Chavela Villamil
El insostenible déficit fiscal, la baja productividad y el oneroso
Gasto Corriente, han llevado al Gobierno a proponer una
nueva reforma tributaria, en la que crea nuevos impuestos y
modifica el Impuesto de Valor Agregado (IVA).
Recientemente el Ministro de Hacienda, radicó ante
el Congreso una propuesta de reforma tributaria,
para recaudar 26,3 billones de pesos, aumentando
impuestos a los juegos de azar online, combustibles,
actividades de las iglesias, licores, transacciones financieras,
rentas y patrimonios elevados, entre otros.
El Ministro afirmó que, “buscamos aumentar impuestos sólo
a los más adinerados, no se están tocando artículos de la
canasta básica familiar, buscamos evitar tocar a los estratos
bajos y medios de la población, con el fin de que el esfuerzo
de tributación esté en los perfiles altos de los ingresos”.
Por su parte el Presidente Petro dijo que, “hicimos impuestos
a los vehículos de alto cilindraje, le ponemos impuestos a la
gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. El que más
usa la gasolina es el de la camioneta de cuatro puertas”.
Subir el precio de la gasolina afecta a la mayoría
Uno de los puntos más criticados, ha sido el de gravar los
combustibles (gasolina y diesel) con IVA, porque este
gravamen genera masivas afectaciones directas e indirectas,
que afectan la canasta básica familiar y el costo de vida de
la mayoría. La propuesta de reforma tributaria generaría un
incremento en la gasolina corriente de aproximadamente
1.344 pesos por galón y 913 pesos por galón en el caso del
diesel.
Según cifras oficiales, al cierre del primer semestre de este
año, el país tiene un total de 20.693.686 vehículos registrados,
de los cuales 12.983.634 son motocicletas (62,74 por ciento),
de las cuales se considera que 92,7 por ciento son de cilindraje
inferior a 200 cc. Gran parte de la población de clase media
y baja utiliza motos y vehículos de bajo cilindraje, no solo
como medio de transporte familiar sino como herramienta de
trabajo informal, además, otra parte la población asalariada
y de economía informal se moviliza en transporte público
masivo como Transmilenio, SITP, entre otros.
Hay que tener en cuenta, que los combustibles representan
el 3,97 por ciento de los gastos en la canasta familiar de
los colombianos -el 80 por ciento de los vehículos (carros y
motos) a gasolina se encuentran en los estratos 1,2,3-, donde
sus ingresos oscilan entre 0,5 y 2,8 salarios mínimos; por
tanto, aunque se diga lo contrario, sería un golpe directo a
la economía de tasa media y baja, que sin duda impactaría el
costo de vida y decrecería aún más el poder adquisitivo per
cápita.
Hoy, más del 88 por ciento del transporte de carga y
alimentos, se hace a través de los canales de distribución
primarios que utilizan las vías terrestres, mientras los
canales de distribución terciarios y cuaternarios (ciudades
y área rural) en un 97 por ciento son en transporte de
combustión fósil y el 3 por ciento en transporte eléctrico; por
ende, el precio del combustible (gasolina y diesel) impacta
considerablemente en el valor final de los productos y las
mercancías, y cualquier incremento en los combustibles
tiene repercusión directa en los precios de los productos.
Este impuesto indirecto impacta a millones
Es preciso recordar que el IVA se clasifica en dos tipos, el
directo y el indirecto, el directo es aquel que se carga al
producto terminado, ejemplo de ello es el IVA que le cargan a
los productos en un supermercado; mientras el IVA indirecto
es el que se carga en la cadena de producción, como ocurre
con las materias primas que tienen ya cargado un IVA, los
mismo pasaría con los canales de distribución si se grava la
gasolina con IVA.
Aunque esta propuesta de reforma tributaria no grava
directamente ningún producto de la canasta básica, por
‘efecto de rebote’ la gran mayoría de los productos quedarían
gravados, lo que incrementa el costo de transporte y por
obvias razones tendría efecto directo sobre el Índice de
Precios de Consumo (IPC) y el Índice de precios del productor
(IPP), lo que desestabilizaría la inflación.
Superar la crisis económica implica reformas estructurales
a los sistemas fiscal, tributario y productivo, de carácter
redistributivo; sin que esto implique afectaciones a las
esferas sociales media y baja, por ende, esta nueva reforma
tributaria debería centrarse en los grandes capitales,
empezando por detraer muchas de las exenciones tributarias
que benefician a la plutocracia nacional y transnacional,
quienes no han cumplido la meta de incrementar el trabajo
formal.
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