Antonio García, Primer Comandante del ELN
El 5 de septiembre de 2025, el Ministro del Interior con
funciones presidenciales expidió la Resolución 294 de 2025,
mientras el presidente visitaba Japón. No considero que sea
fortuito que este documento plagado de incoherencias no
tenga la firma del presidente Petro, sino que haya delegado
para tales fines al Ministro Benedetti.
Por supuesto, esta Resolución es una nueva evidencia
del buen paso con el que avanzan las negociaciones
entre el gobierno nacional y el cartel narco
paramilitar del Clan del Golfo en Catar. El gobierno
nacional ha priorizado este proceso y se empeña en esfuerzos
jurídicos para beneficiar al paramilitarismo, tanto con esta
Resolución como con el Proyecto de Ley sobre tratamiento
penal diferenciado radicado en julio de este año.
Mientras el Clan del Golfo es el responsable del mayor tráfico
de cocaína desde Colombia hacia el extranjero y a la vez de la
guerra frontal contra los liderazgos sociales y ambientales
de todas las regiones donde actúa; el gobierno hace todos
los esfuerzos para elevar su perfil como un supuesto actor
político.
Petro lleva la mayor parte de su gobierno negando la
existencia de un conflicto armado en Colombia de raíces
políticas y sociales, con el propósito de desconocer la
legitimidad del alzamiento en armas de la insurgencia, pero
en cambio le da reconocimiento jurídico y político al Clan
del Golfo, enmarcado precisamente en el reconocimiento del
conflicto armado y de la aplicabilidad de los Convenios de
Ginebra.
Como podemos ver, mientras Petro hace malabares para
negar la existencia del conflicto armado cuando se refiere a
la insurgencia, su gobierno reconoce al Clan del Golfo como
una estructura nacional con “mando responsable”; cuando
el país sabe que este cartel narco paramilitar funciona como
una red dislocada de franquicias criminales, aliadas con
élites y oligarquías regionales que se combaten y se matan
entre ellas mismas, por el control de las cocinas y rutas del
narcotráfico.
Mientras el presidente ha lanzado la guerra total al ELN y nos
señala, sin ninguna prueba, como un cartel del narcotráfico,
cede ante los probados narcotraficantes del Clan del Golfo,
para reconocerles como “ejército gaitanista” en un acto de
ofensa e irrespeto hacia la historia y la memoria de las
víctimas en Colombia.
Lamentablemente, la política de paz de un gobierno en el que
sectores sociales y populares pusieron sus esperanzas, hoy
cede con sumisión a la presión y estrategia narco paramilitar
de copar territorios y asesinar líderes sociales, estrategia
que actúa en connivencia, apoyo y complicidad con la
Fuerza Pública en varias regiones del país como el Cauca,
Chocó y sur de Bolívar. Con quien prioriza hablar de paz este
gobierno, es con aquellos que han expresado claramente que
su accionar criminal está en función de defender intereses
de transnacionales, empresarios, gamonales y grandes
ganaderos, que no están en guerra contra el Estado ni contra
el régimen, sino contra la insurgencia y las organizaciones
populares.
No deja de ser una gran contradicción en la política de paz,
que en lugar de atender el clamor masivo de las regiones para
desmantelar el paramilitarismo, así como a las denuncias
de connivencia entre estos actores y la Fuerza Pública que
los apoya y les facilita su actuación criminal; la respuesta
del gobierno sea otorgarles beneficios y reconocimientos,
sin abrir ni siquiera una discusión sobre la situación del
paramilitarismo hoy, sus intereses y los grupos políticos
y económicos a quienes realmente representa el Clan del
Golfo.
Como vemos, a la apuesta de paz de este gobierno pareciera
no caberle una incoherencia más.
Adenda: Mientras la Mesa de Diálogos de paz con el ELN no
existe hace muchos meses, los funcionarios del gobierno
para la paz con el ELN siguen cobrando, así… ¡que viva la
paz con incoherencias!
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