Comando Central (COCE)
El genocidio contra Palestina prosigue, porque el Consejo de
Seguridad de la ONU, quien debe neutralizarlo, no lo hace por
el veto de Estados Unidos, que lo ha ejercido 51 veces, para
garantizar la impunidad a los genocidas israelíes encabezados
por Netanyahu.
Ante la impotencia de la ONU, que no puede detener
la crueldad de los genocidas, el presidente Petro al
asistir a la Asamblea General #80 de la ONU, convocó
a formar una fuerza militar que defienda a los
palestinos, convocó a hacer respetar el Derecho Internacional
y a poner fin al genocidio, con el que los sionistas buscan
exterminar al pueblo palestino y despojarles su territorio.
Es la más justa de las causas, persistir en acabar con el manto de
impunidad con que EEUU y las potencias occidentales, intentan
encubrir este genocidio; para ello esquivan nombrarlo como
es: un genocidio, el peor en la historia humana. De esta forma
ignoran la Convención de 1948 para la Prevención y Sanción
del Delito de Genocidio, evitando asumir las responsabilidades
internacionales, con las que se debe perseguir y castigar este
crimen de crímenes. Y en consecuencia, desconocen la Corte Penal
Internacional que ha sentenciado a Netanyahu como criminal de
guerra. A lo que Trump agrega el poder de veto que tiene EEUU,
con el que inutiliza el Consejo de Seguridad de la ONU, quien es
el autorizado para usar la fuerza contra los genocidas israelíes.
Los EEUU y sus seguidores al pisotear todos los componentes
de la legalidad internacional, justifican el uso de la fuerza para
hacer una legítima defensa del pueblo palestino; en esta toma de
posición, el presidente Petro se coloca del lado noble y justo de
este conflicto, se coloca del lado de los intereses de las víctimas.
Trasladando este análisis a Colombia, acá también está nombrada
como es, la matanza perpetrada hace 4 décadas, por la oligarquía,
contra movimientos políticos de ideas socialistas, a la que
se denomina como un Genocidio Político, por el cual el Estado
colombiano debe pedir perdón a las víctimas, según Sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este Genocidio Político fueron exterminados la Unión Patriótica,
el Frente Popular y A Luchar, aplicando la Doctrina de Seguridad
Nacional establecida desde el inicio de la Guerra Fría hace 8
décadas, la que considera Enemigo Interno a quienes se opongan
al régimen oligárquico dominante. Doctrina llamada antes, anti
subversiva y ahora conocida como contrainsurgente. Aplicada
por las Fuerzas Armadas estatales, a las que se les adiestraba
con Manuales de entrenamiento y operaciones, para dar de baja
a los liderazgos sociales y a activistas revolucionarios. Bajo esta
Doctrina es que el Estado colombiano perpetró el mencionado
Genocidio Político.
Desde los años 70 y 80 del siglo anterior, el régimen usó a las
bandas mafiosas y narcotraficantes como fuerza complementaria
para perpetrar esta matanza a manera de “limpieza política”; pero
después tales bandas quedaron asumiendo la función principal
como matarifes del liderazgo social y popular; con las que
produjeron el siguiente Genocidio Político entre 1995 y 2005,
ejecutado principalmente por las denominadas AUC. A partir de
ese momento, numerosas bandas mafiosas recicladas de fuerzas
insurgentes desmovilizadas, siguieron perpetrando el Genocidio
Continuado que llega hasta nuestros días.
Hay que recordar que desde 2021, Colombia es el país con mayor
número de asesinatos o desapariciones de líderes ambientales
en el mundo. La ONG Global Witness publicó en su informe
anual 2024, titulado ‘Raíces de resistencia’, sobre las amenazas
que enfrentan quienes defienden la vida y el territorio, que
de las 142 personas que fueron asesinadas en el mundo, 48 (el
33 por ciento) fueron asesinadas en Colombia, de ellos, 20 eran
campesinos y 19 indígenas. Le siguen Guatemala con 20 asesinatos
o desapariciones, y México con 18.
El régimen de capitalismo mafioso mata prioritariamente
indígenas y campesinos, porque defienden la vida y el territorio,
enfrentando los planes de extracción de bienes naturales
impulsados por empresas transnacionales, las cuales usan
bandas narco paramilitares para decapitar las organizaciones
sociales y así, poder desplazar a los sobrevivientes y apoderarse
del territorio. Es la misma modalidad genocida que el imperio
usa contra los palestinos: exterminarlos para despojarlos del
territorio.
Hace parte de la historia reciente de Colombia, los juicios contra
empresas transnacionales, que usan bandas narco paramilitares
para imponer sus planes de saqueo de bienes naturales y mega
obras, como Chiquita Brand (antes se llamaba United Fruit
Company) en Urabá, que pagaba para que mataran líderes
sindicales; la empresa de explotación de carbón Drummond en el
departamento del Cesar, responsable de centenares de asesinatos;
o la British Petroleum Company en Casanare que perpetró
numerosas masacres.
Aconsejan ‘seguir la ruta del dinero’, para comprender los
mecanismos que mantienen en movimiento las maquinarias
genocidas, sea en Palestina o en Colombia, conducidas por
un manual común, llamado Doctrina de Seguridad Nacional,
esta es la ideología genocida que la humanidad debe superar y
contra ella debemos seguir en resistencia, para colocarnos del
lado de las víctimas, las que esperan que el presidente Petro
tome una posición similar en Colombia, como la que exhibe
frente al genocidio contra Palestina.
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