Himelda Ascanio
Hipocresía politiquera. Es bastante ruin y canalla tratar de
aprovechar la muerte para fines particulares y politiqueros.
Los bombardeos de las Fuerzas Armadas estatales en los que
murieron menores de edad, se convirtieron en pretexto para
incoherencias y falsedades al interior del gobierno y otras
agrupaciones políticas.
Los debates directamente relacionados con la muerte
de niños y niñas por la acción directa del Estado a
través de sus Fuerzas Militares, en el que surgen
una cantidad de incongruencias, desconocimientos,
incoherencias y justificaciones leguleyas, han puesto
en relieve la continuidad de las políticas y la Doctrinada
ordenada desde Washington. Para tratar de justificarse
y diferenciarse de gobiernos anteriores, que también
asesinaron niños y niñas en bombardeos, Petro trató de
encontrar salida en la letra menuda y en supuestos vacíos
del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Hipocresías de diferente orilla
Conocidos los hechos, se despertó una ola de opiniones de
diferente tipo. La extrema derecha recordó y sintió una
justificación histórica, de cuando ellos hicieron lo mismo.
El extremo centro se acordó de los niños y las niñas para
visibilizarse, pidiendo la renuncia del Ministro de Defensa,
algo similar a lo que hizo Petro siendo congresista. Y el
presidente rebuscó la forma de justificar y ratificarse en su
acción militar, algo como lo que hicieron sus predecesores
Uribe, Santos y Duque.
A ninguno les interesó, ni les ha interesado en realidad, la
situación de la niñez colombiana. Las reacciones frente a lo
acontecido en los bombardeos de el Guaviare, Amazonas y
Arauca, son una simple excusa para sus agendas electorales
y narrativas falaces sobre el país. De nuevo, las causas las
dejan a un lado, para aprovechar el ruido de una consecuencia.
Unos y otros corrieron a buscar los protocolos del DIH
para atacar o justificar, pero no las convenciones informes
y planteamientos sobre derechos y situaciones de los
niñas y niñas en el país. Bastaría recoger las palabras de
la representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat:
“Sabemos que la mejor forma de prevenir el reclutamiento
es permitiendo a los niños disfrutar sus derechos y acceder
a oportunidades”.

Nótese que no hablamos de organizaciones revolucionarias,
ni posiciones de izquierda, bastaría con centrarse y asumir la
responsabilidad del Estado, desde las propias consideraciones
de organismos y agencias del sistema de Naciones Unidas. Que
a propósito del Día Mundial de la Infancia planteó su informe
anual, “El Estado de los Niños en el Mundo 2025: Acabar con la
Pobreza Infantil”.
Dicho informe plantea cosas como que: “más de uno de cada
cinco niños del mundo, están privados diariamente de al menos
dos de seis aspectos considerados claves para su bienestar y
desarrollo: educación, salud, vivienda, nutrición, saneamiento
y agua”. Y justamente esos aspectos son vulnerados por la
corrupción, que es la principal economía ilícita del país y se aloja
en todos los rincones del Estado y a través de los gobiernos de
turno desde hace décadas. Esa situación deja ver el desinterés y
la indolencia frente a la protección y desarrollo de la infancia.
La importancia del territorio
Para un real interés, desarrollo y proyección de la niñez
colombiana, es fundamental el territorio. Los entornos
cercanos y las construcciones, en las que puedan crecer
niños y niñas en ambientes sanos, con salud, recreación y
cultura. En donde la familia, la comunidad y la organización
social son fundamentales. Lógicamente para un desarrollo así
desde el Estado, este tendría que llegar a dichos territorios.
Cuando por el contrario el Estado está ausente y su única
forma de asomar en las comunidades es la violencia militar
y paramilitar, los desarrollos y dinámicas se resuelven por
otras lógicas y dinámicas. Y cuando estos territorios los
entregan a mafias y bandas, como lo ha hecho el gobierno
colombiano, la situación de conflicto es declarada para
esas comunidades. Y la niñez es una de las poblaciones más
vulneradas.
El territorio es la vida y la posibilidad de hacer reales los
proyectos de desarrollo real de las comunidades y pueblos.
La organización social y comunitaria es fundamental para
que construir planes de bienestar y vida digna. La paz
solo se construye con esta participación protagónica de
los territorios, comunidades, pueblos, organizaciones y
sectores; esto incluye, por supuesto, a niños y niñas.
Asesinados de la semana
En un bar llamado Café Paraíso, ubicado en la carrera 11
con calle 19 del municipio de Ciénaga, Magdalena, sicarios
ingresaron y perpetraron una masacre contra un grupo de
personas que se encontraba en el lugar; en el ataque fueron
asesinados Antonio José Peláez Álvarez, de 43 años, Luis
Alberto Gutiérrez Cantillo, de 28 años y, una tercera persona
aún por identificar.

Darío Vergara Blandón, era un reconocido líder social y
comunal, miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de
la vereda Río Frío, en el municipio de Támesis, Antioquia;
fue asesinado el 17 de noviembre, en su propia vivienda,
ubicada en la vereda Río Frío.
Julián Arenas, era un reconocido líder social, político y
comunitario. En 2023 fue candidato al Concejo de Chaparral
por el Pacto Histórico; impulsaba la Zona de Reserva
Campesina (ZRC) para el municipio y era contratista de
la Alcaldía de Chaparral, Tolima; fue asesinado el 17 de
noviembre en la vereda Las Juntas, del corregimiento La
Marina, cuando fue atacado con arma de fuego mientras se
dirigía a su lugar de residencia.
José Adelmo Valencia, era un reconocido líder social y
mayor indígena, destacado por su papel como comunero.
Prestó servicios comunitarios a la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y se desempeñó como
jurídico del territorio de Munchique Los Tigres, en el
municipio de Santander de Quilichao, Cauca; fue atacado en
los primeros días de noviembre, en la vereda La Esperanza,
en Santander de Quilichao, por hombres que lo golpearon en
repetidas ocasiones y lo dejaron en el lugar, fue trasladado a
un hospital en Cali, pero, debido a la gravedad de sus heridas,
falleció el 17 de noviembre.
Jenny Ramírez Enríquez, era una reconocida lideresa social
y expresidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del
corregimiento de La Feria, en el municipio de Pradera, Valle
del Cauca; este feminicidio ocurrió el 17 de noviembre, en
el corregimiento de Lomitas y estaría relacionado con su
propio esposo, quien presuntamente habría perpetrado los
hechos y luego se fugó del lugar.
