Antonio García, Primer Comandante del ELN
La disputa por materiales críticos se ha convertido en una
nueva forma de guerra. Mientras el Norte se blinda con reservas
estratégicas, el Sur Global enfrenta despojo, devastación
ambiental y subordinación.
En el actual contexto geopolítico, los materiales críticos
han dejado de ser simplemente insumos industriales
para convertirse en objetos de disputa estratégica. La
carrera por su control, marcada por la militarización
y el acaparamiento por parte de las grandes potencias,
ha transformado las cadenas de suministro en frentes de
guerra económica. En este escenario, el Sur Global emerge
como el territorio sacrificado, como cantera de los recursos
indispensables, para sostener la supremacía tecnológica y
militar del Norte.
El informe “De la mina al campo de batalla”, elaborado por
centros de análisis europeos, detalla con precisión cómo el
tungsteno, el cobalto, el grafito, las tierras raras y otros
elementos han sido clasificados por la UE y EEUU como
estratégicos para su defensa.
Esta clasificación no es neutra: establece jerarquías de
valor, que subordinan los derechos humanos y ecológicos a
la lógica del capital y la seguridad de Occidente.
El impacto de esta pugna se vive en los territorios del Sur
Global que sufren los efectos del extractivismo violento.
Desde esta perspectiva, el problema no es únicamente la
escasez o la competencia comercial. Lo que está en juego es
una arquitectura global de dominación, donde los países del
Sur no solo pierden sus recursos, sino también su autonomía
política y sus posibilidades de construir un modelo económico
propio.
La crítica a esta dinámica implica desmontar el discurso
tecnocrático, que presenta la transición energética o la
Defensa Nacional como inevitables e incuestionables. Como
señala el informe del Government Accountability Office
(2024), las potencias buscan “blindarse” ante posibles
interrupciones, lo cual las lleva a consolidar reservas
estratégicas, sin consultar ni compensar a los territorios
saqueados.
Las resistencias en los Andes, el Amazonas, el Sahel africano
o el Sudeste asiático han demostrado, que no existe transición
energética ni transformación tecnológica, sin territorios
que no lo paguen con su agua, su aire y su vida.
La actual arquitectura global de gobernanza —ONU, BM,
FMI— se muestra cada vez más incapaz de actuar frente a esta
nueva forma de guerra. Todo el marco legal diseñado desde
Bruselas o Washington protege los intereses de Occidente y
sigue produciendo el neocolonialismo industrial, que impide
al Sur ser autónomo en tecnologías y bloquea cualquier
intento de soberanía.
Frente a este panorama, se vuelve urgente recuperar el
control popular sobre los territorios y los bienes comunes.
Es imperativo construir políticas públicas que fortalezcan
la soberanía territorial y tecnológica, así como redes
internacionales de cooperación Sur-Sur para la investigación,
el reciclaje y la economía circular de estos materiales.
Además, se requieren marcos jurídicos, que limiten el saqueo
de las transnacionales, protejan los derechos colectivos y
sancionen los daños ambientales.
La propuesta es clara: construir desde el Sur Global una
resistencia crítica, descolonizadora y eco-humana, que
permita romper con el rol subordinado de proveedor de
recursos. Esto implica un nuevo modelo económico, rechazar
la militarización de la vida y apostar por un horizonte,
donde los minerales no sean armas de dominación, sino
herramientas de bienestar común. La vida de los pueblos no
puede seguir siendo el costo invisible de la competitividad
global.
Así, desde una mirada insurgente, la extracción desenfrenada
de materiales críticos, es una forma de guerra silenciosa
contra los pueblos del Sur. Solo con soberanía, resistencia
organizada y justicia ecológica, podremos transformar la
minería de la muerte en una política para la vida.
Mientras esto ocurre en el mundo, Petro sigue haciendo sus
acostumbrados discursos sin lograr materializar resultados
tangibles. Ahora se queja porque sus ministros ni siquiera
conocen los planes de gobierno, siendo que él mismo los
seleccionó y debería orientarlos en el día a día.
Entre tanto, en Nariño, las verdaderas negociaciones de Otty
Patiño y Álvaro Jiménez no son «de paz» sino de negocios
mineros con la empresa Británica Royal Roat, quién será en
últimas la que asumirá el control del territorio, esa es la tan
mentada «paz territorial». Así quien no es partidario de la
paz, ¡Que viva la paz!
