Chavela Villamil
El declive de la producción interna y el déficit fiscal obligan
a depender de los empréstitos de los fondos multilaterales,
para solventar parte del pasivo, a costa de aumentar la
dependencia del capital extranjero y empujarnos hacia la
insolvencia financiera.
El sistema monetario y la Banca capitalista buscan la
acumulación de grandes volúmenes de capital en
un minoritario grupo oligopólico, por lo tanto, todos
los empréstitos y “auxilios” que otorgan, deben ser
redituables y solventados por el Producto Interno Bruto (PIB)
de los deudores. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial (BM) principales acreedores de los países
latinoamericanos y caribeños, producto de sus préstamos
durante décadas han ejercido una enorme influencia en la
configuración del sistema económico mundial y en la definición
de las políticas económicas de los países de renta baja y mediabaja.
El FMI exige a los países prestatarios que antepongan la devolución
de sus deudas a sus acreedores, sobre todo el resto de la inversión
pública y condicionan el acceso a nuevos préstamos, a la puesta
en marcha de políticas encaminadas a la enajenación de activos
estatales o iniciativas que garanticen el sostenimiento del libre
comercio y que incremente paulatinamente el presupuesto
destinado a pago de intereses de la cuenta corriente.
Según el más reciente informe del Comité de Oxford de
Ayuda contra el Hambre (Oxfam, por sus siglas en inglés), las
recomendaciones del FMI impartidas al grupo de países de renta
baja, están encaminadas a la desatención del gasto social, por
ejemplo, recomiendan que, “por cada dólar que el organismo
sugiere invertir en bienes públicos, está planteando recortar
cuatro con medidas de austeridad enfocadas en recortes de
inversión y políticas subsidiarias” [1]. Más del 70 por ciento
de las prácticas fiscales abusivas de las multinacionales, se
canalizan a través de jurisdicciones que son miembros de la
OCDE, privando a los países del sur global de enormes cantidades
de ingresos fiscales.
La Cuenta Corriente no encuentra techo
Las políticas económicas implementadas durante esta gobernatura
han aumentado ostensiblemente el Gasto Corriente (burocracia,
guerra, pago de intereses de Deuda Externa), lo que conlleva a
continuar incrementado constante y progresivamente nuestro.
déficit de Cuenta Corriente (Deuda Externa -DE-), según datos
del Banco de la República este pasivo actualmente oscila en
197.628 millones de dólares, lo que equivale al 47,92 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB).
Durante las últimas décadas nuestro país a basado la política
económica y financiera en el incremento desenfrenado
del Gasto Corriente y no solventado en el PIB, es decir, de
manera irresponsable ante una desaceleración de la economía,
no decrecen el patrón del gasto, sino que por el contrario
se incrementa el Gasto Corriente, este desbalance conlleva
a que constantemente se glose [2] la Cuenta Corriente -un
círculo vicioso de gasto y empréstito-; junto a una política
de gasto regresiva, donde los egresos superan los ingresos,
resultando en un desangre el erario, agravado por el actual
periodo de desaceleración económica. Además, tratando de
dar cumplimiento a los inconvenientes acuerdos establecidos
con los estamentos multilaterales, nuestra política económica
sigue priorizando el pago de los intereses de la DE, por esta
razón el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025,
-instaurado por decreto-, destinó 112,6 billones de pesos para
el pago de estos intereses, que equivalen al 21,53 por ciento del
PGN y representa un incremento de 19,15 por ciento respecto
al 2024.
Cambios urgentes en la política económica
El principal problema de nuestro país es que tenemos una
política económica que centra sus esfuerzos es sostener el pago
continuado de la DE, que además de ser onerosa es constantemente
sobregirada, convirtiéndola en un pasivo incremental al que mes
a mes aumenta su valor y los pagos realizados solo sirven para
amortizar los intereses, pero la deuda de capital continúa intacta;
lo que convierte a este pasivo en un círculo vicioso que asfixia el
PIB e imposibilita pagar la Deuda Social.
Dar solución a la crisis económica del país implica congelar los
montos destinados a la DE y en el mediano plazo renegociar
este pasivo; además, la política estatal debe desarrollar un
plan estricto de austeridad fiscal, que debe contemplar la
disminución de la carga burocrática y decrecer el Gasto
Corriente. La reactivación y la solidez solo es posible
incrementando el flujo de capital líquido y mejorando el poder
adquisitivo per cápita, lo que tiene implícito dar solución al
desempleo, a la vez que se desarrolla un plan de formalización
del empleo; además es necesario incrementar la tributación
de las grandes empresas y de los grandes capitales, generando
una política redistributiva que invierta este dinero en planes
integrales de desarrollo.
