Claudia Julieta Parra
La recién aprobada reforma laboral restablece derechos y
beneficios a los trabajadores; sin embargo, queda en deuda
en términos de nuevas plazas laborales, equidad salarial, entre
otros.
La muy controvertida y debatida reforma laboral, por fin
fue aprobada y entrara a regir 6 meses después de ser
sancionada. Esta reforma no tiene mayores alcances de
fondo, sus modificaciones más singulares son las horas
extras, que nuevamente vuelven a ser desde las 7 de la noche,
la jornada laboral es reducida a 42 horas semanales, pago del
recargo dominical del 100 por ciento, -de aplicación gradual
entre julio de 2025 a 2027-, entre otros. Estos mínimos cambios
son un alivio para los trabajadores formales que devengan
entre 1 y 2 salarios mínimos, pero, como prolifera el trabajo
informal, estas medidas resultan inocuas porque no resuelven
los problemas laborales de fondo que tiene el país y, mucho
menos supera o reduce el actual déficit de poder adquisitivo
per cápita, que día a día pauperiza la economía de más del 50
por ciento de las familias colombianas.
El principal problema en nuestro país es la aplicación del
capitalismo neoliberal, para que las grandes empresas gocen
de bajísimos impuestos, altas utilidades y jugosos dividendos,
contrastado con reducidos costos nominales y bajos costos de
producción; pero esto jamás se traduce en incremento de plazas
laborales, que es la principal causa para que el trabajo informal
o rebusque repunte, hasta convertirse en la principal fuente
de ingresos parciales, -7 de cada 10 trabajadores devengan
sus ingresos de la informalidad-, situación que no les permite
solventar ni siquiera los gastos básicos más fundamentales y
que ha conllevado a que se pierda del todo el poder adquisitivo,
llevando nuestra economía a una caída brutal de la demanda, que
nos desacelera y nos acerca peligrosamente a la recesión.
La política económica instaurada por el Gobierno no avanza en
pagar la Deuda Social ni genera sostenibilidad, crecimiento y
productividad; por ende, se requiere una política de empleo
formal, que disminuya el desempleo y reduzca el subempleo, lo
cual incrementaría el flujo de capital circulante y reactivaría
la economía; en otras palabras, salir de la crisis económica
demanda generar empleo bien remunerado, elevar el poder
adquisitivo per cápita y fomentar políticas de desarrollo
integral de la producción nacional.
