Comando Central (COCE)
El Presidente Petro sabe que el uso de
narcoparamilitares y mafiosos, como estrategia
contrainsurgente de los gringos, es doctrina
de vieja aplicación en América
Latina, y que tal alianza carcome a las Fuerzas
Armadas estatales.
No solo el ELN, también diferentes organizaciones de
Derechos Humanos, liderazgos sociales, la academia
y hasta la propia Defensoría del Pueblo, le hemos
insistido al Presidente Petro, por casi tres años,
que su idea de otorgar reconocimiento político a estructuras
paramilitares y mafiosas, para fragmentarlas y dividirlas
después, no conduce a su desmovilización, ni a la reducción
de la guerra; por el contrario, ha conducido a agudizar la
tragedia humanitaria del país.
La causa del problema del presidente, sigue siendo su
lectura equivocada del conflicto colombiano. Desconociendo
la continuidad de un conflicto armado interno con
causas profundas y estructurales, que aún están lejos de
transformarse, el presidente insiste en su tesis de las
guerras regionales por el control de economías ilícitas.
Las disputas regionales existen, pero no se pueden analizar
al margen de la existencia del conflicto armado interno y sus
causas; mucho menos, pretender que fraccionando grupos
armados, para negociar con cada uno y por separado, va a ir
logrando pequeñas paces territoriales, cuya sumatoria sea
su publicitada Paz Total. Se equivoca, el resultado de dividir
la guerra, ha sido su multiplicación.
Antes de enero de 2023, el Estado Mayor Central (EMC) no
existía; las disidencias de las Farc eran estructuras dispersas
y disgregadas en algunas regiones del territorio nacional,
que solo se coordinaban para realizar negocios de la mafia.
No tenían coordinación política ni mandos nacionales. Esto
se los permitió el presidente Petro. Hasta el nombre del
“Estado Mayor Central”, fue tomando forma en la mesa de
negociaciones con el gobierno, pues en meses y semanas
pasaron de ser “las verdaderas Farc”, a ser “las Farc aún en
armas” hasta llegar al EMC.
Este lavado de imagen ocurrió gracias a la mesa de negociación
con el actual gobierno, que les facilitó reunirse a los supuestos
comandantes, que en otras condiciones ni se coordinaban. El
apoyo fue tal, que su fortalecimiento hubiera sido imposible
sin la “cumbre de comandantes” que les permitió hacer el
gobierno, en febrero de 2024, para la que incluso liberaron
a varios integrantes que estaban en las cárceles.
El país conoce lo que pasó después. Como ´mal paga el diablo
a quien bien le sirve’, un año después, la banda Dagoberto
Ramos arreció despiadadamente contra las comunidades
indígenas del norte del Cauca y asesinó a la mayora Carmelina
Yule. Acción tras la que, el gobierno suspendió el cese el
fuego de forma regional en el suroccidente. El cálculo del
gobierno fue el mismo, dividir. Así dio paso a la creación
de la disidencia de la disidencia, que la bautizó luego como
“Estado Mayor de Bloques y Frentes”. Reincidió el gobierno,
y le otorgó reconocimiento político y una nueva mesa de
negociación.
El pacto de no agresión y de protección a estas bandas por
parte del Estado, lo vimos concretarse en el Catatumbo.
Gracias a estos buenos oficios del Estado, la banda del 33
se fortaleció durante el 2024, pese a las denuncias de las
organizaciones sociales, a las advertencias del ELN y a las
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Bastante
responsabilidad le cabe a este gobierno, sobre la situación
desatada en esta región desde inicios de este año.
Así, de tumbo en tumbo, llegamos al escándalo de la semana
pasada. Más allá del show preelectoral que pretende
montar Noticias Caracol, lo que vemos no es nada nuevo.
Particularmente en el Catatumbo, el país lo supo y el ELN lo
denunció, se puso en práctica esta alianza entre militares.
uncionarios del gobierno y bandas narcoparamilitares.
No hay que olvidar la extracción de los jefes del 33 en
helicópteros de las Fuerzas Armadas, o la orden de Otty Patiño
para esconder a alias mocho Olmedo en un apartamento en
Bogotá, o la idea de resguardarlos en una Zona de Ubicación
Temporal.
Pero no solo ocurre en el Catatumbo; durante los últimos años
se han conocido numerosos casos de militares y policías, que
venden armamento e información a estas bandas; incluso,
hace un año la noticia era que militares trasladaban a sus
integrantes desde el Cauca hasta Arauca y hasta ‘les gastaban
cerveza’.
Una cosa queda clara con los refritos de la prensa. Este
gobierno ha propiciado y facilitado todo este despelote,
mientras niega el carácter insurgente y revolucionario del
ELN, única organización rebelde que se ha mantenido en
defensa de los territorios y comunidades, confrontando a
militares y paramilitares, que, como sigue quedando claro,
la misma cosa son.
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