Chavela Villamil
Es irrefutable que el modelo económico capitalista fomenta
la pobreza, lo que constantemente aumenta la desigualdad
social, mientras incrementa el capital de un reducido grupo
plutocrático.
El sistema imperante que concentra el capital en un
reducido grupo plutocrático, hace incremental los
indicadores pobreza (monetaria y multidimensional),
generando grandes déficits del Gasto Social, que los
Estados son incapaces de subsanar ya que el modelo en sí
mismo es deficitario; a la vez que incrementa constantemente
la brecha de desigualdad social, a tal punto que hoy es
insostenible.
Durante décadas el modelo capitalista ha venido
experimentando una crisis que ha contraído paulatinamente
la economía global, lo que ha conllevado la desaceleración de
la economía mundial, afectando la sostenibilidad fiscal de
los países sin importar si son desarrollados o en desarrollo,
impacto que se siente con mayor fuerza en los países
dependientes del capital extranjero, obligando a decenas
de países a incrementar constantemente su Deuda Externa
(DE), por medio de suscribir constantemente empréstitos
con la Banca multilateral, con los que sostienen el statu
quo y su régimen económico y político, permitiendo que las
potencias económicas injieran en las políticas económicas
de los países deudores.
Según el Comité de Oxford de Ayuda Contra el Hambre
(Oxfam, por su sigla en inglés), la desigualdad social global
contribuye a la muerte de al menos 21.000 personas cada
día, a su vez, desde la aparición de la pandemia los diez
hombres más ricos del mundo vieron crecer sus fortunas
en una media anual estimada de 1,5 billones de dólares,
la Directora Ejecutiva de Oxfam afirma que “un sistema
económico que permite a un puñado de personas amasar tan
grandes fortunas, mientras miles de millones pasan hambre
y sin la atención médica adecuada durante una pandemia, es
un acto abierto de violencia dirigido a grandes franjas de la
humanidad” [1].
La pobreza y la desigualdad son insostenibles
El Informe Panorama Social de América Latina y el Caribe
2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), concluye que al cierre de 2023, más de 172 millones
de personas presentaban un déficit en el cubrimiento de sus
necesidades básicas. La pandemia intensificó las brechas de
pobreza (monetaria y multidimensional), generando en la
región niveles de pobreza extrema (miseria) del orden del
13,7 por ciento; el año anterior la pobreza general alcanzó
una tasa de 27,3 [2].
La dependencia que tiene nuestro país del capital extranjero
y la desaceleración de la productividad y el mercado interno,
han conllevado a que continuemos con grandes déficits en
los indicadores de pobreza y desigualdad; según la CEPAL,
Honduras, Colombia y Argentina son los países con mayores
índices de pobreza en la región, siendo Colombia el segundo
país con mayor pobreza y el primero en desigualdad, en
América Latina.
La baja productividad y la baja capacidad de compra de
los sectores socioeconómicos medios, medio-bajos y bajos,
incrementan la deceleración económica existente y hace
más difícil la posibilidad de una recuperación económica,
por lo tanto, el país está lejos de alcanzar un punto de
equilibrio a largo plazo. El incremento en las ventas que
reflejan algunos sectores de la economía, se percibe como
un leve aumento del comercio y de las utilidades, pero esto,
no se refleja en aspectos como la recuperación del empleo
ni la formalización del trabajo informal, solo repercute en
el repunte de las utilidades de las grandes empresas y las
corporaciones.
Nuestra economía solo es viable
si cambiamos el modelo
Durante décadas gran parte del país y en especial las
zonas periféricas han estado sumidas en un total abandono
estatal, a tal punto que carecen de servicios fundamentales
como alcantarillado y agua potable; lo que conlleva a que
crezca constantemente la pobreza multidimensional, y con
mayor fuerza se incremente la pobreza monetaria, en gran
medida por el bajo poder adquisitivo per cápita, que a su vez
está determinado por la falta de empleo formal, y la sobre
proliferación del subempleo -rebusque-, que ni incrementa
el poder adquisitivo ni mucho menos permite suplir las
necesidades básicas.
La marcada contracción de la economía requiere que el
Gobierno trace un plan de emergencia, que en plazo inmediato
debe centrarse en la disminución del Gasto Corriente
(burocracia, guerra, pago de intereses de Deuda Externa) y
el incremento del recaudo, centrando este último no en la
captación por masa de capital (afecta a capas medias) sino
en la captación por volumen de capital neto (afecta al gran
capital). Nuestra política económica debe estar fundada en
favorecer a todos los colombianos, en especial en subsidiar
capas bajas de la sociedad, además el desarrollo sostenible
debe tener como eje central el aumento del poder adquisitivo
per cápita y la disminución de los beneficios fiscales y
tributarios de los mega empresarios; en otras palabras,
como sociedad debemos luchar por una política económica
que disminuya el Gasto Corriente e incremente de manera
integral el Gasto Social.
Dar solución a la crisis económica del país implica congelar los
montos destinados a la DE y en el mediano plazo renegociar
este pasivo; además, la política estatal debe desarrollar un
plan estricto de austeridad fiscal, que desde luego debe
contemplar la disminución de la carga burocrática y decrecer
el Gasto Corriente. La reactivación y la solidez solo es posible
incrementando el flujo de capital líquido y mejorando el
poder adquisitivo per cápita, lo que tiene implícito dar
solución al desempleo, a la vez que se desarrolla un plan
de formalización del empleo. Por lo tanto, es inaplazable
un cambio estructural de la política económica y laboral,
en otras palabras, se debe incrementar la tributación de las
grandes empresas y de los grandes capitales, generando una
política redistributiva que invierta este dinero en planes de
desarrollo integral sostenible que dé prioridad a la inversión
nacional y merme la inversión de capital trasnacional.
