Claudia Julieta Parra
El creciente déficit fiscal y los requerimientos fiscales del
Presupuesto General para 2026, exigen una nueva reforma
tributaria, aunque los datos oficiales dicen que esta no
alcanza a recaudar los recursos requeridos para el próximo
año y mucho menos subsana el déficit fiscal.
La propuesta de Presupuesto General de la Nación (PGN)
para 2026, radicada por el Gobierno ante el Senado,
contempla que 4,72 por ciento de dicho presupuesto
se recaudarán vía reforma tributaria; a su vez, el
Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), es categórico al
afirmar que tanto la propuesta de PGN como el incremento
de responsabilidades fiscales por parte del Gobierno para
este año y el siguiente, requieren como mínimo un ajuste
fiscal de 38 billones de pesos; además, esta entidad sostiene
que el déficit de gasto primario, que en junio pasó de 1,4 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 2 por ciento, no
solo agudiza la crisis sino que genera incertidumbre en la
solvencia fiscal.
La Presidenta de la CARF afirmó que, “la situación es
preocupante, porque aunque no es inusual que haya
diferencias entre el instrumento que se presenta en junio,
si es alarmante la diferencia que existe en el gasto primario,
pues la disparidad es de 18,2 billones de pesos. Nos inquieta
que la nueva estrategia fiscal pretenda financiar gastos
persistentes mediante fuentes inciertas como la reforma
tributaria y transitorias como la reducción de intereses”
[*].
La propuesta de reforma tributaria tiene como planteamiento
principal los siguientes:
a. Revisión de las excepciones del Impuesto de Valor
Agregado (IVA), que actualmente son del orden de 135
billones de pesos.
b. Revisar y reformular la estructura tarifaria del IVA.
c. Modificar las excepciones de renta, que actualmente
representan 48 billones de pesos, 26 a personas naturales
y 22 a personas jurídicas.
d. Transformar el impuesto al consumo, con repercusión
directa al consumidor final.
Esta reforma al igual que sus antecesoras -de este y
posteriores Gobiernos-, obedecen al fallido dogma neoliberal
del Goteo o Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en
inglés), por lo que no modifica estructuralmente el sistema
de tributos, sosteniendo el favorecimiento al oligopolio y las
megaempresas nacionales y transnacionales, dizque para
que los ricos acumulen tanta riqueza, que esta gotee hacia
las capas bajas de la sociedad; lo que en términos prácticos
mantendrá los impuestos de la clase media y baja y por ende
no resolverá su déficit socioeconómico.
Una de las disposiciones más riesgosas para el grueso de
la población son las modificaciones al IVA -actualmente
equivale al 19 por ciento-, ya sea porque incremente su valor
o grabe nuevos productos, o se apliquen ambas medidas, en
un contexto económico de captación masiva como el nuestro,
su afectación se centrará en las capas sociales media y baja,
ya que el IVA no se aplica a personas o empresas sino a
productos, solo por citar algunos casos de productos de uso
masivo gravados, encontramos: derivados lácteos, cereales
preparados, aceites, grasas, gaseosas, entre otros.
Más allá del aumento de la recaudación, una reforma
tributaria debe tener un enfoque redistributivo, de tal
forma que las esferas sociales de menores ingresos se vean
favorecidas y no afectadas, desde luego ello implica dejar
a un lado el Trickle Down Effect y centrar la captación
de tributos en los oligopolios, lo que implica mermar sus
excepciones y beneficios tributarios; pero esto genera una
pregunta obligada, ¿esta esté Gobierno dispuesto a modificar
el modelo económico y desafiar las imposiciones económicas
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial?
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