Sergio Torres
El dicho popular dice que: ‘la justicia cojea, pero llega’… En
Colombia cojea, pero además le hacen zancadilla y por eso
no llega. Desde los tribunales, juzgados y salas ordinarias
hasta las altas cortes, el aparato de justicia está infestado de
politiquería, clientelismo y mafias.
Durante el 2021, en pleno Estallido Social, cuando
la respuesta del gobierno a la protesta, fue darle
tratamiento de guerra y empezaron a pulular las
denuncias por brutalidad policial, violaciones y
asesinatos a manifestantes, una entidad brilló por su silencio:
la Defensoría del Pueblo. Todo un sarcasmo macabro que
una institución con ese nombre y cuya función es promover
y proteger los derechos humanos de todas y todos los
colombianos, guardara silencio cuando los estaban matando
en las calles, por protestar.
En ese momento esa entidad estaba dirigida por Carlos
Camargo, a quien el gobierno del presidente Iván Duque
(2018-2022) le había regalado ese cargo, fundamentalmente
por ser su amigo personal, con quien hacían trampas en la
Universidad Sergio Arboleda. Con ello, ya era evidente no
solo la capacidad intelectual de Camargo, sino su talante
politiquero y funcional a las mafias del Estado.
En las manos de aquel Defensor del Pueblo, está la complicidad
del silencio y el haber ignorado los cientos de denuncias
por agresiones y asesinatos a manifestantes desarmados,
por cerrar ojos y oídos cuando la Policía y el Ejército estatal
utilizaron fuerza desmedida y tratamiento de guerra contra
civiles. Igual ocurrió cuando se perdieron los recursos para
atender emergencias y calamidades naturales, como las del
huracán Iota en Providencia (“salió mal”, le recuerdan las
redes).
Ascenso para el defensor que no defiende
Como premio a su sordera y ceguera, Camargo fue
recientemente nombrado como magistrado de la Corte
Constitucional. Con lo cual se confirman varias situaciones:
Una, que las mafias en el poder continúan intactas y las
altas cortes son parte de ello, el cartel de la toga continúa
operando. Pues nombrar a Camargo dentro de la tríada de
elegibles para dicho cargo, fue la devolución de favores por
los cargos a familiares de magistrados de la Corte suprema
de Justicia en la Defensoría del Pueblo en 2021. Es decir,
favor con favor se paga.
Dos, que el gobierno no tiene ni la capacidad, ni la intención
de cambiar estas prácticas, por el contrario, quiso entrar
en el mismo círculo de corrupción y clientela. Del mismo
modo que los ya conocidos casos que vinculan al prófugo
Jorge Ramón González y otros cercanos al presidente como
Álvaro Jiménez, la puja y extorsiones por el cargo en la
Corte Constitucional la perdió el gobierno.
Tres, la derecha dejó ver de nuevo su perfil fascistoide, al
denigrar y estigmatizar a una de las candidatas ternadas
para el cargo en la Corte. No podían tolerar que una mujer,
abogada, negra, pudiese ocupar tan alto cargo. Entonces
echaron mano de su arsenal de inversiones y de sus aparatos
de propaganda.
El asqueante episodio de la elección de magistrado de la Corte
Constitucional, fue una nueva demostración de lo que son las
instituciones del capitalismo mafioso colombiano y de por
qué con esas prácticas no puede entenderse, ni asumirse,
una proyección seria y real que apunte a la construcción de
la Paz.
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