Himelda Ascanio
Mientras desde el gobierno se ratifican alianzas con bandas narcoparamilitares y el presidente imagina atentados en su contra, en las regiones se vive una nueva arremetida de estas bandas contra las organizaciones sociales y los liderazgos populares.
En poco más de una semana se volvió a sentir con intensidad una nueva arremetida contra expresiones del movimiento social en varias regiones del país. Si bien, el genocidio contra líderes y lideresas sociales en Colombia no ha parado, ahora parece entrar en una nueva fase de terror, ya que las bandas narcoparamilitares han iniciado una nueva escalada contra las organizaciones sociales.
El plan y la doctrina contrainsurgente que este gobierno terminó aplicando a raja tabla, va dejando a comunidades enteras cada vez más bajo la amenaza del arrasamiento, con la total complicidad y asociación con el Estado, a través de sus Fuerzas Militares.
Los mataron por “ser elenos”
En una fosa común fueron encontrados los cuerpos de 8 líderes y lideresas sociales asesinadas en Calamar, al sur del Guaviare. Según un documento de la Fiscalía, el motivo para asesinarlas fue: “por sospecha de la posible creación de una célula del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”. Es decir, que los supuestos miembros de la banda ex-farc denominado frente Armando Ríos, aplican de manera criminal la vieja estrategia contra insurgente en la que masacran “por sospecha”.
Este es el accionar de los grupos con los que el gobierno colombiano hace alianzas y hasta los protege, en su afán de aparentar una supuesta política de paz, que no fue otra cosa que la ratificación y continuidad de la vieja y ya derrotada doctrina de eliminar el Enemigo Interno. Aplicada a la población desarmada y ratificando que la continuidad criminal del régimen continúa, ensañándose con el pueblo colombiano.
Complicidad en amenazas y persecución
De igual manera, durante esta semana también se conocieron las amenazas de otra expresión de las bandas Exfarc, contra la población del sur del Cauca. En este caso, la comunidad ha venido denunciando las amenazas y amedrentamiento por parte de esta banda. La propia Defensoría del Pueblo y la ONU han lanzado alertas sobre la situación de vulnerabilidad de los liderazgos sociales de la región y de comunidades enteras, sin que haya una respuesta de parte del gobierno distinta a la permisividad.
No es ninguna coincidencia que el gobierno y las bandas Exfarc, también en el Macizo colombiano, lancen el mismo discurso anti-insurgente con el que amenazan y asesinan. Los comunicados amenazantes denunciados por las organizaciones sociales e indígenas de la zona, dan muestra del temor del Estado y sus narcoparamilitares por la organización popular y la capacidad organizativa del pueblo.
Mientras el presidente Petro imagina atentados en su contra y señala al ELN de quererlo asesinar. Las Fuerzas Militares que él dirige, no solo amenazan, sino que masacran comunidades. Mientras el gobierno intenta desviar la atención con supuesto antiimperialismos, desde el Ministerio de Defensa se ordena la aplicación de la doctrina contrainsurgente y las prácticas de tierra arrasada.
La oligarquía y el imperialismo norteamericano siguen intentando la desaparición y aniquilamiento, ante lo cual seguirá siendo cada vez más firme la resistencia y la confrontación, en la búsqueda de la paz en condiciones de bienestar para las mayorías.
Asesinados de la semana
Nixon Peñaloza Chacón, James Caicedo, Carlos Valero, Oscar Hernández y Maribel Silva, eran reconocidos líderes sociales del departamento del Guaviare; fueron asesinados el 2 de julio en el municipio de Calamar, Guaviare.
En el kilómetro 20 de la vía que comunica a Riohacha, La Guajira con Valledupar, a un costado de esta carretera nacional aparecieron la noche del 2 de julio, los cueros sin vida con señales de tortura de, Jerson Andrei Sanguino Avendaño, Boris Arandete y otra persona por identificar.
