Comando Central (COC E)
En un mundo y una humanidad en crisis profunda, es
inadmisible lo que sufre Palestina, donde un pueblo ha
sido privado sistemáticamente de su derecho a existir,
sometido a genocidio, despojándolo año tras año de su
territorio y de sus más elementales derechos.
L a lucha de resistencia del pueblo palestino nos obliga a examinar
el estado de al menos tres problemas: el propio del derecho a
la rebelión y a la resistencia, el del Derecho Internacional que
han fundado los Estados o gobiernos en un sistema mundial de
notables asimetrías, y en las diferentes dimensiones de la solidaridad
y hermandad de los pueblos.
Sobre el derecho a resistir a la opresión, asistimos a un retroceso
en las últimas décadas en cuanto al reconocimiento de un deber
fundamental, como es el de sublevarse ante los designios genocidas,
racistas y segregacionistas, el colonialismo en sus varias formas, la
limpieza étnica, la ocupación y el imperialismo. Aunque los centros
de poder capitalista, el sionismo y el nihilismo de una cultura de
sometimiento, en especial en Europa, donde muchos olvidan que hasta
ayer reclamaban el derecho a repeler por la fuerza al invasor nazi, han
dictado que ya no procede alzarse en armas; en cambio, los pueblos
que mantienen su dignidad en alto han enseñado lo contrario y han
demandado que se defienda y actualice ese derecho, atribuyendo las
capacidades y obligaciones que corresponden a las resistencias; en
esto debemos todos seguir esa brega humanista y de justicia primaria,
¿quién dijo que el agresor u opresor con ventajas descomunales tiene
“derecho a la legítima defensa”, y que el agredido u oprimido debe
quedarse mirando cómo le asesinan, torturan y usurpan?
Precisamente, ese desfase del derecho internacional y la demencia
del sistema global dominante, se han hecho evidentes al asistir cada
día a la transmisión en vivo, en tiempo real, de un genocidio del que se
ufana el agresor. Pese a los mecanismos de censura y tergiversación,
en redes sociales, prensa y canales de televisión, hora a hora exhibe
la masacre para la que Netanyahu pide complicidad; así, vemos lo que
Israel ha pretendido ocultar matando periodistas y acallando muchos
medios.
Dicha crisis del Derecho Internacional se expresa en la lenta,
contradictoria e insuficiente reacción de instituciones judiciales como
el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia que,
aunque han emitido decisiones provisionales importantes señalando
la responsabilidad del Estado israelí, dejan por fuera cadenas de
mando y encubrimiento en la articulación de un plan de genocidio,
pues es en Washington y muchas capitales de países europeos en
donde se decide brindar armamento y apoyar de muchas maneras la
mano sionista que lo arroja sobre Gaza, Cisjordania, Líbano, Damasco
y otros lugares en los que buscan ‘arrojar gasolina’ al incendio que
han creado.
¿Qué pasó hace veinte años?, en 2004 la Corte Internacional de Justicia
emitió un fallo concluyendo que la construcción del infame muro
de apartheid por parte de Israel en Cisjordania, incluido Jerusalén
Oriental y sus alrededores, viola el derecho internacional humanitario
y los derechos humanos, y que debía ser derribado. Israel continuó
su construcción, aumentó las medidas de castigo colectivo, de control
militar, aprisionando cada día más a la población ocupada, mientras
daba rienda suelta al proyecto colonialista que roba sus tierras y
ejerce violencia sistemática. Existen además decenas de resoluciones
y declaraciones en la ONU a favor de los derechos más elementales
de Palestina, que Israel burla sin ninguna consecuencia por el apoyo
del que goza por parte de otros Estados. Hoy Estados Unidos y Europa
no sólo deben afrontar sus responsabilidades por lo que ocurre en el
conflicto entre Rusia y Ucrania, sino por la devastación de Gaza.
Esa clave de causalidad, de búsqueda del origen de la resistencia, de
su fundamento como derecho, ante el delirio de un genocidio del que
es víctima el pueblo palestino, es lo que falta considerar por instancias
internacionales y lo que será de ahora en adelante un claro desafío para
todos. Por eso, saludando la importante e histórica petición del fiscal
inglés Karim Khan, quien solicitó se expidan órdenes de arresto de
dos jefes israelíes, de Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa
Yoav Gallant, por crímenes como “matar deliberadamente de hambre
a civiles”, “homicidio intencionado” y “exterminio y/o asesinato”, debe
enfocarse en nuestra comprensión de esa decisión, que el viejo y
perverso recurso de homologar responsabilidades, de hablar de “dos
demonios”, es algo que no procede.
Sorprende que ante las pruebas contundentes, Khan no haya incluido
el crimen de genocidio que comete Israel, como está demostrado
ampliamente. Juristas palestinos y organizaciones internacionales han
declarado cómo esa decisión del fiscal Khan, es – retrasada, – politizada,
– no menciona la palabra genocidio o limpieza étnica, – no habla en nada
de la Ocupación, – olvida por completo que la investigación se abrió
el 27 de febrero de 2021 y que debería investigar todos los crímenes
perpetrados por Israel desde 2014 en adelante (trata los crímenes
israelíes sólo desde el 7 octubre de 2023). Dice Raji Sourani, director
del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza: “el retraso en
la emisión de las órdenes de arresto nos costó al pueblo palestino
decenas de miles de muertos y heridos en este periodo, entre ellos
14.000 niños, la destrucción del ochenta por ciento de Gaza, el hambre
y el desplazamiento de prácticamente toda la población gazatí”.
La decadente cabeza del imperio, Biden, ha dicho que “no hay
equivalencia –ninguna– entre Israel y Hamas”. Estamos en eso de
acuerdo con él y con quienes en Europa han dicho lo mismo. Lo
cometido por Israel es la barbarie organizada desde hace casi ochenta
años, planificada, sistemática, inmensamente incomparable. Es como
contrastar en su tiempo a Hitler y el poder del fascismo, frente a las
acciones partisanas o de los Aliados (Gran Bretaña, EEUU y la Unión
Soviética); no significa que desde la responsabilidad y el humanismo
de las resistencias se desconozcan infracciones cometidas que cada
fuerza debe explicar y corregir.
Por último, siendo aun del todo limitadas, es importante destacar
las acciones de solidaridad con Palestina, como se ha expresado
en las acampadas de universitarios en EEUU y en otras partes, así
como diferentes formas de denuncia del sionismo y de los poderes
que han posibilitado este genocidio; se hace necesario escalar en las
manifestaciones y alternativas, buscando efectivas sanciones, boicot,
desinversiones y rechazo a tratos de cualquier tipo con Israel mientras
persista la ocupación de Palestina.
El reconocimiento de Palestina también como Estado, es básico si
se plantea una solución fundada en el reconocimiento de ambas
partes con igualdad para lograr una solución política, que devuelva
a Palestina su territorio y la plenitud de derechos, pero es vacío si no
se acompaña de la terminación efectiva de todo apoyo al sionismo, lo
que significa en el caso colombiano dar el paso anunciado, de acabar
todo convenio con Israel, además de promover la captura en cualquier
parte del mundo de los altos mandos israelíes o activar recursos de
jurisdicción universal, como es la obligación jurídica del Gobierno
Petro. En lo inmediato, al haber declarado la Corte Internacional
de Justicia este viernes 24 de mayo que Israel está incumpliendo de
nuevo y que debe detener ya mismo la ofensiva en Rafah, los efectos
de repulsa no se deben hacer esperar por parte de Colombia.
Bienvenida entonces la persecución penal a los genocidas israelíes;
es todavía muy poco lo anunciado, pero es un comienzo; debe ahora
demandarse que sus cómplices en Washington, Londres, Berlín,
Buenos Aires, etc., sean también procesados y que los dobles raseros
del Derecho Internacional se superen. Esa necesidad, o la cumplen los
Estados con sus mecanismos, o deberían hacerla cumplir los pueblos
acudiendo a nuevas formas de justicia y rebeldía.
