Chavela Villami
El déficit fiscal del país viene creciendo hasta márgenes
insostenibles, y la economía continúa desacelerándose, lo que
lleva al Gobierno a solicitar nuevos empréstitos externos para
sostener el gasto interno, agigantando una Deuda Externa
(DE) onerosa e insaldable.
La crisis económica global ha decrecido
considerablemente el Producto Interno Bruto (PIB)
de una gran mayoría de países, en especial lo que
son dependientes del capital extranjero; lo que ha
incrementado ostensiblemente el endeudamiento de las
economías en vía de desarrollo.
El declive de nuestro producto interno aunado a un gran
déficit de Gasto Social, nos ha conminado a depender de los
empréstitos extranjeros, lo que permite cubrir parte de la
política subsidiada del Gobierno, pero de ninguna forma
zanja el creciente déficit fiscal, convirtiéndose en un
paliativo venenoso que permite solventar pasivos -algunos
innecesarios-, pero a largo plazo nos desangra y nos hunde
en la insolvencia.
Una deuda inflamada a punto de reventar
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas
en inglés), sostiene que el déficit de cuenta corriente global
durante el año anterior superó los 315 billones de dólares,
este aumento se debe en parte al incremento de la deuda en
las economías emergentes, que agregaron 103,7 billones a su
pasivo total.
Recientemente el Banco de la República (BR) dio a conocer el
estado de la Deuda Externa (DE), a corte de julio de 2025 este
año es pasivo se ubicó en más de 207.828 millones de dólares,
lo que equivale al 49,20 por ciento del PIB. De acuerdo al
BR, entre diciembre del año anterior y julio de este año, el
monto de este pasivo ha crecido 6.064 millones de dólares,
lo que marca una tendencia de un incremento sostenido, que
genera un déficit considerable en el PIB y además amplia
cuantiosamente el creciente déficit fiscal; lo que nos está
llevando a máximos históricos el margen de endeudamiento,
según la Regla Fiscal de Mediano Plazo es de 72,3 por ciento
y actualmente a asciende 70,85 por ciento, dejando un ínfimo
margen de endeudamiento de 1,45 por ciento, lo que deja el
erario en rojo y con un alto riesgo de recesión económica.
El pésimo manejo de nuestra política económica y financiera
durante las últimas décadas, al basar la misma en el
incremento del Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de
DE), junto a una política de gasto regresiva en términos de
productividad, en que los egresos superan los ingresos, han
elevado ostensiblemente la DE hasta márgenes insostenibles
y asfixiado el PIB.
El Exministro de Hacienda Ricardo Bonilla afirmó que, “este
año se tendrán que destinar más 112 billones de pesos al pago
de la DE, de los cuales 53 por ciento son para amortiguar
intereses, a este paso la deuda es insostenible, no podemos
endeudarnos más, hay que recuperar la economía sin
incrementar el endeudamiento» [*].
La solución está en nuevos paradigmas
El Gobierno está obligado a decretar un periodo de austeridad
estatal, que suprima gastos onerosos e innecesarios a la vez
que decrezca el Gasto Corriente, por tanto, es inaplazable
romper la lógica anti financiera de priorizar y aumentar
anualmente el pago de una DE, a la que solo se logra amortizar
los intereses, pero no se cubre la deuda de capital; por ende,
lo financieramente aceptable sería renegociar el pago y de
esta manera aliviar la carga de este sobre el PIB, así se podría
mejorar el desarrollo productivo y la capacidad de pago.
Dar solución a la crisis económica del país implica congelar los
montos destinados a la DE y en el mediano plazo renegociar
este pasivo; además, la política estatal debe desarrollar un
plan estricto de austeridad fiscal, que desde luego debe
contemplar la disminución de la carga burocrática y decrecer
el Gasto Corriente.
La reactivación económica solo es posible incrementando el
flujo de capital líquido y mejorando el poder adquisitivo per
cápita, lo que tiene implícito dar solución al desempleo, a la
vez que se desarrolla un plan de formalización del empleo;
además, es necesario incrementar la tributación de las
grandes empresas y de los grandes capitales, generando una
política redistributiva, que invierta este dinero en planes
integrales de desarrollo.
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