Chavela Villamil
En contraste con el paulatino y leve decrecimiento de la
inflación, el poder adquisitivo per cápita continúa siendo
deficitario con respecto al Costo de Vida, lo que hace que
se incrementen los márgenes de pobreza y el déficit de
seguridad alimentaria.
L
a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
revisó el pasado jueves la proyección de crecimiento promedio
para la región durante este año, según el estimado la media
es de 1,7 por ciento, Brasil es el país con mejor perspectiva
con 2,1 por ciento, mientras que Colombia presenta uno de los
estimados más bajos, ya que se calcula que su economía no subirá
por encima de 1,2 por ciento. Según la CEPAL, “tanto el crecimiento
de la actividad económica como el del comercio global se sitúan
por debajo de sus promedios históricos, pero además con tasas de
interés que permanecen altas. La expansión esperada para la región
en 2024 se mantiene en la senda del bajo crecimiento económico
observado en los últimos años” [1].
El decrecimiento global generalizado y exacerbado en los país
América Latina por su marcada dependencia del capital exógeno
y el desequilibrio negativo de la balanza comercial, aunado al alto
índice de desempleo y la proliferación del empleo informal como
única fuente de ingresos, han desacelerados ostensiblemente los
mercados por shock de demanda, el cual su vez es generado por
el decrecimiento del poder adquisitivo per cápita, lo que impacta
directamente el costo de vida generando su incremento progresivo;
a nivel en América Latina durante el primer trimestre de este año
este estadígrafo tiene una media de 30,2 por ciento, mientras que
en Colombia osciló en 30,6 por ciento [2].
El costo de vida cree sin techo
En la última década el costo de vida en Colombia ha venido
incrementándose de manera progresiva y con tendencia al alza, en
los últimos 5 años este incremento ha sido de 17,15 por ciento; según
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
tanto en el año anterior como en lo corrido de este el aumento ha
jalonado principalmente por el servicio de energía eléctrica, seguido
de los combustibles, los alimentos, y los arriendos, entre otros.
Los ingresos percibidos son deficitarios en relación con los pasivos
básicos, según un reciente estudio Cost of Living Index by Country
2024 consultado por la OCDE y el FMI, en Colombia un trabajador
promedio requiere como mínimo 1,82 salarios mínimos para
sufragar sus gastos básicos mensuales y 2,10 salarios mínimos si
tienen como proyección invertir en un proyecto de vivienda tipo VIS.
Sin embargo, datos oficiales muestran que más de 10 millones de
colombianos perciben mensualmente ingresos iguales o inferiores
a 0,45 salarios mínimos; esto no solo decrece el poder adquisitivo,
sino que además hace insufragables los gastos básicos de un núcleo
familiar.
En el periodo pospandémico nuestro Producto Interno Bruto (PIB) se
ha desacelerado y ha presentado un decremento constante, el año
anterior nuestro mercado experimentó una profunda y prolongada
desaceleración, de tal forma que el crecimiento tan solo fue de 0,6
por ciento, siendo este el menor ritmo de crecimiento de las últimas
dos décadas. Este año el PIB ha presentado un muy leve aumento,
pero sin salir del margen de desaceleración registrado en los últimos
dos años. Lo más preocupante de la desaceleración del PIB es que
hasta la fecha el Gobierno no ha tomado medidas enmarcadas en
protocolo de austeridad que regule el régimen de gasto estatal, sino
que por el contrario, ha incrementado considerablemente el gasto
corriente.
Actualmente estamos ante un leve repunte de las ventas, ya que
hasta ahora solo se percibe un mínimo aumento de la actividad
comercial y de las utilidades, en especial del sector financiero; pero
esto, no se refleja en aspectos como la recuperación del empleo ni la
formalización del trabajo informal, solo repercute en el repunte de
las utilidades de las grandes empresas y las corporaciones. Además,
muestras políticas económicas continúan y perpetúan la fracasada
teoría del Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), ligando
la productividad, el desarrollo y el empleo al favorecimiento fiscal y
tributario de las grandes empresas, bajo el sofisma de que estas luego
gotearan la riqueza acumulada hacia las capas bajas de la sociedad;
sin embargo, han pasado tres décadas continuas de su aplicación,
y el resultado es el empeoramiento de la desigualdad y la pobreza
monetaria y multidimensional, mientras crecen desmesuradamente
las utilidades del sector plutocrático minoritario, de los grandes
monopolios y capitales.
Decrecer el Gasto Corriente es la única opción
El ejecutivo sin tener en cuenta la Regla Fiscal de Mediano
Plazo continua incrementando el Gasto Corriente; cuando lo
económicamente viable y responsable es decretar un periodo de
austeridad estatal que suprima gastos onerosos y disminuya el Gasto
Corriente; además es inaplazable romper la lógica antifinanciera de
priorizar y aumentar anualmente el pago de una DE, a la que solo se
logra amortizar los intereses pero no se cubre la deuda de capital;
por ende, lo financieramente aceptable sería renegociar este pago y
de esta manera aliviar la carga de este sobre el PIB.
De continuar con la política fiscal y económica trazada por el Gobierno,
el costo de vida llegará a márgenes superiores al 40 por ciento,
haciendo insostenible los gastos y llevando a las familias de las capas
sociales medias y bajas a un colapso; esto afectaría gravemente el
erario, si colapsa las economías de estas capas sociales, la desigualdad
ya la pobreza multidimensional y monetaria se dispara llevando a
que el déficit de gasto social en el mejor escenario se duplique. Por
lo tanto, resulta necesario e inaplazable un cambio de fondo en el
modelo económico, que a la vez que disminuya los pasivos estatales,
fortalezca y desarrolle integralmente la producción nacional y
equilibre la balanza comercial, disminuyendo la importación de
materias primas y productos con valor agregado.
Por otro lado, solo es posible salir de la crisis económica y financiera a
través de una política de formalización del empleo y el incremento de
las plazas laborales, permitiendo que se mejore el poder adquisitivo
per cápita, lo cual incrementaría el flujo de capital circulante
generando un superávit por demanda.
