Himelda Ascanio
Desde hace varias décadas, Colombia sufre un genocidio continuo
contra el liderazgo social. Uno de los compromisos del Mandato Popular
por los cambios, entregado al presidente y vicepresidenta al inicio del
actual gobierno, era justamente detener dicha masacre contra estos
liderazgos. Sin embargo, no fue así y el genocidio continúa.
El más reciente Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Colombia, ‘Informe temático sobre la
situación de las personas defensoras de derechos
humanos en Colombia-2022-2025’, plantea de manera
explícita la continuidad de la persecución y eliminación que
ejecutan contra los liderazgos sociales.
El Informe coincide con lo expuesto por organizaciones,
movimientos sociales y por el Ejército de Liberación Nacional
desde hace mucho tiempo; el asesinato sistemático y continuo
contra los liderazgos está sostenido estructuralmente, por
el incumplimiento de los deberes del Estado en todas las
regiones, por la impunidad y la propia estigmatización que los
gobiernos han promovido sobre los liderazgos, comunidades
y pueblos.
Todo ello sumado a políticas gubernamentales, que mantienen
las desigualdades y aumentan los niveles de corrupción en
todos los ámbitos estatales, consolidando mafias y clanes.
Así como la aplicación de una política contrainsurgente y
militarista que ahora protege a las bandas narcoparamilitares,
perpetradoras de los asesinatos a líderes y lideresas.
Verdades, mil veces dichas
El Informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU
plantea la “persistencia de conflictos armados en varias
regiones del país”; el Estado no ha logrado frenar o combatir
efectivamente esta situación, es la incapacidad del actual
gobierno para plantear acciones reales y efectivas, que
conlleven a combatir este genocidio contra los liderazgos de
sectores, comunidades y pueblos.
Según el Informe, entre enero de 2022 y diciembre de
2025, se presentaron 410 asesinatos contra defensores y
defensoras de derechos humanos; de estas víctimas, 171
eran campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes.
A nivel territorial, los departamentos del suroccidente
colombiano ocupan los tres trágicos primeros, lugares en
número de víctimas: Cauca (84), Valle del Cauca (37) y Nariño
(36). Seguidos por Arauca (36), Putumayo (34), Norte de
Santander (21), Antioquia (19), Bolívar (15), Chocó (14) y
Guaviare (14) [*].
Al estudiar el informe queda evidente el fracaso de la
política de paz del gobierno Petro. Incluso menciona la
poca articulación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas
estatales, para cumplir con los mecanismos de prevención
y protección del Estado, como las alertas tempranas de la
Defensoría del Pueblo. Tampoco menciona el agravante
que significa que sea el propio gobierno, quien proteja y
promueva el narcoparamilitarismo a partir de falsos procesos
de paz y las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT);
cuyo caso más extravagante ocurre en el Catatumbo, por el
contubernio que mantienen el ministro Pedro Sánchez con
la banda 33 de las Exfarc.
Por último, el Informe plantea una serie de recomendaciones,
todas ellas basadas en mecanismos y políticas no
implementadas. Lo cual da cuenta de que gran parte de la
responsabilidad en la continuidad del genocidio contra estos
liderazgos sociales, está en la falta de voluntad política del
gobierno para aplicar acciones preventivas y/o correctivas,
tanto en los protocolos y mecanismos ya existentes y de por
sí muy superficiales, como en cambios de fondo que apunten
a desmontar el régimen mafioso y paramilitar.
Asesinados de la semana
Luz Stella Restrepo Londoño, era una reconocida lideresa
social, docente jubilada y destacada por su trabajo en
la Institución Educativa Bomboná, en Puerto Berrío,
Antioquia. Su asesinato fue denunciado por la Asociación
de Institutores de Antioquia (ADIDA) y por la Federación
Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE),
quienes manifestaron que fue asesinada el 13 de marzo, con
arma blanca en la calle 13 de Puerto Berrío, causándole la
muerte en el lugar.
Victoriano Arias Cusaluzán, era un reconocido líder social
e indígena, integrante de la Guardia Indígena Awá, quien
había acompañado procesos comunitarios en defensa del
territorio Awá y además fue gobernador suplente dentro de
ese mismo resguardo en 2013, en el municipio de Barbacoas,
Nariño. El 14 de marzo, su cuerpo fue encontrado sin vida
por habitantes de la comunidad en el camino que conduce de
Yacula a Ñambí.
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