Paula Solano
Se cumplen casi cuatro meses del inicio de la confrontación
del ELN con las disidencias del Frente 33 de las Exfarc en el
Catatumbo. Desde el inicio de esta disidencia, fue claro que
estaban interesados en el negocio del narcotráfico.
Con el pasar de los años, se convirtieron en una banda
que maltrata y constriñe la población catatumbera,
incluyendo torturas a pobladores de la región, la
creación de campos de concentración a quienes se
opusieran a ellos, masacres de familias, instrumentalización
y esclavitud de la población indígena, feminicidios luego
de que algunas mujeres se negaran a sostener relaciones
sexuales con sus cabecillas, entre otros diversos crímenes.
Luego de múltiples diálogos, el ELN tomó la decisión de
confrontarlos militarmente el 16 de enero, al no haber
cambios en su comportamiento, viendo que estaban
llevando la región a la debacle, con sus crímenes e interés
narcotraficante. Ante la decisión de confrontación del ELN
a esta estructura criminal, el gobierno de Petro reaccionó
tildando al ELN de “genocida”, “narcotraficante”, “amenaza
transnacional”, y que el ELN es una “organización criminal”
sin ideales políticos, entre otros muchos calificativos.
Se desgranan las disidencias
El presidente suspendió la mesa de diálogos con el ELN el
17 de enero, mientras que fortaleció los protocolos de mesas
de sometimiento con esa disidencia, que se autodenomina
Estado Mayor de los Bloques, después de su separación
con las disidencias de Iván Mordisco, a quienes no hacía
mucho había defendido calificándolos como “verdaderos
precursores de la paz”; a la vez que inició una ofensiva
militar en el Catatumbo para atacar al ELN, con la llegada de
10 mil efectivos.
El 17 de abril el presidente firmó un Decreto que sorprendió
al país, pues en la práctica es un cese unilateral de las fuerzas
del Estado con estas disidencias, Petro calificó el decreto
como un gesto por parte de su gobierno para promover que
el Estado Mayor de los Bloques (frente 33, las disidencias
de Antioquia, Sur de Bolívar y las de Calarcá en el Guaviare)
avanzaran en la concentración en sitios específicos y de ahí
continuar con la dejación de armas.
Las disidencias de Calarcá respondieron al Decreto con un
ataque al Ejército que dejó 7 bajas en el Guaviare, a la par
que envió una carta al presidente diciendo que su grupo no
estaba de acuerdo con acciones unilaterales e imposiciones
de Petro, porque nunca habían acordado ir a zonas de
concentración ni la dejación de armas, Calarcá llamó a
Petro para que respetara una mesa de conversaciones que
sostienen con delegados de su grupo En la carta reconoció
que los únicos que estaban en disposición de concentrarse
eran las disidencias del Frente 33 en el Catatumbo.
Una zona para hacer el ‘lavado de cara’
Durante el fin de semana del 3 y 4 de mayo de 2025, resultó
un acuerdo entre el Estado Mayor de los Bloques con el
gobierno nacional, en donde solo firman los integrantes
del Frente 33, en sesiones llevadas a cabo en Cúcuta, en
las que no participaron los demás integrantes del grupo de
disidentes que conforman el Estado Mayor de los Bloques.
El acuerdo dice que la zona será en la zona rural de Tibú sin
mencionar el lugar específico, mencionando que será una zona
de presencia integral del Estado colombiano con proyectos
de inversión y sustitución de cultivos. El Acuerdo Final del
2016 decía algo similar sobre las zonas de concentración de
los excombatientes de las FARC, sin embargo al día de hoy
lo que vemos es que muchas de esas zonas, se convirtieron
en Bases Militares del Ejército estatal incrustadas en las
regiones, sin que llegará la inversión social al territorio o
presencia del Estado de otro tipo.
Desde diversos sectores han expresado su preocupación
por este acuerdo de concentración y el papel de esa zona en
un momento donde la confrontación bélica sigue vigente,
mencionando que la población catatumbera es la que sufre
en caso de darse un escenario de concentración de esas
disidencias. Lo cierto es que este acuerdo sería la legalización
de lo que ha venido haciendo las Fuerzas Militares y la banda
en el territorio.
La banda logró concentrarse en Versalles, corregimiento
de Tibú, con el apoyo del Ejército estatal, incluso usando
soldados que se cambiaron el brazalete, desde donde han
desplegado diferentes ataques a las fuerzas del ELN, pero
sobre todo ataques sistemáticos a la población civil en medio
de su ‘retoma’ territorial.
No les cuadran las cuentas
El 12 de abril, a casi 3 meses del inicio del plan Catatumbo del
Ejército Nacional, en los resultados entregados en rueda de
prensa, por parte del Comandante de las Fuerzas Militares,
General Luis Emilio Cardozo, habló del “sometimiento de
128 miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC,
quienes se entregaron al Ejército nacional”. En la zona, lo que
ha constatado el ELN es que luego de entregados a las Fuerzas
Militares, muchas de esas personas regresaron al Catatumbo
nuevamente como combatientes de las disidencias, armados
con las mismas armas que habían entregado a las Fuerzas
Militares.
En la información oficial que debe reportar el Ministerio de
Defensa trimestralmente, dice que para los tres primeros
meses del año la cifra de personas entregadas de las
disidencias a las fuerzas del Estado, que se acogen a un plan
de sometimiento o desmovilización en Norte de Santander,
es apenas de 48, ¿por qué el General Cardozo dice que son
128?, ¿por qué hay una diferencia de 80 personas en las
declaraciones oficiales de Cardozo y las cifras del Ministerio
de Defensa?, ¿los recogieron para salvaguardarlos bajo la falsa
figura de sometimiento, que no cumplieron legalmente, para
poderlos regresar al territorio a que siguieran combatiendo?,
¿con esta legalización y reciclaje de esta banda, continúan
su estrategia a sangre y fuego contra el ELN?, ¿el Estado de
Conmoción Interior le dio esas facultades al Ejército?
Estas son solo algunas dudas con respecto a la situación
jurídica, política y militar que se presenta en el Catatumbo
al día de hoy, donde la actuación del presidente de Colombia
y su apoyo irrestricto a una banda de criminales, no aporta
a la solución política al conflicto del país, antes al contrario,
fortalece la guerra proxy conveniente a los intereses de los
gringos en nuestro país.
