Amalia Santana
Se conoció un nuevo hecho sobre la alianza institucional
de las Fuerzas Militares (FFMM) colombianas con las
bandas narcoparamilitares Exfarc. Las mismas autoridades
estatales conocen sobre esta red del Ejército que vende
armas e información a estas bandas, y les presta servicios de
transporte a sus integrantes.
Esta red de integrantes de las FFMM le trasladó refuerzos
a la banda de Pescado desde el Cauca hasta Arauca. Les
alcanzó el tiempo hasta para tomar cerveza juntos.
Aunque estos hechos se presenten como incidentes
aislados, o como casos de “manzanas podridas” que actúan de
forma individual y coyuntural, lo cierto es que por lo menos
desde el 2023 y bajo el gobierno del cambio, las bandas ex Farc
se han fortalecido, gracias al apoyo logístico y militar de las
Fuerzas Armadas (FFAA) que comanda el presidente Petro y
gracias al apoyo político y la protección de algunos de sus más
destacados funcionarios
Descubiertos haciendo operaciones encubiertas
Hay que recordar cómo ha funcionado esta alianza. En marzo de
2023 cinco militares de la Tercera Brigada del Ejército fueron
capturados por participar de una red de tráfico de armas para las
bandas ex Farc en el suroccidente del país. Ante los ojos de todo el
mundo, le vendían armas a las disidencias en lavaderos de carros
y empresas de seguridad privada en Cali.
Curiosamente, soldados de la misma Tercera Brigada son
investigados desde octubre de 2024, por haber ayudado a militares
estatales en la cinematográfica Operación Perseo en el Cañón del
Micay en el Cauca. Lo que el gobierno le presentó al país como una
espectacular toma de las FFMM al Plateado, en realidad fue una
alianza del Ejército con las mismas bandas ex Farc que compiten
entre ellos, quienes guiaron a los militares por el terreno para
evadir caminos minados. Estos hechos fueron reconocidos incluso
por el comandante de la Tercera División del Ejército.
En octubre de 2024, se descubrió una red de contactos entre
batallones del Ejército estatal en Bogotá y bandas ex Farc, para
venderle armas y explosivos a las llamadas disidencias. En
diciembre del mismo año, fueron capturados tres suboficiales
del Ejército relacionados también con vender armas a las
disidencias en Tolemaida, Bogotá y Cali. Al terminar este año,
las autoridades tenían por lo menos a cien militares vinculados
a procesos por «robar» armas al Ejército para venderlas a
disidencias. Todos estos casos, presentados a la opinión pública
como “casos aislados”, pero caracterizados por modalidades
operativas idénticas: el Ejército da de baja y ordena destruir
lotes de armas y municiones que no destruyen, que luego
terminan desparecidas y vendidas a las disidencias.
En el Catatumbo no actuaron encubiertos
En enero de este año, en medio de las operaciones del ELN
en contra de la banda del 33 en el Catatumbo, también fue
de conocimiento de todo el país, como este grupo mantenía
comunicación permanente con tropas del Ejército y eran
extraídos de la zona en helicópteros y otros vehículos para
protegerlos.
Ante la ofensiva del ELN, más de cien integrantes del 33
se “entregaron” al Ejército estatal. Tal fue el caso de alias
“mocho Olmedo”, segundo cabecilla del 33, quien después de
ser extraído en helicóptero del Catatumbo, fue protegido y
resguardado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
del gobierno del cambio, bajo las órdenes del Comisionado
Otty Patiño, quien se lo llevó a vivir por dos meses en un
apartamento en Bogotá.
Gobierno y bandas ex Farc sellaron esta alianza institucional
en mayo de 2025 con la definición de la supuesta Zona de
Ubicación Temporal (ZUT) del Catatumbo, que básicamente
consistía en una zona de protección para narcoparamilitares,
que permanecerían allí agrupados y armados. Como “mal paga
el diablo a quien bien le sirve”, esta promesa de protección
sigue siendo unos de las tantas promesas incumplidas de
este gobierno.
Bandas usadas como arma de guerra
Mientras tanto, la alianza sigue operando. En mayo de este año,
aceptaron cargos otros diez policías y soldados, de otra red que
vende armas y municiones a bandas ex Farc en el Cauca, Tolima,
Meta y Arauca. Por supuesto, fueron nuevamente presentados
como “manzanas podridas” de la institución.
Ante la necesidad de crecer y fortalecerse militarmente para
robustecer las rentas del narcotráfico y el extractivismo; así como
para asesinar a los liderazgos sociales que se les oponen en las
regiones, y combatir al ELN como insurgencia que los enfrenta,
esta alianza institucional opera como un sólido engranaje
protegido por la impunidad estatal. Las mesas de diálogo, el
reconocimiento político y la suspensión de operaciones militares
favorecen a estas bandas, mientras el gobierno mantiene una
guerra total contra el ELN.
No deja de ser un acto de hipocresía entonces, que mientras
llevan años fortaleciéndolos militar y políticamente, se
lamenten con ‘lágrimas de cocodrilo’ del descompuesto accionar
de las disidencias, que hoy tienen como blanco a la población
civil en distintas regiones del país.
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