Chavela Villamil
En los últimos años nuestra economía ha sufrido una
desaceleración continuada que ha decrecido los ingresos,
sin embargo, continúan sosteniendo una política que se basa
en sobre incrementar el Gasto Corriente, sobregirando los
empréstitos e incrementando el déficit fiscal, dejando en vilo
nuestro futuro económico.
El modelo económico que rige la economía se basa
en la acumulación de capital en un reducido grupo
plutocrático, lo que acrecienta la desigualdad y
pauperiza el resto de esferas de la sociedad; aunado
a esto, los fenómenos macroeconómicos que han venido
desarrollándose durante las últimas décadas y exacerbados
por el periodo pandémico y pospandémico, han generado una
desaceleración global de la economía, que impacta con mayor
fuerza las economías dependientes del capital extranjero;
desde luego esto genera una caída abrupta de la demanda
que desacelera el mercado, estanca la economía, desacelera
el Producto Interno Bruto (PIB), entre otros.
Continuar aumentando el Gasto Corriente
pone en vilo nuestra solvencia
La política monetaria instaurada históricamente por
sucesivos Gobiernos y continuada por este, sigue enfocada
en proteger los intereses oligopólicos, convirtiéndola en
un factor deficitario del erario, ya que constantemente
sobregira los empréstitos y este flujo lo destina al Gasto
Corriente (burocracia, guerra, pago de Deuda Externa), lo
que debilita el producto interno y aumenta el déficit fiscal.
De acuerdo a los análisis y proyecciones del Banco de la
República, el déficit fiscal cerrará este año en 6,9 por ciento
del PIB [1]; el año anterior el gasto en funcionamiento creció
aproximadamente un 25,8 por ciento nominal, respecto al
anterior y muy por encima del PIB que tan solo fue del 1,7
por ciento, lo que muestra claramente el desbalance entre
ingresos y egresos en el erario, que llegó a su punto más alto
desde la pandemia.
El déficit fiscal creciente y continuado aunado al desbalance
persistente entre ingresos llevó a que la agencia Fitch
Ratings por segunda vez en el año, devaluara la calificación
crediticia de nuestro país, bajándola de BB+ a BB [2], -dos
escalones por debajo del grado de inversión-, esta degradación
crediticia tiene implicaciones de diverso tipo, pero el más
inmediato es el incremento de los intereses corrientes de
los empréstitos que agobian a nuestro país.
Herencia desastrosa: mayor déficit y peor deuda
Este gobierno no ha podido paliar el déficit creciente, ni
ha podido financiarse vía impuestos; entonces, recurrió a la
peligrosa medida de flexibilización de la Regla Fiscal, para
no cumplir la norma que exige, que el Déficit Fiscal no debe
sobrepasar el 4 por ciento del PIB, de esta forma, el Ministerio
de Hacienda proyectó este año un déficit superior al 7 por
ciento, para acceder a recursos que en términos tangibles
no posee, en otras palabras, esta nueva política le permite
endeudar al país a tasas de interés exageradas. A este
desajuste, se une el hecho que nuestro país ha decrecido su
Calificación de Riesgo, lo que conlleva que la tasa de interés
anual se incremente y llegue hoy alrededor del horrible 14
por ciento.
En la actualidad el Déficit Fiscal supera los 139 billones de
pesos, lo que supera el monto que se puede recaudar por
tributación, y mucho más complejo si se tiene en cuenta que
la Ley de financiamiento que palearía el déficit fue hundida
recientemente en el Congreso, lo que deja en vilo completar
la financiación del Presupuesto General del próximo año;
dejando al país en un gran riesgo fiscal, que si bien no es en el
corto plazo, en el mediano y largo plazo las cifras negativas
podrían devastar nuestra economía y, como lo muestra la
tendencia, el principal afectado sería el Gasto Social, lo que
incrementaría la pobreza monetaria y multidimensional, y
la brecha de desigualdad social.
No es posible disminuir el déficit
sin decrecer el Gasto Corriente
Uno de los principales problemas del país es de orden
económico, ya que las políticas públicas continúan basando
el sistema tributario en lo que se denomina ‘captación por
nicho masivo’, es decir, trata de captar dinero del mayor
número de personas posibles, que son mayoritariamente
clase media y baja, por esto, estas siempre son los más
afectados con las Reformas Tributarias.
Este gobierno de izquierda neoliberal sigue aplicando el
dogma capitalista del ‘Efecto Goteo’ o Trickle Down Effect
(TDE, por sus siglas en inglés), donde la productividad y el
desarrollo supuestamente se sustentan en la reducción de
la tributación de los mega empresarios, para aumentar su
riqueza a grado tal, supuestamente para que “gotee” hacia
el resto de la sociedad, dogma que ha sido ampliamente
rebatido por los resultados desastrosos, en cuanto que
resultó incrementando brutalmente la desigualdad social. La
aplicación de esta ideología neoliberal nos ha llevado a que
el empleo informal supla la inexistencia de plazas laborales,
y a su vez ha incrementado ostensiblemente la pérdida de
poder adquisitivo per cápita.
La política económica del país debe estar fundada en
favorecer a todos los colombianos, aplicando un modelo
redistributivo, que tome la sobre producción monetaria del
oligopolio y la emplee en inversión social integral redituable,
a la par que subsidia capas bajas de la sociedad; esto implica
nuevos paradigmas que tenga como base el aumento del
poder adquisitivo per cápita, el desarrollo integral y el
fortalecimiento del sistema productivo nacional y romper
la lógica antifinanciera de una Deuda Externa tóxica e
impagable, que asfixia el PIB y devalúa nuestra divisa.
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