Himelda Ascanio
El gobierno Petro condena a muerte territorios en Chocó y
Córdoba. Con la publicación del decreto por medio del cual
establecen Zonas de Ubicación Temporal -ZUT- con la banda
narcoparamilitar Clan del golfo.
De nuevo, como ya sucedió, vuelve a amenazar en
el Catatumbo, el gobierno utiliza esta figura para
continuar el reconocimiento a bandas y oficializar
la entrega de territorios.
El pasado 22 de diciembre el gobierno publicó el decreto
con el que establecen las ZUT para el Clan del golfo, regalo
navideño para la banda narcoparamilitar, que implica
una tragedia para las comunidades indígenas, negras y
campesinas que habitan estos territorios, que por años han
tenido que soportar el abandono del Estado, sumado al asedio
y el arrasamiento de estos paramilitares.
En Ungüía, Belén de Bajirá en el Chocó y en Tierralta,
Córdoba, sus habitantes han padecido todas las oleadas de
paramilitarismo bajo el nombre de AUC, Urabeños, Clan Usuga
y Clan del Golfo; siendo los mismos con diferente nombre.
Ahora el gobierno Petro plantea oficialmente la entrega de
estos territorios y con ello ratifica su condena a la muerte.
Bandas premiadas por hacer el trabajo sucio al Estado
Desde hace más de tres décadas existen reportes e informes
de cómo el Clan del golfo, los ganaderos y agroindustriales
del banano, sus socios históricos, han ido imponiéndose en
este territorio. Ungüía hace parte de las zonas más ricas
y biodiversas del mundo; sin embargo, hace rato viene
siendo devastada por el arrasamiento y deforestación, para
la imposición de cultivos de coca, explotación de minería
mecanizada, extensión de ganadería y cultivos de palma
aceitera.
Informes de la propia Defensoría del Pueblo documentan
desde hace más de 20 años un proceso de recolonización,
desplazamiento y aniquilamiento de comunidades indígenas,
procesos de tierra arrasada, que han afectado cerca de 10 mil
hectáreas de bosques y Resguardos indígenas, contaminación
de ríos e implantación de cultivos de coca. Un proceso de
configuración del territorio para la consolidación del
paramilitarismo, en donde el Estado lejos de combatir, ha
cohonestado y se ha asociado a estos grupos, ahora legaliza
ese arrasamiento y sometimiento de las comunidades.
Investigaciones del CINEP dan cuenta de como los organismos
e instituciones regionales y nacionales, han cumplido su
función ignorando estas realidades:
“Codechocó y el Ministerio de Ambiente han mostrado un
completo desinterés en el cumplimiento de sus funciones de
gestión de los recursos naturales y atención a los múltiples
daños ambientales, que tienen lugar en una zona de suma
importancia ecológica como lo es el Bajo Atrato, subregión del
Chocó biogeográfico. Han ignorado los reiterativos llamados
de comunidades negras e indígenas, lo cual ha permitido que
las afectaciones a los ecosistemas se agraven y se tornen, en
muchos casos, irreparables” [*].
El Gobierno del cambio, es más de lo mismo
En Ungüía, Belen de Bajirá, en el Chocó, o en Tierralta,
Coŕdoba, no les han preguntado si están de acuerdo o quisieran
que su territorio se convierta en foco de la explotación
y saqueo de una banda narcotraficante, asociada a mafias
internacionales.
Más se demoró Belén de Bajirá en convertirse en municipio
chocoano, que el gobierno en firmar su entrega a las bandas.
Un plan orquestado desde el alto gobierno y el Consejero
Comisionado de Paz, Otty Patiño. Por ello, en Belén de Bajirá
montaron en septiembre un escenario de supuesto diálogo
territorial en el marco de la publicación del Proyecto de Ley
del Marco Jurídico para la Paz Total y la Seguridad Ciudadana,
llamado Ley de Paz Total, un proyecto hecho para la
configuración y beneficio de las bandas narcoparamilitares.
Lo que realmente amasaban los negociadores y funcionarios
del gobierno era la entrega de este territorio en la frontera
entre Chocó y Antioquia.
De fondo está la concesión, como si se tratara de la entrega de
títulos, de la explotación minera a gran escala por parte de las
bandas, pues en este territorio existen grandes yacimientos
de oro, níquel y cobre. En el decreto de la presidencia para
instalar las ZUT, solo refiere a un “documento reservado” el
cómo serán las formas administrativas dentro de esta Zona,
es decir, no hay ninguna evidencia pública, al menos de papel,
en la que el Estado se comprometa con las comunidades,
que de por sí ya vienen siendo victimizadas por esta banda
narcotraficante y paramilitar.
En Tierralta, Córdoba, algunos funcionarios regionales
reaccionaron al conocer la publicación de la resolución
presidencial, recordando que en esa región han sufrido la
presencia paramilitar y han sido testigos de la falsedad de
supuestos procesos de paz con paramilitares, como lo fue
en 2005, el de Santa Fé de Ralito, localizado allí mismo en
Tierralta.
Como si fuera poco, además de estas ZUT, el presidente
anunció la proyección de 5 Zonas de Concentración, en
las que, según informó, estaría el Catatumbo. Y a las que
llegarían “jóvenes vinculados con el conflicto”, lo cual puede
entenderse como otro intento por impulsar la legalización
de las bandas en estos territorios.
Asesinados de la semana
Jairo Alberto Díaz Salazar, era un reconocido líder social,
comunal y campesino, destacado por desempeñarse como
tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jardín,
presidente del Comité Minero de Las Calungas y miembro
activo de ASAMISUR, organización campesina vinculada a
FEDEAGROMISBOL, en el municipio de San Pablo, Bolívar;
fue secuestrado el 21 de diciembre en la vereda El Jardín y
conducido hacia un paraje cercano al corregimiento Santo
Domingo, el 22 de diciembre fue hallado sin vida en ese
mismo corregimiento.
José Miguel Mojica Conchangui, era un reconocido líder
social e indígena del pueblo Wiwa, quien trabajaba con
la comunidad de la vereda de Mucura, perteneciente al
municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira;
fue el asesinado el 26 de diciembre en la vereda Mucura por
hombres armados y, a pocos metros del lugar y delante de
su familia.
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