Antonio García, Primer Comandante del ELN
En mi columna del 4 de agosto, con el título: ‘De reojo… ojalá
no pase de largo’, expresaba la preocupación que muchos
colombianos, podría arriesgarme a decir de una mayoría,
teníamos frente a cómo operaría la justicia en el caso de
Álvaro Uribe Vélez.
Efectivamente se le acusó y condenó en primera instancia,
pero no por los delitos que debía ser, y también resultó
cierto, por ahora, que la justicia del Régimen «pasó de
largo».
Aunque se diga que la memoria falla a veces, cuando se trata de
la memoria de las Víctimas por lo general persiste hasta el final,
esa memoria No Olvida, No Olvida.
Así, resulta que las recientes confesiones de los hermanos
Francisco y Jaime Angulo Osorio ante la JEP, aportan nuevos
elementos de investigación frente a las masacres de La Granja
y El Aro, ocurridas en Ituango Antioquia en 1996 y 1997
respectivamente, en las cuales fueron asesinadas 24 personas,
así como del asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, defensor
de derechos humanos en Antioquia (1998). Se trata de hechos
que por su impacto y gravedad fueron declarados por la Corte
Suprema de Justicia, en 2020, como Crímenes de Lesa Humanidad.
Sus confesiones tienen que ver con su participación en la
financiación y apoyo logístico de los grupos paramilitares,
vinculados al jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
Salvatore Mancuso, también narraron el papel clave de altos
funcionarios de la Gobernación de Antioquia, durante el mandato
de Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia por delitos
menores (fraude procesal y soborno).
De acuerdo con la confesión de Francisco Angulo, en la cual expone
que: “Hice parte de la Convivir como auditor fiscal. Este grupo
fue creado para ser un intermediario legal entre paras y Ejército.
Teníamos con los paras una relación de amistad, de financiamiento
y de entrega de información. El rol mío y el de todos los que
colaboramos fue haber financiado y prestar ayuda de víveres,
medicinas, transporte, alojamiento, y dinero a los paras, al igual
que darle información al Ejército y a la Gobernación de Antioquia
de dónde debían bombardear, todo eso permitió la masacre del Aro
y La Granja. Los transportadores, ganaderos, cafeteros, tenemos
que ver, ya que financiamos y prestamos logística, para que el
grupo ingresara y se mantuviera en la zona”.
Los hermanos Angulo dicen que la masacre de La Granja se gestó en
una finca llamada El Porvenir, ubicada en Caucasia (Antioquia).
A esa reunión asistieron los ganaderos y otros comerciantes de
Ituango, luego que en marzo de 1996 llegara un fax a la sede de
la empresa Colanta del municipio. En el documento citaban a las
“personas pudientes de Ituango que tuvieron problemas con la
guerrilla”. Es necesario recordar que el 12 de febrero de 2025,
Francisco Angulo también vinculó en su testimonio a la empresa
Colanta. Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas le preguntaron: “¿Qué sabe a detalle sobre la posible
relación de grupos paramilitares y la empresa Colanta?”. A lo que
él respondió: “También fue citada como empresa a la reunión en
Caucasia y pagaba a los paramilitares”. Cabe entonces preguntarse
¿por qué los paras envían un fax a Colanta citando a otras personas
a dicha reunión?
Los hermanos Angulo en su declaración vincularon a dos
funcionarios de confianza de la administración de Uribe: Pedro Juan
Moreno, secretario de Gobierno durante ese periodo y “fallecido”
en 2006, y un asesor de apellido Zapata, a cargo de tramitar la
legalización de las asociaciones Convivir. Al respecto Angulo
explicó el procedimiento para establecer estas organizaciones.
“Había tres pasos básicos: Se constituía la asociación (la Convivir);
luego debíamos tener un concepto militar favorable de la Cuarta
Brigada del Ejército; después se solicitaba el reconocimiento de
la personería ante la Gobernación de Antioquia (que fue firmada
por Zapata) y; después se tramitaba ante la Superintendencia de
Vigilancia las armas y radios de comunicaciones”. Lo que llama la
atención es el tiempo récord de este tipo trámites. El acta militar
que permitió la existencia de la Convivir en Ituango, se expidió
al día siguiente de su creación, y la resolución del reconocimiento
legal desde la Gobernación fue emitida solo nueve días después.
Se trata justamente del andamiaje de una de las principales
políticas de Uribe, en su paso por la gobernación y que fomentó
para consolidar el poder paramilitar en la región, y luego en
el resto del territorio nacional, ya como Presidente. En sus
confesiones los testigos relataron prácticas estremecedoras
de los paramilitares, como el arrojo de víctimas a precipicios
conocidos como los voladeros de Chingalé, ubicados entre Ituango
y Medellín, y vínculos familiares directos entre integrantes de
Convivir y quienes ejecutaban las masacres.
Muy probablemente la justicia del Régimen colombiano hará
caso omiso de la responsabilidad de Uribe, en la barbarie
cometida contra el pueblo colombiano, pero las victimas
no olvidan, la memoria perdura. Este es el primer round
de una pelea que no ha terminado, tampoco es el ring que
debería ser, ya llegará el adecuado donde al final la verdad
se impondrá, pues ya asomó la cabeza.
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