Chavela Villamil
Un presupuesto debe ser estructurado en base al equilibrio
entre ingreso y egresos; pero, en las últimas décadas lo han
centrado en suplir el Gasto Corriente, sin tener en cuenta el
déficit fiscal y de ingresos que sufre el país, dando lugar a
presupuestos insolventes y deficitarios.
Los fenómenos macroeconómicos que vienen impactado
el mercado global desde hace más de una década, han
desacelerado las economías y reducido el Producto
Interno Bruto (PIB), fenómeno que afecta con mayor
fuerza a las economías dependientes del capital extranjero
y que su producción interna depende de materia primas
importada.
Presupuesto oneroso e insuficiente
Tras un paso tortuoso por las dos cámaras del Congreso, por
fin fue aprobado el Presupuesto General de la Nación (PGN)
para 2026, por un monto de 556,9 billones de pesos y, una
Ley de financiamiento de 16 billones de pesos. El PGN tuvo
un incremento relativamente leve, de 45,6 billones de pesos
con respecto al año anterior, aunque lo más preocupante de
este, no es el monto en sí, sino la distribución de los rubros
y su asignación.
Al revisar los rubros principales del PGN, encontramos que el
84,06 por ciento está asignado al Gasto Corriente (burocracia,
guerra, pago de Deuda Externa -DE-), en momentos donde las
proyecciones económicas no vislumbran un PIB por encima
del 2,5 por ciento; lo más preocupante e inconveniente en
esta distribución presupuestal, es que cuatro quintas partes
son destinadas al Gasto Corriente, además los pagos de la
DE sufren un incremento de 26,2 por ciento, -desde luego
este dinero no cubre la deuda de capital sino que solamente
amortiza los interés-; paradójicamente el presupuesto de
inversión continua siendo una cuantía inferior, que ni
siquiera llega al 20 por ciento del presupuesto asignado, lo
que repercute directamente en desarrollo, la productividad
y en subsanar el déficit de Gasto Social.
Solo un nuevo paradigma económico
puede frenar la deceleración
La desaceleración negativa del PIB y el estancamiento de
nuestra economía, hace inaplazable un cambio en los patrones
de consumo y las políticas de gasto, lo que hace imperante
la disminución Gasto Corriente, a la vez que implica una
política de austeridad, que se centre en la disminución de la
burocracia estatal, dentro de esto juega un papel trascendental
congelar o disminuir el dinero destinado a la amortización de
la DE, se puede continuar con el margen de pago actual -que
sigue siendo alto- sin incrementarlo, y el remanente se debe
destinar a cubrir el déficit de Gasto Social, no se requieren
nuevos recursos, sino redistribuir los existentes, de esta
forma se alivia la Regla Fiscal y se tiene una mejor ejecución
del erario.
El problema de la economía colombiana vas más allá de lo
financiero y sin duda es de orden económico, ya que sus
políticas siguen estrictamente el modelo global, y continúa
basando el sistema tributario en lo que se denomina ‘captación
por nicho masivo’, es decir, trata de captar dinero del mayor
número de personas posibles que son mayoritariamente clase
media y baja, por eso siempre son los más afectados con las
Reformas Tributarias.
En Colombia siguen aplicando el dogma neoliberal del
Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), donde
la productividad y el desarrollo supuestamente se sustentan
en la reducción de la tributación de los mega empresarios,
para aumentar su riqueza a grado tal, supuestamente para
que “gotee hacia el resto de la sociedad”, tesis que ha sido
ampliamente rebatida por los resultados desastrosos, en cuanto
que resultó incrementando brutalmente la desigualdad social.
La aplicación de esta ideología neoliberal nos ha llevado a que
el empleo informal suple la inexistencia de plazas laborales, y
a su vez ha incrementado ostensiblemente la pérdida de poder
adquisitivo per cápita.
Salir de la crisis socioeconómica actual tiene implícitos cambios
estructurales y radicales en los paradigmas económico,
financiero, fiscal y tributario; por lo tanto, se hace inaplazable
un cambio estructural en el modelo económico, que conlleva
un tributación que abandone la recaudación por volumen y se
centre en la recaudación por capacidad de capital, -entre más
dinero y capital, mayor tributación-, además, se debe disminuir
el Gasto Corriente y los excedentes netos invertirlos en la
atención del déficit de Gasto Social, a la vez que se implementa
una política que formalice el empleo y genere solidez laboral
e incremente el poder adquisitivo per cápita.
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