Equipo de Investigación DI R-F GN
El anhelo de lograr otro orden social en Colombia, se enfrenta
con la Doctrina de Seguridad del Estado, que persigue a los
liderazgos populares que trabajan y luchan por una Agenda
social de cambio, a quienes clasifica como el Enemigo Interno,
al que debe combatir.
El Paro Nacional y sus demandas sin duda forman parte
de una agenda política y social con vigencia hasta el
día de hoy. Aunque existe un informe de junio de 2021,
donde el Comité Nacional de Paro describe el contexto
político, social y económico que precede al Estallido Social,
y hace propuestas para superar la crisis social del país, no
menciona en ninguno de sus apartes el paramilitarismo como
política de Estado vigente y tendiente a perpetrar todo tipo de
violaciones contra los liderazgos y el tejido social del país.
Ejercer en Colombia la defensa de los DDHH, Ambientales,
del territorio y de los liderazgos en general, sigue siendo una
actividad social de alto riesgo, toda vez que el paramilitarismo
se ha ido expandiendo y consolidando los últimos diez años,
cambiando formas de dominación siempre violentas y migrando
hacia las zonas urbanas de mayor concentración social en todo
el país. Sin el desmonte de esta política, el ejercicio de liderazgos
en el país estará bajo constante amenaza y que ya no son solo los
liderazgos en las zonas rurales de Colombia los que padecen las
amenazas, la persecución y el exterminio.
Varios puntos nos permitirán entender que el desmonte del
paramilitarismo no solo tiene que ver con un Acuerdo Nacional
en torno a la paz, sino con la supervivencia del tejido social
en todas sus formas, con la progresión y concreción de una
Reforma Agraria y el desmonte efectivo del extractivismo y
las desigualdades económicas, es decir, con la conformación
de un nuevo orden social, que permitan a Colombia superar la
explotación, la pobreza y la exclusión de la mayoría.
Para lo que sirven los Acuerdos de pacificación
Desde la Firma del Acuerdo de Paz de La Habana (2016) se han hecho
dos intentos tibios para erradicar el paramilitarismo. Ninguno
de ellos ha tenido incidencia directa en un desescalamiento del
conflicto, de la violencia contra los liderazgos. Por el contrario,
el paramilitarismo no solo creció, sino que se extendió a las
principales ciudades del país, donde hoy se concentran luchas
reivindicativas por servicios básicos, como energía eléctrica,
acceso al agua, trabajo digno y reivindicación salarial, derechos
ambientales y alimentación escolar, educación y ejercicio de
liderazgos comunitarios, economía popular y alternativa, entre
otros.
Según los últimos informes sobre Derechos Humanos, más de la
mitad de las masacres perpetradas durante 2025 se han cometido
en centros urbanos. Algunos analistas [1] tratan de explicar
esta migración del genocidio de liderazgos sociales a los centros
urbanos, sin ir al fondo del problema que es la aplicación de
una Doctrina de Seguridad que persigue a quien lucha por los
derechos de la mayoría, tipificándolo como Enemigo Interno.
La masacre de líderes populares no es por la presencia débil del
Estado, antes, por el contrario, ocurre por exceso de militarización
del Estado, por ejemplo, en las ciudades del Caribe militarizadas
durante el Plan Colombia (1999-2009), el resultado en teoría
sería tenerlas más tranquilas y seguras, en cambio sufren un
crecimiento brutal de la violencia paramilitar y de bandas,
agigantado en la última década.
El paramilitarismo sigue siendo inherente y útil al modelo
económico y político vigente en Colombia en las distintas
regiones del país, donde las Fuerzas Armadas (FFAA) siguen en
colusión con el paramilitarismo, como en el Urabá Antioqueño
y los Montes de María, conducidas por los clanes regionales,
para perpetuar la opresión de las comunidades y el saqueo en
los territorios.
Gracias a la presión de las víctimas
Con el Acuerdo de La Habana (2016), organizaciones de DDHH, de
víctimas, movimientos sociales y demás sectores políticos lograron
que el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) reconociera la
vigencia, mutación y expansión del paramilitarismo.
Como parte de ese trabajo de presión hacia el Estado, se logró el
Proyecto de Acto Legislativo 015/2017: «por medio del cual se
dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la
fuerza y el uso de las armas por parte del Estado», como parte del
compromiso del punto 3.4.2 del Acuerdo Final, con el propósito de
prohibir la promoción, organización, financiación o empleo oficial
y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y, a partir de
esta, desarrollar normas necesarias para su aplicación, incluyendo
sanciones penales, administrativas y disciplinarias.
Al respecto, el Defensor de Derechos Humanos Javier Giraldo
Moreno (SJ), ha señalado en diversas entrevistas [2], que el intento
de desmonte de 2016 fue apenas un amague sin mayor profundidad;
precisó que, a partir del Acuerdo de 2016 se tomaron «20 medidas
para la erradicación del paramilitarismo (ninguna era nueva),
todas se habían ensayado antes y no habían servido para nada».
El Padre Giraldo recalca que se propuso crear una Fiscalía
especializada, que desde sus inicios quedó maniatada por el saboteo
constante del entonces Fiscal General Néstor Humberto Martínez
y desde entonces la impunidad en torno al paramilitarismo, siguió
siendo la principal traba.
Para este Defensor de DDHH, superar el paramilitarismo
implica superar la impunidad, impartir justicia, verdad y
reparación, erradicar la Doctrina de Seguridad que persigue
al Enemigo Interno, derogar decretos y manuales vigentes de
contrainsurgencia.
Un propósito apenas de diagnosticar
Aunque en el Acuerdo de México (# 6) -firmado por el Gobierno
Nacional y el ELN en marzo de 2023- establece en el punto 5.3
«la erradicación de toda forma de paramilitarismo para que no se
repita», no existen condiciones ni instrumentos ni hoja de ruta
para determinar que esta política intentará siquiera desmontarse.
Cuando mucho se dieron dos intentos que quedaron en el aire por
razones varias:
* A finales de enero de 2024, tanto el Gobierno como el ELN
anunciaron la creación de un Observatorio sobre las formas del
paramilitarismo con la firma del Acuerdo # 17 (en cumplimiento
del punto 5.3 de la Agenda de México), con el objetivo de
«establecer las distintas formas de paramilitarismo, realizando
estudios e investigaciones objetivas y actualizadas sobre toda
forma de paramilitarismo como expresión del conflicto armado,
centrándose en observaciones de la realidad que permitan adoptar
medidas para su erradicación, superación y no repetición».
Este Acuerdo # 17 está conformado por cinco puntos y apunta
apenas a diagnosticar e identificar toda forma de paramilitarismo
y a conformar un Observatorio diverso y plural, que le permitiera
cumplir con este acercamiento a lo que es hoy el paramilitarismo.
Este Acuerdo # 17 se queda corto con la preocupación mayor en
un país golpeado fuertemente por el paramilitarismo: ¿cómo y
con qué herramientas desmontarlo?, ¿cuál sería el compromiso
del Estado y del Gobierno para lograr erradicar esa política
institucionalizada?, entendiendo que en el transcurso de los
últimos 80 años el paramilitarismo surgió como parte de la
Doctrina de Seguridad del Estado colombiano, como su brazo
armado no formal para golpear y silenciar al tejido social, a los
disidentes y alternativas (los Otros) que se oponían al Status Quo.
Este intento de conformación de un Observatorio además de fracasar
por los reiterativos incumplimientos del Gobierno a lo pactado con el
ELN, y por los saboteos constantes del entonces Comisionado de Paz,
Otty Patiño, queda a la deriva desde el anuncio de su creación, por este
enfoque en el cual se pone mayor énfasis en el diagnóstico y no en la
erradicación de esta política y en resolver la sistemática impunidad, que
ha reinado en torno a la violación sistemática de los DDHH perpetrada,
por organizaciones paramilitares y Estado en connivencia o por separado.
* Otro de los escollos para superar esta política en el contexto actual
tiene que ver con las ambivalencias del Gobierno Nacional a la hora
de abordar el tema. Por un lado, asume un discurso de lucha contra el
paramilitarismo, por el otro, no aborda el tema central como bandera
de debate y discusión nacional: la reforma a las FFAA y la Doctrina de
Seguridad dirigida contra el Enemigo Interno.
Durante la campaña electoral de 2022, el tema de la reforma
militar y policial pasó en blanco, no fue de interés para el
proyecto del Cambio y tampoco se le ha dado mayor relevancia
durante todo el ejercicio de Gobierno, a lo sumo han querido
dar a entender que establecer negociaciones con el Clan del
golfo o las bandas de la Sierra nevada de Santa Marta es un
paso fundamental y decisivo para lograr la paz en amplios
territorios del país.
Lo inocuo de la última temporada
El Gobierno emitió el Decreto 0665 del 24 de mayo de 2024 para
poner en marcha una «política pública de desmantelamiento de
organizaciones criminales que atenta contra la construcción de
la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo
y sus redes de apoyo”, aprobada el pasado 7 de septiembre en
la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta política
se desprende, como bien recalcó el Gobierno, del Acuerdo Final
de 2016 y suponía la creación de nuevas herramientas para el
desmantelamiento del paramilitarismo y el desarrollo de políticas
de Estado para la transformación de los territorios afectados.
Como lo analiza el Padre Giraldo, este nuevo Decreto se quedó
en ‘más de lo mismo’ y no ha dado un paso concreto que pueda
materializarse en un camino de transformación y paz. Los
liderazgos siguen sufriendo amenazas y persecución, y las
distintas bandas paramilitares siguen creciendo o consolidando
su control territorial. Además, como en el caso del Observatorio
propuesto a partir del Acuerdo de México, tampoco enfoca sus
acciones a desmantelar el paramilitarismo como política de Estado,
ni a reformar las FFAA ni a cambiar la Doctrina de Seguridad del
país, principal soporte para la existencia de todas las formas de
paramilitarismo.
Se debe entender entonces que si no se asume desde otra
perspectiva el asunto del paramilitarismo como política de
Estado, los liderazgos sociales en el país seguirán estando
amenazados de persecución y eliminación; los procesos
sociales y comunitarios en las regiones y centros urbanos
seguirán siendo captados y amenazados por las organizaciones
paramilitares y bandas afines; la recomposición de los
procesos y liderazgos campesinos y de tomas de tierras de los
últimos años seguirán siendo estigmatizados por los medios
de comunicación y la dirigencia de los grandes ganaderos de
Fedegan, ante la mirada indiferente del Gobierno y el avance
del paramilitarismo, y esto último también representa el
obstáculo mayor para el desarrollo de la Reforma Agraria.
Acerca del autor
