Chavela Villamil
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha
venido tomando medidas para disminuir el costo del
servicio de energía eléctrica; que han sido inocuas ya que
no controlan el problema de fondo, que es el valor en bolsa
del Kilo Watio hora (KWh).
El modelo económico imperante está fundado en la acumulación
de capital en un grupo plutocrático reducido y a su vez el
neoliberalismo plantea que la enajenación de activos estatales
es favorable para la productividad, bajo la falacia de que se
disminuirían gastos estatales y se mejorarían los servicios prestados.
Sin embargo, la enajenación de activos estratégicos deja el costo de
los servicios básicos -como la electricidad-, supeditados al valor del
libre mercado, lo que hace que los servicios públicos constantemente
estén incrementando su valor y contribuyendo al aumento de la
inflación; este tipo de prácticas y en sí mismo el modelo económico
capitalista exacerban la pobreza y la brecha de desigualdad.
El SIN solo favorece a los empresarios
A finales de la década del sesenta del siglo anterior el Gobierno decidió
integrar todos los sistemas eléctricos existentes en el país, para crear
el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que integra todas las líneas
de transmisión de energía y subestaciones, por tanto, las centrales
de generación no atienden la demanda de energía del municipio o
región donde están ubicadas, ya que la energía va directamente al
SIN.
La CREG es una unidad administrativa autónoma sin personería
jurídica adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como
función regular la distribución equitativa, masiva y al menor costo
posible de la energía eléctrica, el gas natural y el gas licuado, entre
otros. A su vez, esta entidad no es la encargada de fijar el precio básico
del KWh, este es determinado por las empresas generadoras, que
establecen su valor por los estándares comerciales internacionales
(valor cambiario en Bolsa de los combustibles), además, se debe
indexar los costos de transmisión, distribución y comercialización,
su sumatoria determina el valor bruto del KWh, por si fuera poco
este valor esta mediado o inferido por la oscilación del Índice de
Precios al Productor (IPP), en otras palabras, este servicio esencial
está determinado por la inflación.
Un nuevo paradigma mineroenergético
El SIN el año anterior tenía una capacidad instalada de 19.435 Mw
y generó en promedio 158,61 GWh-día; sin embargo, no alcanza a
cubrir a gran parte de la población ya que en sí el problema no es
falta de generación de energía, sino falta de redes de distribución en
especial en lugares distantes y que los costos sobrepasan el poder
adquisitivo de buena parte de la población.
El déficit de acceso a electricidad existente en América Latina y en
nuestro país es incoherente teniendo en cuenta la gran riqueza hídrica
existente. Un estudio reciente midió el Índice Multidimensional de
Pobreza Energética (IMPE), el estudio indica que 9,6 millones de
colombianos se encuentran en situación de pobreza energética, que
equivale al 18,5 por ciento de la población, de los cuales resalta que
el 31,25 por ciento de los departamentos tienen el IMPE por encima
del 50 por ciento; además existe una brecha acentuada entre las
zonas urbanas y las rurales remotas, en áreas rurales la escasez es
11 veces superior, en los grandes centros urbanos el IMPE es de 4,3
por ciento, mientras que en los municipios remotos este es de 47,9
por ciento.
La privatización de las empresas del sector eléctrico ha conllevado a
que el suministro de este servicio indispensable tenga altos costos,
que muchas personas no pueden pagar, esto sumado a la falta de
redes eléctricas en regiones apartadas, ha llevado a que 9,6 millones
de colombianos (18,5 por ciento de la población) se encuentren en
pobreza energética.
El problema de fondo del costo de los servicios públicos en general
es que producto del sistema neoliberal estos fueron privatizados,
lo cual dejó estos servicios fundamentales esclavos de la lógica
capitalista, donde el principal fin es la obtención de utilidades.
Disminuir o regular el precio de los servicios públicos requiere un
nuevo paradigma económico que no se rija por la política de libre
mercado, situación que es difícil de resolver en lo inmediato, por
esta razón, en el mediano plazo lo factible es sacar de la ecuación
tarifaria el IPP, que las comercializadoras asuman las perdidas por
defraudación, y generar un sistema que no tase los precios por la
oscilación del mercado bursátil.
