Chavela Villamil
La política económica adoptada por este Gobierno se enfoca
en sobre incrementar el Gasto Corriente para solventar los
pasivos contraídos, para cubrirlos acuden a cuantiosos nuevos
préstamos, ocasionando un déficit de cuenta corriente, que
amenaza la solvencia y la sostenibilidad de la nación.
En los últimos años la macroeconomía global ha sufrido
una desaceleración continuada que golpea con más
fuerza los países dependientes del capital extranjero,
desde luego nuestro país no es la excepción y nuestro
mercado se ha visto muy impactado por esta desaceleración,
lo que ha afectado ostensiblemente el Producto Interno
Bruto (PIB) y el poder adquisitivo per cápita, causando una
caída brusca de la demanda, que afecta con mayor fuerza las
esferas sociales medias y bajas.
Sobre endeudarse es nocivo
El Gobierno actual ha logrado algunos avances en términos
de regulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC),
sin embargo, nuestra economía continúa desacelerada y con
proyecciones, que no superan los márgenes de productividad
prepandémicos, aun así este Gobierno se niega a decrecer
el Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de Deuda
Externa), por el contrario lo incrementa -en buena parte
para sostener burocracia estatal-, esto ha llevado a que para
solventar los gastos estatales deba recurrir a empréstitos,
que arriesgan la vigencias futuras o nos somete megadeudas
de más de una década de interés, como es el caso reciente de
la venta de los Títulos de Tesorería (TES), por un valor de
23 billones de pesos, a una tasa promedio de 13,15 por ciento
y con un vencimiento entre 2029 y 2040.
La deficitaria política económica aplicada hasta el momento
nos ha llevado una Deuda Externa (DE) onerosa y con un
alto margen de interés, que lleva a líneas rojas los márgenes
históricos de este pasivo.
Recientemente el Banco de la República (BR) publicó las
cifras de la DE a corte de octubre de 2025 y actualizó los datos
de los meses anteriores, tras la inclusión de nuevos detalles
como las operaciones de TES; de acuerdo al nuevo boletín la
DE llegó a 239.154 millones de dólares, equivalente al 54,90
por ciento del PIB, cifra que respecto al mismo periodo
del año anterior aumentó 9,23 por ciento, un incremento
absoluto de 20.216 millones de dólares.
Limitar el Gasto Corriente decrece el déficit fiscal
El pésimo manejo de la política económica y financiera
durante las últimas décadas, basado en el incremento del
Gasto Corriente, junto a una política de gasto regresiva en
términos de productividad, en que los egresos superan los
ingresos, obligando a los sucesivos Gobiernos a incrementar
la Deuda Externa, para sufragar pasivos en vez de
disminuir su emisión, no solo incrementa el déficit fiscal
-que actualmente supera los 139 billones de pesos-, lo que
supera el monto que se puede recaudar por tributación, sino
además lleva a que dicho pasivo se extienda a Gobiernos
futuros, heredándoles deudas que hacen difícil trazar una
política pública que dinamice la economía, dejando al país en
un inminente riesgo fiscal, que en el mediano y largo plazo
nos puede llevar a la insolvencia.
Uno de los principales problemas del país es de orden
económico, ya que las políticas públicas continúan basando
el sistema tributario en lo que se denomina ‘captación por
nicho masivo’, es decir, trata de captar dinero del mayor
número de personas posibles, que son mayoritariamente
clase media y baja, por esto, estas siempre son los más
afectados con las Reformas Tributarias; además incrementa
el Gasto Corriente y lo solventa a través de empréstitos, sin
tener en cuenta que en la última década los egresos superan
los ingresos y que estamos en periodo de desaceleración
continuada.
Evitar el colapso financiero hace obligatorio y urgente
decretar un periodo de austeridad estatal que suprima gastos
onerosos e innecesarios y disminuya el Gasto Corriente;
además es inaplazable romper la lógica antifinanciera de
priorizar y aumentar anualmente el pago de una DE, a la
que solo se logra amortizar los intereses, pero no se cubre
la deuda de capital; por ende, lo financieramente aceptable
sería renegociar el pago y de esta manera aliviar la carga de
este sobre el PIB.
La política económica del país debe estar fundada en
favorecer a todos los colombianos, aplicando un modelo
redistributivo, que tome la sobre producción monetaria del
oligopolio y la emplee en inversión social integral redituable,
a la par que subsidia capas bajas de la sociedad; esto implica
nuevos paradigmas que tenga como base el aumento del
poder adquisitivo per cápita, el desarrollo integral y el
fortalecimiento del sistema productivo nacional y romper
la lógica antifinanciera de una Deuda Externa tóxica e
impagable, que asfixia el PIB y devalúa nuestra divisa. Y
desde luego ampliar una política de austeridad que decrezca
el Gasto Corriente.
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