Himelda Ascanio
Desde el alto gobierno promueven supuestas acciones
populares por las reformas, consiguiendo tender cortinas de
humo entre los poderes del país. En las regiones, se logran
pequeñas victorias mediante una Acción Popular, como
prueba de que se pueden ganar algunas.
La Costa Caribe colombiana ha sido una de las regiones
golpeadas por la corrupción en todas las instancias
del poder local. Secuestrada por clanes y mafias
regionales, que se imponen bajo métodos criminales
de toda índole; quienes incluso impulsan candidaturas
presidenciales, para mantener su poder mafioso.
De todos estos entramados, obviamente los perjudicados
son las comunidades, sectores y pueblos, a quienes les son
negados los derechos fundamentales y los servicios básicos.
Un botón de muestra de esta situación, es el robo continuado
que han padecido, bajo la empresa de servicios públicos.
Una pequeña y significativa victoria
Desde 2019, durante el gobierno de Duque (2018-2022), se
creó el Régimen Transitorio Especial que estableció altos
cobros en los servicios públicos, para los usuarios de la Costa
Caribe. Gracias a esto se implementaron cobros como el del
20 por ciento de los gastos de Administración, Operación y
Mantenimiento (AOM).
Ante los altos costos que empezaron a cobrarse en los
departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena,
los personeros de Riohacha, Barranquilla y Santa Marta
interpusieron una Acción Popular, argumentada justamente
en la vulneración de los derechos colectivos de las
comunidades de estos departamentos.
Esta acción judicial fue promovida por los 3 personeros
durante el 2022 y recién tuvo una respuesta desde la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quien
aprobó una reformulación definitiva, eliminando de manera
inmediata algunos cobros en la facturación. Con lo que se
disminuye el valor que deben pagar los usuarios.
En concreto, los usuarios de la empresa Air-e dejarán de
pagar alrededor de 282 mil millones de pesos al año. Y
dicha decisión de la CREG, regirá también para los demás
departamento de la costa atlántica, Córdoba, Sucre, Cesar
y Bolívar, en lo que opera la otra empresa prestadora de
servicios públicos, Afinia.
Un esfuerzo colectivo
Si bien quienes interpusieron la Acción Popular, fueron
los personeros de las 3 ciudades, detrás de esta gestión
estuvo el respaldo de procesos sociales como la Liga de
Usuarios de Servicios Públicos. Al que se fueron sumando
entidades y espacios como la Asociación Colombiana de
Ingenieros seccional Atlántico y el Consultorio Jurídico de
la Universidad del Norte.
Logrado el objetivo de bajar las tarifas y combatir el robo del
que son víctimas los usuarios de estas empresas, se puede
augurar una posible artimaña de las empresas, en la que
planteen la imposibilidad de funcionar por crisis financiera.
Pues estas empresas son el mejor ejemplo de la corrupción y
el abuso a la población, mientras monopolizan los servicios
públicos básicos, prestan pésimos servicios, cobran altas
tarifas y siempre están en crisis.
Según han mencionado los responsables de esta decisión.
Ahora es necesario que el gobierno nacional garantice que
la respuesta de las empresas A-ire y Afinia, no sea cortar los
servicios de la gente, como represalia por la determinación,
argumentando alguna argucia técnica ficticia.
Lo acontecido con esta medida y con la decisión tomada, es
una muestra de las posibilidades que han existido, aun dentro
del estrecho margen de la política institucional colombiana,
que envía un mensaje al alto gobierno: tomar decisiones e
impulsar cambios es un asunto de voluntad política, no de
negociar gobernabilidad, manipular acciones populares y
acatar órdenes extranjeras.
Asesinados de la semana
Juan Camilo Espinoza Vanega, era un reconocido líder
social y político, actual Concejal por el Partido Autoridades
Indígenas de Colombia -AICO- en San Andrés de Cuerquia,
Antioquia; fue asesinado el 16 de junio en la vereda Agüita,
en el corregimiento de Santa Cecilia, Antioquia.
Arley de Jesús Holguín Urrego, era firmante del acuerdo
de paz; fue asesinado el 16 de junio en el corregimiento de
Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda.
Dayiston Correa Meneses, era un líder y promotor cultural,
destacado por ser un defensor de la memoria y el patrimonio
cultural del municipio; fue asesinado el 12 de junio en
Segovia, Antioquia.
