Comando Central (COC E)
La corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo y del Desastre (UNGRD), con la compra de 40
carrotanques para llevar agua a La Guajira, involucró a
los jefes del Congreso y del Partido Verde, evidenciando
como la corrupción lubrica al Estado y al viejo régimen.
A
tiempo, la Exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, una de
las promotoras de la Consulta Popular Anticorrupción del
2018, fue llamada por la Fiscalía General de la Nación por
la desviación de 12 mil millones de pesos del proyecto del
Metro, para financiar la campaña al Senado de su esposa, Angelica
Lozano, quien será investigada por la Corte Suprema de Justicia por
el mismo caso.
La historia de Colombia es la historia de la corrupción de la élite
oligárquica que toma el Estado como fuente de acumulación de
riquezas, robándose los recursos que aportan los colombianos con
sus impuestos y saqueando los bienes públicos.
Los tres presidentes que ha tenido Colombia desde que inició
este siglo, antes de llegar Gustavo Petro a palacio de Nariño, han
estado inmersos ‘hasta los tuétanos’ en la corrupción: narcopolítica
y Yidispolítica para la elección y reelección de Uribe; coimas de
Odebrecht para la elección de Juan Manuel Santos y otra vez
narcopolítica (Ñeñe y sus secuaces) para la elección de Iván Duque.
Además de estos casos, existen otros emblemáticos en diferentes
épocas y entidades del Estado y programas de los gobiernos, como
Agro Ingreso Seguro, Reficar, Ecopetrol, PAE, corrupción en las
Fuerzas Militares y de Policía, EPS, Fiscalía General de la Nación y
las altas cortes no podían faltar. Largo etcétera que compromete a
entidades regionales, departamentales y municipales.
Las 1.750 narcovacas decomisadas el año pasado en España refleja
el entramado mafioso entre grandes ganaderos, el narcotráfico y
militares colombianos, porque el narcotráfico y la mafia hace parte
del inventario del Estado y el régimen.
La arquitectura política y jurídica del país garantiza una inmunidad
de clase, para que los poderosos nunca puedan ser juzgados por
sus delitos. La desaparición de pruebas, el chantaje, el soborno, el
asesinato de testigos y denunciantes son métodos empleados para
mantener la impunidad; como, el caso de los 6.402 Crímenes de
Estado, llamados con el eufemismo de falsos positivos. Asimismo,
mantienen en libertad a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño
del grupo Aval y el hombre más rico de Colombia, quien aceptó
en Estados Unidos su responsabilidad en pagos de soborno con
Odebrecht a funcionarios colombianos. Cabe recordar que en este
caso, perpetraron dos asesinatos con cianuro, Jorge Pizano y su hijo
Alejandro
Esa misma corrupción consustancial al régimen fue la que no
permitió que se aprobara la Consulta Popular Anticorrupción de
2018, a pesar de lograr 11 millones 645 mil votos, la mayor votación
registrada hasta ahora en la historia de Colombia.
Son millones los colombianos y colombianas, principalmente niños
y ancianos, víctimas de la corrupción, de igual forma la naturaleza
es afectada negativamente por esta pandemia, pues la corrupción
de los poderosos deja pauperización, violencia e injusticia social y
ambiental en toda la nación.
En este momento de un Gobierno progresista también hay
comportamientos corruptos a pesar de la vehemencia con que
Petro llama a practicar la honradez; esto demuestra la tesis de que el
régimen además de corrupto es corruptor; por lo tanto se necesita
una verdadera transformación política, ética, cultural e ideológica,
en donde la nueva gobernanza no puede estar sujeta a acuerdos con
los que asumen la política como oportunidad de enriquecimiento
personal o de grupo, ni con los que tienen «emprendimientos» con
dineros del narcotráfico.
Se necesita una restauración moral en donde la política esté
subordinada a la ética; y a su vez, la honradez, la justicia y la equidad
sean pilares centrales de la administración pública; lograrlo es
avanzar hacia una verdadera democracia y a la paz con justicia social
y ambiental.
