EL CAMPESINADO ES UN MOTOR PARA LAS TRANSFORMACIONES
Himelda Ascanio
El campesinado colombiano es quien más ha sufrido el despojo
y el genocidio en curso contra los liderazgos sociales. Razón
por la cual se ha movilizado varias veces durante el gobierno
de Petro, exigiendo el desmonte del paramilitarismo y realizar
la prometida reforma agraria.
Los territorios y comunidades campesinas han
estado en el centro del conflicto social, político,
ambiental y armado, por un lado, por la exclusión y
la estrategia de tierra arrasada que durante décadas
han padecido, sumado al desconocimiento de sus derechos
y el narcoparamilitarismo que ha asesinado centenares de
líderes y lideresas sociales, solo por defender la vida y el
territorio.
Solo hasta el 2023, el campesinado logró que se aprobara su
reconocimiento como sujeto de derechos, lo cual constituye
un logro histórico. Aunque todavía falte mucho para lograr
una implementación real y existan la legislación que atenta
contra la tierra y los territorios y, por tanto, contra la vida
misma de los campesinos y campesinas de Colombia.
Con el gobierno de Petro, aunque se han hecho algunos
esfuerzos en torno a la titulación de tierras y legislación,
estas también se han visto truncadas por la oligarquía
y las formas en que el gobierno asumió alianzas con los
representantes del viejo régimen. Además de la incapacidad
gubernamental para acabar con la estrategia paramilitar
y el genocidio contra los liderazgos sociales, en donde el
campesinado ha puesto la mayor cantidad de dirigentes
comunitarios asesinados.
Una de las reformas intentadas por Gustavo Petro fue la
agraria. El presidente, cuando inició su gobierno, puso como
punto de referencia las 3 millones de hectáreas relacionadas
con el capítulo de tierras del Acuerdo de Paz con las FARC de
2016. Y aunque sí se han devuelto tierras al campesinado,
solo van alrededor de 135.000 y 184.000 hectáreas, cifra
absolutamente distante de lo planteado. Además, otro lunar
en esta lógica de la compra de tierras tiene que ver con los
sistemas y dinámicas de producción.
Precisamente a mediados del 2024, uno de los paros
campesinos convocados tuvo como principal exigencia la
celeridad y cumplimiento de la llamada política de reforma
agraria, señalaban también la imposibilidad de implementar
reformas, ya que la mayoría del Congreso defiende grandes
intereses económicos. De hecho, finalizando ese mismo año,
el campesinado tuvo que volver a convocar movilizaciones en
el marco de la COP16, ante la ley que permitía la delimitación
temporal de zonas de recursos naturales, con lo que se volvió
a poner en riesgo la explotación de páramos y ecosistemas.
Movilizaciones por la vida
Además de estas movilizaciones por la vida de los territorios,
el movimiento campesino ha vivido una constante
movilización para denunciar el genocidio y la estrategia
paramilitar que continúa amenazándolos.
La muerte del líder campesino Narciso Beleño a principios
del 2024, significó una muestra más de cómo este proyecto
de muerte continúa ejerciéndose con la participación del
Estado y sus Fuerzas Militares. Justamente, este asesinato
fue denunciado por la orden, participación y ejecución de
mandos militares en la llamada región de los Dos Ríos (Cauca
y Magdalena), que ya se había movilizado denunciando la
connivencia y vínculo de militares y paramilitares.
El campesinado y la defensa de la vida en los territorios es
fundamental para la construcción de la paz y para la realización
de cambios estructurales. Ha quedado claro, durante estos
últimos años, que por la vía de la institucionalidad y el
establecimiento no habrá transformaciones, ni vida digna
para campesinos y campesinas.
Un proyecto de real reforma agraria tiene que plantearse
desde la concepción de los Planes de Vida de los
territorios campesinos, labrarse desde las necesidades y
la implementación efectiva e inmediata, poniendo como
protagonista a la sociedad. Esto es cambiar el modelo
económico que expolia, el régimen político que arrasa y la
Doctrina de Seguridad que asesina al pueblo campesino.
Asesinatos de la semana
Wilmer Ruíz Delgado, firmante del Acuerdo de Paz que se
encontraba cumpliendo con su proceso de reincorporación
bajo resolución 11 del 05 de junio de 2017, en el Yarí, La
Macarena, Meta; fue asesinado cuando se encontraba en el
asentamiento Cataleya No 2, en San Vicente del Caguan.
Adán Enevia Dovigama, era un reconocido líder social e
indígena, miembro destacado de la comunidad Bajo Humacas,
parte del Resguardo Indígena Unificado Embera Chamí del
municipio de Mistrató, Risaralda; fue asesinado con arma de
fuego en horas de la noche al interior de su vivienda en la
vereda Alto Humacas.
