cambio
en la política colombiana, se va diluyendo y girando hacia ‘más
de lo mismo’. Dos grandes enemigos han tenido el Gobierno
de Petro; uno, el establecimiento, manejado, direccionado y
sostenido desde los Estados Unidos. Y dos, el mismo presidente,
que prefirió aliarse con representantes de esas mismas mafias
dominantes, antes que asumir la ruptura que suponía el mandato
por los cambios.
Un fiel reflejo de estos dos males que impiden los cambios, la
paz y la superación de la violencia, se condensan justamente
en la llamada Paz Total y la figura del Alto Comisionado para
la Paz (OACP). Nada más distante de la idea de superar las
causas y de al menos querer pasar la página de la violencia.
Como si se tratara de una maldición, desde Estados Unidos
y a través del comisionado, Otty Patiño, están reciclando
e impulsando paramilitarismo. Desde esta alta posición
avanzan solapadamente los mayores enemigos de la paz, lo
cual redunda en la continuidad del genocidio contra líderes
y lideresas sociales, por medio de la articulación de Fuerzas
Armadas y bandas narcotraficantes, para el arrasamiento
de territorios.
A más de la mitad de su mandato, al presidente Petro le
quedaría jugarse a fondo para no defraudar más. Una gran
cosa sería parar el genocidio en curso contra los liderazgos
populares. Pero esto no es posible si, por el contrario, se está
impulsando la configuración de nuevos grupos paramilitares,
como pasa en Nariño, donde las comunidades ya se han
hecho públicas las denuncias de paramilitarismo en el marco
de la llamada Paz Territorial que promueve e impulsa el
comisionado Patiño. Cuya nefasta consecuencia ya se mide
por la perpetración de un mayor número de masacres y
ejecuciones de líderes sociales en este departamento.
Una publicación del diario El País de España, del pasado
6 de diciembre [*], menciona que alguien cercano al
establecimiento en Nariño dijo que: “también tenemos certeza
de que varios nuevos jefes de zona de las Autodefensas son
los mismos antiguos jefes guerrilleros de esas zonas”. Van
saliendo a la luz pública estos entuertos denunciados por el
ELN desde el principio.
Sería muy triste y nefasto, que el gobierno Petro pasara a
la historia como el que fundó un “nuevo” paramilitarismo
en Nariño, justo en el departamento que más lo apoyó
electoralmente.
Asesinatos de la semana
El primero de diciembre cuatro personas fueron asesinadas
al interior de un establecimiento público ubicado a menos
de 100 metros del puente sobre el río Mayo en el sector de
Remolinos, en límites entre los departamentos del Cauca y
Nariño.
Luis Armando Nene Orozco, era un firmante del acuerdo
de paz, quien adelantaba su proceso de reincorporación en
el departamento del Cauca; fue asesinado el 2 de diciembre
en la plaza de mercado del corregimiento de Siberia en el
municipio de Caldono, Cauca.
El 2 de diciembre tres personas fueron asesinadas en horas
de la tarde en el barrio Barranco Colorado al oriente del
municipio de San José de Guaviare.