Sergio Torres
Los cambios estructurales que Colombia requiere para pasar
la página de la violencia, no van a llegar por medio de quienes
auspician y se lucran con ella. No será por medio del Estado
mafioso actual, tendrán que hacerlo las mayorías populares
eliminando la principal economía ilegal del país: la corrupción.
Hace unas semanas se publicó “Gilberto, según
Rodríguez Orejuela” (editorial Aguilar), libro escrito
por Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de
Cali. Ya en La W Radio se habían emitido partes de
las entrevistas hechas a este narcotraficante mientras pagaba
una condena en Estados Unidos, a donde fue extraditado en
2004.
Diez años atrás, los Rodríguez eran prácticamente los principales
narcotraficantes del mundo tras haber ayudado con la muerte
de Pablo Escobar junto a las autoridades de Colombia y Estados
Unidos. Además, eran el centro del llamado proceso 8.000, como se
denominó el proceso judicial contra el presidente Ernesto Samper
(1994-1998), por recibir dineros del narcotráfico para financiar
su campaña. Solo estos dos elementos dan cuenta de la estrecha
relación entre carteles de narcotráfico y el Estado colombiano,
pues hicieron una clara sociedad para perseguir a Escobar y luego
financiaron las campañas de los candidatos presidenciales.
En sus memorias, Rodríguez Orejuela, vincula a expresidentes
como César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-
2002), donde confirma lo que todo el país siempre supo, que
todos los presidentes estaban untados de narcotráfico, que
Colombia era y sigue siendo un narco Estado. De hecho, relaciona
a Gaviria con la muerte de Luis Carlos Galán, atribuida a Pablo
Escobar; como quien dice, el hoy presidente del partido Liberal
ha sido el jefe de los torcidos.
Uribe y la primera expansión paramilitar
Esta semana fue llamado a juicio el expresidente, Álvaro Uribe
Vélez, por el delito de soborno de testigos. Curiosamente, uno de
los procesos más tenues por lo que ha sido investigado, aunque
en su espalda cargue nada más que con las 6.402 víctimas de
asesinatos extrajudiciales. Todo el mundo en Colombia sabe que:
Uribe dio la orden (de asesinar a civiles y hacerlos pasar por
guerrilleros muertos en combate).
Uribe Vélez es el jefe del narco paramilitarismo y su expansión
en los años 90. Toda su carrera política es realmente una carrera
criminal, poniendo la Aerocivil al servicio del narcotráfico,
siendo destituido como alcalde de Medellín por vínculos con el
narcotráfico y siendo el máximo impulsor del paramilitarismo
con las cooperativas de autodefensas campesinas cuando fue
gobernador de Antioquia. Como presidente (2002-2010) impuso
el imperio del terror narco paramilitar. Es tal vez uno de los
peores criminales en la historia de Colombia, que sigue utilizando
el Estado como parapeto de garantía para la impunidad.
Después llegó el retorno de la oligarquía tradicional. En
un Estado mafioso y criminal como el colombiano, solo dos
presidentes han tenido dos periodos de gobierno consecutivos
y no por casualidad. Después de Uribe Vélez, vinieron las
presidencias de Juan Manuel Santos (2010-2018), tal vez el
principal camaleón político contemporáneo, por ello mismo,
con vínculos criminales de todo tipo, el más famoso su
prolongada alianza con la mafia de Víctor Carranza. Santos ha
estado vinculado en todos los gobiernos, desde la presidencia
de Gaviria en 1990 hasta la su propia reelección que terminó
en 2018.
Ahora, el Papá de los Pitufos y Duque
Gran parte del revuelo político nacional de estos días, tiene que
ver con un nuevo escándalo de corrupción, que como en los casos
anteriores, vincula la participación de mafias en las campañas
presidenciales de quienes han terminado siendo elegidos como
presidentes.
El llamado “Papá Pitufo” ha resultado ser un contrabandista de
vieja data y poder. Ya ha quedado claro que sus actividades ilegales
también estuvieron vinculadas con el gobierno de Iván Duque
(2018-2022). Aunque se mantenía con un bajo perfil desde hacía
un par de décadas, en las cuales había logrado comprar policías,
hacer destituir funcionarios y financiar campañas.
Aunque el presidente Petro ha dicho que el dinero procedente
de “Papá Pitufo” se recibió durante la campaña, pero se devolvió,
y que incluso ordenó grabar un vídeo para tener pruebas de esta
devolución, este tipo de acciones recuerdan los escándalos que
ya en campaña surgieron, donde aparecían vídeos y recepción de
grandes sumas de dinero en efectivo.
Augusto Rodríguez, uno de los hombres de confianza, a quien se le
encargó certificar la supuesta devolución, es quien hoy señala el
posible ingreso de esta cantidad de dinero. También ya aparecen
implicados en esta trama otros funcionarios y personas cercanas
al presidente, como Carlos Ramón González, que ya ha estado
envuelto en otros casos. Esta vez, González está relacionado con
Daniel García, ambos de la Alianza Verde, con los que Petro hoy
está negociando ministerios
La corrupción y las mafias terminaron incorporando al gobierno
progresista en su lógica criminal. Falta preguntarse por la
participación de Juan Fernando Petro en este nuevo entramado
mafioso. El presidente, que ha invocado tanto la figura de
distanciarse de la mafia y el narcotráfico, nuevamente aparece
allí.
El aprendizaje es claro: desde un Estado mafioso, con prácticas
corruptas, no será posible lograr cambios estructurales. Por
ello, dichos cambios solo pueden venir de la organización
popular y su fuerza movilizada.
