Chavela Villami
Es propio del modelo económico la acumulación de capital
en un reducido grupo plutocrático, lo que implica que otros
sectores diezmen el acceso a recursos, lo que exacerba
la pobreza (monetaria y multidimensional) e incrementa la
brecha de desigualdad.
El modelo en sí mismo suscita la desigualdad
socioeconómica y para sostenerse incrementa
constantemente los índices de pobreza
(multidimensional y monetaria), indicadores que
afectan con mayor fuerza a países dependientes de la
economía externa; además, los fenómenos macroeconómicos
que han venido desarrollándose durante los últimos años,
han generado una desaceleración global de la economía,
suscitado un incremento de la inflación y la disminución del
Producto Interno Bruto; esto genera una caída abrupta del
poder adquisitivo per cápita que a su vez suscita una caída
brutal de la demanda que estanca la economía, exacerbando
el déficit de costo de vida y acercándonos una inevitable
recesión, que podría evolucionar y transformarse en un
periodo de estanflación.
Crece la desigualdad y escasea la comida
El panorama de la inseguridad alimentaria continúa
creciendo aceleradamente a nivel global, según el Informe
Global de Crisis Alimentarias (GRFC, por sus siglas en
inglés), en colaboración con la FAO y otras agencias de la
ONU, aunque mejoró marginalmente en comparación con el
año anterior, sigue siendo crítica en comparación con los
niveles prepandémicos. Actualmente más de 300 millones
de personas enfrentan desafíos agudos para asegurar una
nutrición adecuada; el informe destaca que durante el 2023,
casi 24 millones más de personas, enfrentaron altos niveles
de inseguridad alimentaria aguda.
Según el GRFC en países con datos comparables entre 2022 y
2023, la inseguridad alimentaria aguda se agravó en 12 de ellos,
es decir en 2023 surgieron 13,5 millones de personas adicionales,
que necesitaban urgentemente asistencia alimentaria y de
subsistencia. De estas personas, dos tercios estaban ubicadas
en Sudán. Mientras tanto, en 17 países la seguridad alimentaria
mejoró, lo que significó que 7,2 millones de personas menos
enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.
Treinta y seis países han aparecido constantemente en los
análisis de GRFC desde 2016, lo que refleja años continuos de
hambre aguda, que actualmente representan el 80 por ciento
de los más hambrientos del mundo; de igual forma, ha habido
un aumento de un millón de personas que enfrentan niveles de
emergencia (Fase 4 de la CIF/CH) de inseguridad alimentaria
aguda en 39 países y territorios, con el mayor aumento en
Sudán.
En este mismo contexto, en 2023, más de 705.000 personas
se encontraban en el nivel de inseguridad alimentaria de
Catástrofe (Fase 5 de la CIF/CH) y en riesgo de morir de
hambre: la cifra más alta en la historia de informes del
GRFC y cuatro veces más que 2016. La situación actual en
la Franja de Gaza da cuenta para el 80 por ciento de quienes
enfrentan una hambruna inminente, junto con Sudán del
Sur, Burkina Faso, Somalia y Malí.
En el citado Informe por primera vez aparece la población
colombiana en los indicadores de inseguridad alimentaria
aguda, el informe es categórico al afirmar que, “entre
población residente de Colombia y migrantes y refugiados,
sostiene que la primera padece uno de los niveles más
altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad
laboral de la región, pese a ser un país de ingresos medios
o altos, con una alta capacidad gubernamental para apoyar
a su población”. En total 1,3 millones de personas o el 3 por
ciento de la población residente de Colombia, enfrentó a
graves niveles de inseguridad alimentaria aguda, sobre todo
en las zonas rurales, debido a los bajos ingresos y la alta
vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos externos.
Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), en nuestro país más de 17 millones de
personas no cuentan con acceso a los alimentos básicos,
19.634.410 de personas (33,6 por ciento) padecen pobreza
monetaria, mientras en centros poblados y rurales dispersos
la cifra aumenta al 45,9 por ciento. El año anterior 33,20
por ciento de las familias colombianas se vieron obligadas a
gastar sus módicos ahorros para cubrir los alimentos básicos,
otros cubrieron estos gastos con créditos de consumo, otro
marcado porcentaje recurrió a la reduflación [*], para
no caer en la marginalidad; según el DANE, el 43,4 de los
hogares declararon haber tenido dificultades para acceder a
los alimentos en los últimos seis meses del 2023.
Requerimos nuevos paradigmas económicos
El déficit alimentario obedece a la marcada pérdida de
poder adquisitivo per cápita que vienen experimentando
las familias, en 2023 este índice osciló en 34,9 por ciento;
es decir, por cada 10.000 pesos de ingresos recibidos, su
capacidad de compra decreció en 3.490 pesos. Acabar la
inseguridad alimentaria implica cambios trascendentales
en el modelo económico y productivo del país, que deben
empezar por renegociar los TLC e invertir de manera integral
en la producción nacional, para poder solventar el consumo
interno y disminuir importaciones.
La reactivación económica depende del incremento del
poder adquisitivo per cápita, ya que este es el encargado de
incrementar la demanda y por ende aumentar la fluctuación
de masa monetaria. Actualmente 6 de cada 10 colombianos
vive del empleo informal o rebusque, que no les permite ni
siquiera solventar los gastos básicos, lo que directamente
incrementa los indicadores de pobreza.
Reactivar nuestra economía tiene implícito una política
económica centrada en la formalización del empleo, una
tributación cargada sobre los grandes capitales, de orden
redistributivo y sin destinarla al Gasto Corriente (burocracia,
guerra, pago de intereses de la Deuda Externa); solo de esta
manera, es posible incrementar el capital liquido circulante
y frenar la caída abrupta de la demanda, que desacelera la
economía y desembocaría en una inevitable estanflación.
