Damaris Izaguirre
El capitalismo neoliberal en la década del 90, a través del Congreso
nos impusieron un sistema donde la salud dejó de ser un derecho, para
convertirse en una mercancía de acceso no igualitario, regido por el
poder adquisitivo, ¿por qué el Congreso anuló la salud como derecho
fundamental?
La salud de los de abajo, la de los que no tenemos para
la costosa medicina prepagada o que nos atiendan
en la Fundación Santa Fé -clínica donde atienden a
los Congresistas y otros que viven de desfalcar al
Estado-, está en crisis desde que Uribe y sus secuaces nos
impusieron la Ley 100, que creó las Entidades Promotora de
Salud (EPS) -dando pie a la privatización de la salud-.
Aunque los medios prepagados traten de convencernos de lo
contrario, desde la creación de las EPS no tienen clínicas o
consultorios propios, tan solo son unos intermediarios, que
reciben gruesas sumas de dinero por parte del Estado por cada
afiliado, para que estas asignen atención y medicamentos en
las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y los gestores
farmacéuticos.
Son las EPS las que determinan el tiempo y modo, en que
pagan los servicios prestados por las IPS, en otras palabras,
son las EPS en su mayoría privadas, las que le adeudan miles
de millones a las IPS y los gestores farmacéuticos, ¿por qué
los colombianos debemos pagar las deudas de los emporios
privados?
El Gobierno progresista planteó una Reforma a la salud, que
tenía como principio acabar con la intermediación de las EPS
y hacer pagos directos del Estado a las IPS, propuesta que no
es descabellada, si se tiene en cuenta que desde que existen
la EPS, los de abajo nos la pasamos suplicando para que nos
atiendan o nos den los medicamentos.
Lo que es peor, en las últimas décadas las EPS se han dedicado
a engrosar sus cuentas bancarias, mientras los pacientes
sufren la escasez de medicamentos y la falta de atención
oportuna; sin embargo, los Congresistas y las Alta Cortes al
servicio de los emporios de la salud tumbaron la Reforma
que buscaba ordenar la salud pública.
Cualquier proyecto que busque acabar con el lucro de la
salud para la empresa privada, no está bien visto por el
régimen y por ello han utilizado a su horda de políticos, que
han bloqueado en el legislativo cualquier conato de cambio,
que modifique en lo más mínimo los privilegios de clase del
régimen y ponga en peligro el statu quo.
Este Gobierno ha intervenido varias EPS que venían
incumpliendo su función social, -prestar un servicio de salud
adecuado, oportuno y de calidad-, sin embargo, esta acción
ejecutiva no ha funcionada y la crisis de la salud continúa,
incluso se ha intensificado el incumplimiento en la entrega
de medicamentos y la asignación oportuna de citas médicas
generales y especializadas, al igual que procedimientos
médicos y exámenes de laboratorio.
Esta semana el Gobierno anuncio la liquidación de varias EPS
privadas, que no podían continuar prestando el servicio de
salud por la acumulación de deudas con las IPS y los gestores
farmacéuticos, desde luego esta acción que es coherente
y acorde a la situación, ha sido lapidada por los medios de
comunicación, que se han convertido en caja de resonancia
de la derecha y los mega ricos; quienes actuando en defensa
de los intereses de los emporios de la salud, presionan para
convencer a la gente, que todo lo que pasa en la salud es
culpa del Gobierno.
Este gobierno ha sido coherente con el propósito popular, que
busca retornar la salud a su deber ser: un derecho fundamental.
En realidad, los medios y los partidos de derecha sirviendo a
intereses contrarios a los de la gente abajo, buscan legitimar
y darle continuidad a un modelo de salud que desangra el
Estado, deja en crisis el derecho fundamental de la salud,
mientras les engrosa constantemente las cuentas bancarias
a los mercaderes de la salud.
La realidad ha mostrado de manera contundente que, mientras
las EPS se enriquecen con la plata que reciben del Estado por
la administración de los servicios de salud, los colombianos
padecemos un pésimo sistema, donde las restricciones y el
acceso oportuno a medicamentos y procedimientos, cuestan
diariamente la vida de muchos colombianos.
El régimen jamás entregará el poder y sus privilegios de
manera voluntaria, y este gobierno sigue sin romper
radicalmente con el régimen ni toma distancia de las
imposiciones del Tío Sam; por lo tanto, está en manos de la
lucha popular lograr un sistema de salud justo y con enfoque
social.
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