Claudia Julieta Parra
La enajenación y privatización de los servicios público ha
incrementado ostensiblemente su costo; además, el costo de
la energía eléctrica impacta con mayor fuerza las finanzas de
los hogares, esto, no es cuestión del precio sino del modelo y
de las deducciones a las empresas energéticas.
El dogma capitalista neoliberal plantea que la
enajenación de activos estatales es favorable para la
productividad, bajo la falacia de que se disminuyen
gastos estatales y se mejoran los servicios prestados.
Sin embargo, la enajenación de activos estratégicos deja
el costo de los servicios básicos -como la electricidad-,
supeditados al valor del libre mercado, lo que hace que los
servicios públicos constantemente estén incrementando su
valor y contribuyendo al aumento de la inflación.
Recientemente el Gobierno Nacional difundió un ‘Proyecto
de resolución sobre la confiabilidad, complementariedad
y continuidad del servicio público domiciliario de energía
eléctrica’; nombre pomposo para un mecanismo espurio
destinado a que todos los usuarios del servicio de energía
eléctrica paguen, a través de sus facturas mensuales, la
millonaria deuda que tiene la empresa comercializadora
Air-e, con el mercado de energía mayorista y con los
transmisores de energía.
Según este Proyecto de ley, de manera temporal y mientras
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg),
reglamenta la confiabilidad para la mitigación del riesgo
sistémico, el Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales (ASIC) deberá recaudar, entre la demanda
del Sistema Interconectado Nacional (SIN), un valor de 8
pesos por kilovatio-hora, como un valor complementario en
el componente de restricciones; por esta vía se cobraría la
mitad de una abultada deuda de Air-e con el sector eléctrico,
que al cierre de diciembre era de 2,5 billones de pesos y
continúa creciendo a una tasa cercana a los 50.000 millones
mensuales.
La empresa privada Air-e SAS E.S.P, presta el servicio de
distribución y comercialización de energía eléctrica en los
departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena en
la costa Caribe colombiana, entonces, preguntamos: ¿por
qué los colombianos tenemos que pagar las deudas de una
empresa privada?, ¿con cuántos millones sobornaron a
los funcionarios del gobierno, para que tramiten esta ley
favorable a Air-e?
El problema de fondo del costo de los servicios públicos en
general, es que producto del sistema neoliberal estos fueron
privatizados, lo cual dejó estos servicios fundamentales
esclavos de la lógica capitalista, donde el principal fin es
la obtención de utilidades; por ende, disminuir o regular
su precio requiere en lo inmediato, sacar de la ecuación
tarifaria el Índice de Precios al Productor (IPP), que las
comercializadoras asuman las perdidas por defraudación, y
generar un sistema que no tase los precios por la oscilación
del mercado bursátil.
Disminuir o regular el precio de los servicios públicos, va más
allá de extender o incrementar los subsidios otorgados por
el Estado, una primera medida debe otorgarle la fijación de
tarifas al Estado y en el largo plazo retornarle el monopolio
de estos servicios esenciales al Estado.
Los cambios en la prestación de servicios públicos, implican
un nuevo paradigma económico, que vaya en función del
deber ser de la economía, que es el bienestar y beneficio de
la población, esto sin duda generaría avances en la atención
del déficit de Gasto Social e implicaría una ruptura con los
bancos multilaterales y con la plutocracia local y global,
¿está dispuesto este Gobierno a romper la lógica neoliberal
y generar una economía de orden social, que democratice
las tarifas de los servicios esenciales?
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