Imelda Ascanio
El Estado declaró el 9 de abril como el Día de la Memoria
y las Víctimas del Conflicto, pero paradójicamente sigue
exacerbando la guerra y no actúa contra el Genocidio de
líderes y lideresas sociales.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el artículo 142 de
la Ley 1448, del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018),
estableció el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y
la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Interno. A pesar
de esto, varios colectivos y organizaciones sociales y de víctimas de
crímenes de Estado aprovechan esta conmemoración, para visibilizar
sus exigencias y manifestarse ante la realidad que continúan viviendo
lideresas, lideres y defensores de derechos humanos, sufriendo
un genocidio que a diario expresa su continuidad, ante la mirada
anuente del Estado colombiano.
A pesar del aparente reconocimiento que el Estado colombiano le
ha dado a las víctimas, a través de las leyes posteriores o articuladas
al acuerdo con las Farc de 2016, y que el actual gobierno incluso ha
reiterado con peticiones de perdón, los cambios no han llegado y
por el contrario la situación sigue siendo crítica para los liderazgos
sociales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz,
-Indepaz-, solo en 2024 van 40 lideresas y líderes sociales asesinados.
El pasado 9 de abril se convocaron movilizaciones en varias ciudades
del país, una de las principales banderas agitadas fue justamente
la exigencia a que paren la persecución contra los sectores y
comunidades organizadas. Desde todas las organizaciones y
plataformas defensoras de derechos humanos se ha evidenciado
la continuidad del genocidio contra lideres y lideresas sociales y
políticas. Todos los informes, balances y análisis evidencian la grave
situación que siguen afrontando líderes y lideresas campesinas,
afros, urbanos, LGTBIQ+, mujeres, indígenas y defensores de
derechos humanos.
Un real reconocimiento desde el Estado, pasa por encarar su
responsabilidad más allá de conmemoraciones y actos simbólicos,
aceptar que el conflicto es social, económico, político y ambiental
y armado, y que sus instituciones civiles y militares están copadas
por la corrupción, la mafia y el narcotráfico, que impulsa y se asocia
con el paramilitarismo, principales ejecutores del genocidio a los
liderazgos sociales.
Asesinados de esta semana
José Mesías Dorado Quintero, era líder y asociado de la Junta de
Acción Comunal de Lusitania en jurisdicción del municipio de Solano,
Caquetá; fue asesinado el 11 de abril de 2024.
13 de abril de 2024, 3 personas fueron asesinadas en un
establecimiento público ubicado en la zona conocida como Redoma
de Atalaya en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.
Jaime Alonso Vásquez, era un reconocido líder social, abogado y
veedor de la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander; fue asesinado
el 14 de abril de 2024 en Cúcuta, Norte de Santander.
