Comando Central (COCE)
La sentencia de segunda instancia
concluye que el expresidente Uribe no
es culpable, pero la mayoría del país sabe
que sí lo es, y que debe haber justicia para
las millones de víctimas que él agredió,
estas exigen un derecho,
no claman venganza.
Hace 9 años al hacer el acuerdo de paz que acabó
con la guerrilla de las Farc, se las ingeniaron para
que la justicia transicional pactada, no tocara
a los máximos responsables, entre ellos, este
expresidente; ahora, con esta sentencia lo arropan con otro
manto más de impunidad.
Hay que recordar que en el debate nacional sobre la paz,
años atrás este expresidente le exigía a la guerrilla que se
arrepintieran de todo lo que habían hecho como rebeldes,
pero de un momento a otro, dejó de hacer esta exigencia,
¿por qué?
Es muy posible que el expresidente dejó de exigir
arrepentimiento a los guerrilleros, porque él mismo no tiene
la voluntad de arrepentirse de las agresiones, que ha hecho
a lo largo de toda su vida.
Con esta sentencia absolutoria, intentan legalizar una
inocencia que no es cierta, justificando que él no debe
arrepentirse de los delitos cometidos, ni rectificar, ni hacer
reparaciones, y le dejan la ‘puerta abierta’ para que reincida
y repita las agresiones que ha hecho.
Al ser declarado inocente, ocultan la verdad de décadas de
guerra interna, sobre la que máximos responsables como
Uribe, no asumen responsabilidad, relegando la justicia
transicional a que la apliquen solamente a algunos agentes,
pertenecientes a los escalones más bajos de la jerarquía
estatal.
Si victimarios como este expresidente no asumen la
responsabilidad que tienen en la conducción de esta
prolongada guerra interna, sería un empujón más el que las
clases dominantes les dan a los derechos de las víctimas,
para arrojarlos al ‘basurero de la historia’; donde perecerían
derechos universales fundamentales, como la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Uribe y sus seguidores, no solamente son audaces en engendrar
mantos de impunidad, sino que avanzan en crear sus Frentes
de Seguridad, que en este mes se han lucido intimidando
con bates de béisbol a los manifestantes que protestaban en
Medellín, contra el Genocidio al pueblo palestino; y atacando
las marchas de campesinos e indígenas que denunciaban el
crecimiento de las agresiones paramilitares, en todos los
rincones de Colombia.
El panorama es retador, puesto que, si la oligarquía asegura
que es inocente y no asume responsabilidad por lo que
hace, al tiempo que organiza a sus seguidores, para junto a
la maquinaria represiva estatal, aumentar la persecución
de los liderazgos populares, lo que anuncian en sus lemas
electorales, como “más seguridad”, no es otra cosa que un
escalamiento del conflicto interno.
Otra vez las clases dominantes ofrecen a Colombia, una
nueva temporada de su fracasada pacificación, cuando lo que
demandan el pueblo y la nación colombiana es un Acuerdo
Nacional, que le abra el camino al desarrollo de una paz con
justicia social, democracia y soberanía.
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