Amalia Santana
El Gobierno Nacional radicó un Proyecto de ley, para dar trato
penal preferencial al Cartel de la droga Clan del Golfo y a
las bandas conformadas por ex integrantes de las extintas
Farc, así ratifica su prioridad de beneficiar jurídicamente al
paramilitarismo.
El compromiso de legislar sobre el sometimiento
de bandas y grupos delincuenciales, ha sido un
especial interés del gobierno nacional, como parte
de su política de paz total, pero llama la atención
el giro que le ha dado a esta aspiración, en el tiempo final
de su administración. El Ministerio de Justicia ha pasado
de hablar del ‘sometimiento de estas bandas’, como lo
pretendía en el Proyecto de ley radicado en 2023, a dar un
‘tratamiento penal diferenciado’, que incluye mecanismos
de la justicia transicional y que trata muy favorablemente al
paramilitarismo, responsable de la agudización de la guerra
contra la sociedad en distintas regiones del país.
Es indicativo que, el gobierno nacional se ha negado a
cumplir su compromiso de sacar al ELN de la lista de los
Grupos armados organizados (GAO), y mientras permanecen
en las cárceles y son asesinados jóvenes de la Primera Línea,
el mensaje que se le transmite al país es que, para este
gobierno su prioridad en la agenda de construcción de paz,
es la de entregar beneficios al paramilitarismo, el arma de
guerra preferida del plan imperialista.
Un legislador vasallo de EEUU
Por lo menos tres cosas evidencian y ratifican lo que ya
hemos dicho desde el ELN, sobre la situación de la guerra en
Colombia y las limitaciones de la política estatal de paz.
La primera es que la ya mencionada priorización de beneficios
jurídicos para paramilitares, la acompañan de menciones y
disposiciones específicas que beneficiarán especialmente a
los narcoparamilitares del Clan del Golfo, responsables del
derramamiento de sangre de comunidades campesinas y
pueblos étnicos en todo el territorio nacional.
Estas disposiciones también están dirigidas a reforzar lo ya
negociado con las bandas ex Farc, a quienes se les reconoce
directamente en este Proyecto de ley a través de dos figuras:
1) en la inclusión en este tipo de tratamiento penal de quienes
han sido excluidos de la JEP y 2) en el reconocimiento de
Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), como espacios para
cumplir penas. Es tan claro que este Proyecto de ley va al
servicio de ellos, que ya se estas bandas las han aceptado
públicamente.
Un segundo aspecto tiene que ver con lo que no se nombra a
través del empleo constante de eufemismos que pretenden
desconocer la realidad. Bajo la figura de GAOs y de ‘estructuras
armadas organizadas de crimen de alto impacto’ se pretende
desnaturalizar el conflicto armado en Colombia, como ya lo
ha dicho el ELN. Mientras no se nombran por ningún lado
a los directos beneficiarios de esta iniciativa, como lo que
son: paramilitares, se intensifica el desconocimiento del
delito político; pues, ni siquiera se menciona en este marco
jurídico la existencia de ‘organizaciones armadas rebeldes
con carácter político’, como lo hacía el Proyecto de ley
radicado en 2023, sino que con algo de pudor mencionan,
los ‘delitos contra el orden constitucional vigente’.
Tercero, es por lo menos grosero con la juventud que en
una iniciativa orientada a abordar el tratamiento penal
y los beneficios jurídicos para paramilitares, traquetos y
narcotraficantes, se incluya bajo estas definiciones a los
jóvenes de la Primera Línea y a quienes hacen uso legítimo
de la protesta social, como si tuvieran relación o parecido
alguno con esas estructuras criminales.
Una idea de paz y otra de pacificación
En suma, en los artículos del mencionado Proyecto de ley,
sintetizan la esencia de la idea de pacificación que el actual
gobierno tiene: a) que es con los paramilitares y no con el
pueblo; b) que no reconoce la existencia de un conflicto
armado con causas estructurales sociales, políticas y
económicas y c) que se reduce a la tan ya fracasada ambición
de la desmovilización de los grupos armados. Sigue siendo
esta una definición de paz muy distante a la que hemos
propuesto de justicia social y cambios diseñados con la
participación de la sociedad.
