Claudia Julieta Parra
Los medios de comunicación hablan constantemente de un
desabastecimiento de gas, que a la fecha no se ha presentado;
sin embargo, omiten hablar y ocultan los altos costos del gas
natural domiciliario, que hace estragos en el costo de vida.
El modelo capitalista y las políticas neoliberales,
además de monopolizar la riqueza en un grupo
minoritario plutocrático, se ha centrado en la venta
a menosprecio de activos estatales, como es el caso
de los servicios esenciales dejándolos expuestos al libre
mercado, dando prioridad a la generación de utilidades y
cercenándole su carácter de derecho fundamental.
El gas natural, como servicio público esencial, ha desempeñado
un papel crucial en la transformación social y económica del
país, ofreciendo un acceso democratizador capaz de mejorar
la calidad de vida de más de 36 millones de ciudadanos
colombianos (12 millones de hogares de Colombia), y, de
acuerdo con datos del Ministerio de Minas y Energía, alcanzó
más de 413.243 nuevos usuarios residenciales conectados
al cierre de 2024; que lo ha posicionado como un servicio
público esencial del que dependen los hogares y muchos
establecimientos comerciales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida
publicada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) el año anterior, revela que el 79,2 por
ciento de los hogares cocinan con gas natural, mientras que
el 12,1 por ciento utiliza GLP y el 8,7 por ciento restante
aún sigue cocinando sus alimentos con leña, cocinol, entre
otros materiales contaminantes e ineficientes.
Pese a que el gas natural es un servicio esencial, su
privatización ha permitido que ante las fluctuaciones
bursátiles su costo final se incremente considerablemente,
el encarecimiento del metro cúbico de gas, ha conllevado que
muchos hogares cambien sus patrones de uso o opten por
otro medio para preparar sus alimentos, ya que sus finanzas
no les permite sostener un servicio, que en promedio en
las ciudades principales tiene un valor estándar relativo
de 45.000 pesos mensuales, para hogares mononucleares o
máximo de tres individuos.
En pertinente aclarar que la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG), está ‘atada de manos’ para regular las
tarifas, ya que los combustibles fósiles y la energía eléctrica
se rigen por el libre mercado y esto lleva a que su valor
oscilante se fije por la dinámica bursátil.
La enajenación de los servicios públicos en especial las
empresas del sector eléctrico y los hidrocarburos, ha
conllevado a que el suministro de este servicio indispensable
tenga altos costos, que muchas personas no pueden pagar; en
otras palabras, el principal responsable del déficit energético
que afronta el país es el modelo económico neoliberal.
El problema de fondo del costo de los servicios públicos es
que al regirse por el libre mercado su precio es oscilatorio y
determinado por ecuaciones globales; por lo tanto, disminuir
o regular el precio requiere un nuevo paradigma económico,
situación que es complejo de resolver en lo inmediato, ya
que implica aislarse de la política económica global.
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