Himelda Ascanio
Caracteriza la fracasada estrategia de pacificación con el
DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción): pedir cambios
solo a la insurgencia; negar la esencia del diálogo y el estatus
político rebelde; pedirle “gestos de paz” y negar las acciones
del ELN encaminadas a la solución política.
Desde el ELN se han planteado una cantidad importante
de propuestas encaminadas a generar condiciones y
escenarios reales para la construcción de la paz. Todos
ellos con una base de principios que también se han
expuesto públicamente. Se ha dicho varias veces que, “para
que el país cambie, todos tenemos que cambiar”.
De la misma manera, se le han expuesto a Colombia los principios
fundamentales y básicos del diálogo, entre ellos la buena fe y
“pacta sunt servanda” (los acuerdos son para cumplir). Cuando
estos dos principios se violan deliberadamente, se configura el
delito de la perfidia, catalogado así por el derecho internacional.
Entonces resulta grave que organismos como la Defensoría del
Pueblo asuman la misma lógica desarrollada por el gobierno
colombiano. Desdeñar las propuestas de la insurgencia no coincide
con los objetivos para los que está hecha esa entidad, ni con el
talante necesario para impulsar la solución política del conflicto.
Durante todo este gobierno, el ELN ha realizado una cantidad
grande de acciones encaminadas a la construcción de la paz;
bastaría con una revisión de los alcances de lo acordado y
desarrollado en la Mesa de Diálogos con el gobierno colombiano;
pero, incluso posterior al congelamiento de dicho diálogo, se han
sostenido las acciones y dichos gestos de paz.
Solo para dar algunos ejemplos, en el último trimestre se han hecho
entregas de retenidos pertenecientes a las Fuerzas Militares y
de la Policía, como los 5 soldados entregados el 9 de noviembre
de 2025 en Arauca. Los 5 policías entregados el 19 de enero de
2026 en el Catatumbo. O las 28 personas retenidas en el marco
de la confrontación con la banda exfarc frente 33, entregadas
el 3 de diciembre, también en el Catatumbo. De igual manera, se
publicaron las pruebas de buen trato y bienestar de los agentes
de la Dijin y CTI retenidos en Arauca.
De estas acciones conocen todas las entidades gubernamentales,
organismos y organizaciones relacionadas con los derechos
humanos; más aún con la Defensoría del Pueblo se ha coordinado
y logrado las comisiones humanitarias para estas entregas. Por lo
tanto, también saben que todas estas acciones se realizan a pesar
de las negativas, trabas y operaciones desde el gobierno y sus
Fuerzas Militares.
En tal sentido, hemos puesto en conocimiento público y entregado
información a estas entidades como la Defensoría del Pueblo, sobre
las operaciones sostenidas, la comprobada colusión y connivencia
de las Fuerzas Armadas estatales y las bandas paramilitares ex
farc y clan del golfo. Solamente el pasado 25 de enero, unidades del
Frente de Guerra Oriental enfrentaron a patrullas de la Décima
Octava Brigada del Ejército estatal en la vereda Agua Blanca,
entre los departamentos de Arauca y Casanare, que llegaron al
apoyo de la banda exfarc comandada por Antonio Medina.
En este último trimestre, el ELN también realizó un cese el
fuego unilateral desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero.
Planteamos una propuesta de Acuerdo Nacional y recibimos
delegados internacionales, de la ONU y de la iglesia, e incluso
un emisario del presidente, para hablar de paz. La respuesta
inmediata fue el bombardeo ordenado por Petro a la misma área
donde se hicieron estas reuniones.
Estaría bueno que también desde la Defensoría del Pueblo
pidieran acciones de paz al gobierno, como abandonar la estrategia
paramilitar.
Está bien que el ELN acogió y reconoció el DIH incluso antes que el
Estado colombiano, pero una vez reconocido, también es su deber
cumplirlo; no es una obligación solo para el ELN; y sin embargo lo
viola a diario e impunemente.
El dolor que genera el conflicto también lo sentimos nosotros.
Por eso no hemos dejado de plantear las salidas políticas y
de actuar acorde a ello, aunque la respuesta del Estado sigue
siendo militarización, contrainsurgencia y guerra. Pasar la
página de la guerra, construir una salida política dialogada y
con participación real de las comunidades; la construcción de
una paz con bienestar y vida digna para las mayorías, está
en las manos de todos y todas las colombianas. Eso es lo que
proponemos y hacemos.
Asesinado de la semana
José Albino Cañas Ramírez, era un reconocido líder social
e indígena, cabildante de la comunidad de Portochuelo
del Resguardo Indígena de origen colonial de Cañamomo y
Lomaprieta, perteneciente al municipio de Riosucio, en el
departamento de Caldas. Fue asesinado el 16 de febrero, en
la vereda Portochuelo, cuando hombres armados llegaron
al lugar y dispararon en repetidas ocasiones, causándole la
muerte y dejando a una mujer herida en el sitio.
Enrique Cumbalaza, era un reconocido líder social e
indígena, destacado por su trabajo en la comunidad de los
Pastos y por ser defensor de los derechos territoriales del
resguardo indígena de Cumbal, en el departamento de Nariño.
Fue asesinado el 17 de febrero, en un sector del resguardo
indígena El Gran Cumbal por hombres encapuchados que le
dispararon en repetidas ocasiones.
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