Damaris Izaguirre
Cuatro décadas cumplen los reclamos de las familias de las
víctimas del Palacio de Justicia, por los suplicios y violaciones
a los Derechos Humanos perpetrados por el Ejército durante
la operación de retoma
Las tropas estatales pisotearon su función
constitucional y actuaron como mercenarios, que
dispararon indiscriminadamente y con ímpetu de
tierra arrasada, ¿su objetivo era que nadie saliera vivo?
El 6 de noviembre de 1985 un comando de la guerrilla
Movimiento 19 de Abril (M-19) bajo el mando de Andrés
Almarales y Luis Otero, en desarrollo de la operación
‘Antonio Nariño por los Derechos del Hombre’, se tomaron
por asalto las instalaciones del Palacio de Justicia, bajo la
premisa de obligar a la Corte Suprema de Justicia, a que le
hiciera un juicio político al Presidente Belisario Betancur
(1982-1986).
Dadas la connotaciones políticas e ideológicas de los grupos
insurgentes de la época y el contexto de la década, es poco
probable que el comando del M-19 planeara una ‘operación
suicida’, por el contrario, lo más lógico es que su operación
siguiera los patrones de la toma de la embajada de República
Dominicana, es decir, una acción política con situación de
rehenes, que culminaría con una negociación, que permitiera
el repliegue a salvo del comando guerrillero y la exposición
mediática de su objetivo político-juicio político al Presidente
Betancur.
Durante el juicio al Coronel Plazas Vega, el comandante
de la retoma, la fiscal Angela Buitrago afirmó, “durante
la toma y retoma la función constitucional del Ejército
era salvaguardar la vida y la integridad de los rehenes y
demás civiles que se encontraban en el Palacio de Justicia,
y conjurar la acción terrorista del M-19. No era permitido,
ni es el deber ser del Ejército, desaparecer a las personas
sin ni siquiera permitirles un acto de defensa, así fueran
subversivos” [1].
El Ejército tenía sus propios planes, según dicen algunas
fuente con base en cables secretos, conocían de los planes
del M-19, sin embargo dejaron que discurriera la acción para
hacer una ‘operación de ratonera’, donde no saliera con vida
ningún miembro de la guerrilla, sin importar el riesgo para
los rehenes, ¿la retoma sangrienta fue un plan estratégico
del Estado y ejecutado por el Ejército?
Helena Urán Bidegain -hija del Magistrado Carlos Horacio
Urán, asesinado por el Estado durante la retoma del Palacio
de Justicia-, develó mensajes oficiales de la época, que pese
a haber sido desclasificados hace más de una década, no
se han tomado como evidencia en la investigación de este
holocausto, donde se daba cuenta que el Ejército sabia de
los planes del M-19: “existen planes para tomar un edificio
gubernamental, fuerzas de seguridad fueron alertadas por
fuentes de inteligencia hace más de una semana, que uno de
los posibles blancos del M-19 es el Palacio de Justicia” [2].
Si el Gobierno conocía con antelación los planes del M-19
para ocupar el Palacio de Justicia, ¿por qué no reforzó la
seguridad y vigilancia? Estos mensajes, refuerzan ‘la teoría
de la ratonera’ que plantea que el plan del gobierno era
permitir la toma para encerrar a los guerrilleros y responder
automáticamente con la retoma.
La actitud del Ejército de abrir fuego de manera
indiscriminada, poniendo en riesgo la vida de población no
combatiente que estaba en calidad de rehenes, va en contra
de sus manuales operacionales y es violatorio del DIH.
Recientes investigaciones denuncian que, “los militares
llevaron a la Casa del Florero, a un grupo de cerca de 22
rehenes a los que denominaron ‘especiales’ -Magistrados,
trabajadores de la cafería y guerrilleros-, por considerarlos
como sospechosos, allí, fueron tratados como amenaza
insurgente, enemigos de la nación, por eso, fueron torturados
y en algunos casos asesinados y regresados al Palacio, para
presentarlas como bajas durante el fuego cruzado, otras aún
continúan desaparecidas” [3].
Al cumplirse 4 décadas de haber sido perpetrado el Holocausto
del Palacio de Justicia las investigaciones no han sido
efectivas, muchas víctimas siguen sin ser identificadas o
desaparecidas; además la impunidad campea, aún no sale la
verdad completa a la luz y muchos de los determinadores
de esta masacre siguen libres y sin ser enjuiciados, el
Expresidente Betancur se fue a la tumba sin haber respondido
por estos crímenes y sin contar toda la verdad sobre los
hechos.
Lo que es peor que la impunidad que ha rodeado este
luctuoso hecho, es que la Doctrina de Seguridad Nacional
impuesta por el Tío Sam e impartida en el país, desde hace
más de 6 décadas, sigue sostenida por sucesivos Gobiernos,
Doctrina que fundamenta la política del Enemigo Interno, la
que convierte en objetivo militar y paramilitar a todo aquel
que piense distinto o se atreva a ser una voz disonante; esta
política no depende del Gobierno de turno, sino que emana
directamente del Tío Sam, por tanto, mientras el régimen sea
subordinado de los intereses del imperio norteamericano,
continuará la política de exterminar excombatientes, líderes
sociales y ambientales, y todo aquel que sea contrario a los
intereses del régimen.
Una de las promesas de la campaña electoral del actual
Gobierno, fue deponer la Doctrina de Seguridad Nacional
y erigir un nuevo paradigma opuesto al Terror de Estado,
como método para ahogar en sangre las exigencias de cambio
del movimiento social y sostener el statu quo; promesa que
apenas fue una ‘venta de humo’ y, que no puede ser cumplida
mientras este Gobierno sostenga fracasadas alianzas con el
régimen y este subordinado a los planes imperiales del Tío
Sam.
Las víctimas no buscan ‘verdades a medias’ o convenientes
para los determinadores de los crímenes, que se ocultan en
las sombras, cobijados por la impunidad que históricamente
les han brindado organismos como la Fiscalía; las víctimas
exigen ‘verdad total’, justicia y no repetición; pero esto
no vendrá de la mano de quienes ostentan el poder, esto
solo será posible a través de la lucha popular organizada y
decidida.
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