Himelda Ascanio
Las dinámicas del conflicto social, político, económico y
armado en Colombia, presentan múltiples expresiones,
que se repiten cíclicamente con mayor intensidad, como
respuesta ante el evidente desprecio del Estado, por asumir
las transformaciones que permitan superar los problemas
profundos que lo generan.
Durante la gestión del Gobierno Petro (2022-
2026), quedó en evidencia la absoluta negativa
de los órganos del Estado para permitir y sopesar
reformas, aunque no fueran muy profundas, que
posibilitaran algunos beneficios para las mayorías. Más allá
de la fracasada estrategia del gobierno al intentar negociar
una supuesta gobernabilidad, el régimen a través de las ramas
del Estado negó la mayoría de iniciativas reformistas del
gobierno, lo cual solo beneficia a quienes quieren mantener
sus privilegios y las desigualdades, y seguir atizando el
conflicto interno.
Incumplir es una política de Estado
Las organizaciones populares y el movimiento social tienen
sistematizado una lista de compromisos que el Estado
colombiano ha incumplido. Movilización tras movilización,
la lógica es la misma: promesas de cumplimiento frente a
acuerdos incumplidos. Una de las razones de esta espiral de
desgaste y desdén frente a las exigencias populares, es la
infinita burocracia y las marañas leguleyas, que imposibilitan
aún más las posibilidades de concretar soluciones.
Igual pasa con los acuerdos en negociaciones, diálogos y
mesas de paz. Más allá de la errónea política de paz presentada
por el gobierno Petro. Incumplir en estos procesos es una
repetición en todos los gobiernos.
Además de la propia falta de compromiso y seriedad desde
el alto gobierno para asumir un proceso de diálogo, desde la
negativa a los principios fundamentales de la Buena Fe y
el cumplimiento de lo que se pacta, es real que existe una
ausencia total de disposición del Estado para facilitar la
concreción de lo acordado.

Los propios funcionarios y delegaciones del gobierno
conocen esta realidad, pues ante los reclamos, las excusas
siempre se sustentan en las “dificultades para coordinar
entre entidades” o la imposibilidad de cumplir ante la
trillada “independencia de poderes del Estado”. La voluntad
de transformaciones y de construcción de paz, se ahogan en
las estrategias de entrampamiento diseñadas por el régimen.
La gravedad se hace mayor con la ampliación de las
desigualdades, las políticas de persecución y exterminio
de los liderazgos sociales, y la Doctrina de Seguridad.
Pues ante la imposibilidad de generar transformaciones
necesarias, pero sí la continuidad de estas políticas de guerra
contrainsurgente, se perpetúa el conflicto y la violencia. En
contraposición de la solución política.
Mientras ese diseño no cambie y el Estado sea uno para la
guerra, pero no exista para la Paz, será imposible el desarrollo
de procesos de construcción de las transformaciones
necesarias para superar el conflicto. Seguirá esa espiral de
incumplimientos y burlas, y tendrá que ser desde las fuerzas
populares movilizadas, quienes forjen dichos cambios, por
las vías que sea necesario.
Asesinados de la semana
Ruviel Hurtado Gironza, era un reconocido líder social y
miembro activo de la Mesa de Víctimas, destacado por su
trabajo en favor de la comunidad del municipio de Sucre,
Cauca; fue hallado con múltiples impactos de arma de fuego
en el sector conocido como Puente Fierro, en el corregimiento
de Los Uvos, jurisdicción del municipio de La Vega, Cauca.
Guillermo Velasco, era un reconocido líder social y
campesino, fundador de la Asociación Agroperpetua, desde
donde apoyaba a pequeños productores y agricultores. Se
desempeñó como vicepresidente del acueducto del Socorro,
liderando luchas por la garantía del derecho al agua
comunitaria y fue integrante de la Junta de Acción Comunal
(JAC) de la vereda La María; fue asesinado el 27 de octubre
cuando hombres armados llegaron al sector de la finca La
Abadía, perteneciente a Agroperpetua, en el corregimiento
de Tenjo, Palmira, Valle del Cauca.
