Amalia Santana
La semana pasada se llevó a cabo en Cartagena el Congreso
Empresarial Colombiano, liderado por la ANDI, Asobancaria y
las empresas petroleras.
E ste Congreso estuvo cargado de performances e
hipocresías, protagonizadas por los grupos políticos
que ahora sí reconocen que en Colombia existe la
violencia política, porque asesinaron a Miguel Uribe,
pero también por los oportunistas que pretenden ganar
votos y lugar en la opinión, instrumentalizando el genocidio
en curso contra el pueblo palestino.
A manteles, el grupúsculo de los empresarios más ricos del
país, secundados por candidatos y candidatas de la extrema
derecha, se autoproclamaron una vez más como el sector más
importante de la sociedad y motor del desarrollo, convocados
a tomar las decisiones sobre el futuro del país. Nos dejaron
claro una vez más, lo que para ellos significa democracia: La
defensa a muerte de los intereses de los ricos y los poderosos.
E ste Congreso estuvo cargado de performances e
hipocresías, protagonizadas por los grupos políticos
que ahora sí reconocen que en Colombia existe la
violencia política, porque asesinaron a Miguel Uribe,
pero también por los oportunistas que pretenden ganar
votos y lugar en la opinión, instrumentalizando el genocidio
en curso contra el pueblo palestino.
A manteles, el grupúsculo de los empresarios más ricos del
país, secundados por candidatos y candidatas de la extrema
derecha, se autoproclamaron una vez más como el sector más
importante de la sociedad y motor del desarrollo, convocados
a tomar las decisiones sobre el futuro del país. Nos dejaron
claro una vez más, lo que para ellos significa democracia: La
defensa a muerte de los intereses de los ricos y los poderosos.
Dijeron estar preocupados por la “inestabilidad de la sociedad”,
“la polarización”, “la debilidad de las instituciones”, y “el
deterioro de la seguridad”, confirmaron su plan para el país
en los próximos años, amplificados y alabados por todos los
micrófonos de los medios de comunicación corporativos, de
los que ellos mismos son dueños.
Sin disenso evidente concluyeron que el camino es seguir
desangrando a Colombia, explotando carbón y petróleo con
fracking, así como fortalecer la entrega del país a los Estados
Unidos en el marco de su supuesta Guerra contra las drogas.
El Congreso Empresarial confirmó, cómo los sectores que
conforman el régimen colombiano se disponen con todas sus
fuerzas, a consolidar en Colombia la radicalización fascista
que avanza en distintos lugares del mundo.
No es en el Congreso de la República o en la Casa de
presidencial donde se están tomando las decisiones, sobre el
rumbo de los colombianos y colombianas, es en las reuniones
de los grandes empresarios, a las que acuden sin sonrojo los
candidatos y candidatas de la extrema derecha a prometerles
que, obedientes, cumplirán con sus mandatos.
Las conclusiones fueron de manual: Fortalecimiento de
la fuerza pública, con más hombres y mujeres pobres que
peleen su Guerra, claro está, Extradición exprés a EEUU,
congelamiento del salario de los trabajadores y esta perla:
La eliminación del delito político en Colombia. Desde Claudia
López hasta Vicky Dávila, aplaudidas por un auditorio
emocionado, todos y todas las candidatas de la extrema
derecha, aseguraron que este es el momento de eliminar el
delito político en Colombia. Es decir, que es el momento de
desconocer que existimos hombres y mujeres amparados por
el derecho universal a la rebelión, que luchamos hoy aún por
la transformación radical del régimen y sus instituciones.
No debe sorprendernos esta iniciativa, la extrema derecha
ha pretendido eliminar el delito político del ordenamiento
jurídico hace tiempo. El partido de Uribe, el Centro
Democrático ha impulsado iniciativas al respecto en el
Congreso de la República. Lo de que debe llamarnos hoy
la atención, es que no son solo la extrema derecha y el
empresariado colombiano quienes lideran este propósito.
Paradójicamente, los sectores políticos afines al fascismo
en Colombia se expresan hoy en sintonía con las tesis que
al respecto ha esgrimido el gobierno de Gustavo Petro: ‘el
conflicto armado ya no existe’, ‘las insurgentes somos un
cartel de narcotráfico’, ‘no existe una lucha guerrillera
por transformar el país’, ‘solo existen guerras regionales
por controlar rentas ilícitas’; entonces, no existe el delito
político en Colombia.
El progresismo y la extrema derecha, en cuanto a lo
fundamental se refiere, no son tan distintos como aparentan:
Hoy se encuentran juntos en el Negacionismo de la existencia
de un conflicto social, económico, político y armado en
Colombia. Esta es pues, una de las nefastas consecuencias de
la política de paz del actual gobierno, que con su errático y
amañado comportamiento, ha allanado un importante tramo
del camino a la consolidación de estas aspiraciones de los
nuevos fascismos en el mundo.
El derecho a rebelarnos contra la tiranía y la injusticia, es
el derecho que tienen hoy todos los pueblos del mundo ante
la proliferación del hambre, la depredación, la guerra y el
genocidio. Por eso, cuando el presidente de la república,
respaldado por sectores progresistas, se ensañan en el
exterminio político y militar del ELN, señalándonos de
mafiosas y narcotraficantes, desconociendo la existencia de
la lucha insurgente; no hacen solo un señalamiento contra
las mujeres y hombres del ELN, sino que le están abriendo
el camino al triunfo de la hegemonía fascista en la sociedad.
¿Quiénes son entonces los que le están haciendo los mandados
a la ultraderecha?
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