Himelda Ascanio
Las agresiones y el injerencismo de los Estados Unidos en
Colombia datan de toda la historia nacional, la presencia de
sus tropas en el país ha ido creciendo, creando y entrenando
mercenarios narcotraficantes, generando y atizando el
conflicto armado, violentando y agrediendo comunidades y
territorios.
El llamado Plan Colombia con el que los gobiernos
de Pastrana (1998-2002) y Uribe Vélez (2002-
2010) permitieron la entrada e instalación de Bases
Militares de los EEUU en territorio colombiano, con la
excusa de la guerra contra las drogas y contra el terrorismo,
Colombia recibió la supuesta asistencia militar en armas,
asesoría y, sobre todo, con doctrina y manuales.
El gobierno de Iván Duque (2018-2022) permitió la llegada
de la Security Force Assistance Brigade (SFAB), asistencia
militar estadounidense que se desplegó por varias regiones del
país, en las llamadas ‘Zonas Futuro’. Justamente, las mismas
regiones donde la violencia narcoparamilitar acrecentó su
accionar: el Pacífico nariñense, el Sur de Córdoba y Bajo
Cauca antioqueño, el Catatumbo; el piedemonte en Arauca.
Esta asesoría militar relanzó bandas narcoparamilitares como
el Clan del golfo y recicló a las llamadas disidencias de las
Farc, convirtiéndolas igualmente en bandas de narcotráfico,
que con el apoyo y alianza de las Fuerzas Militares del
Estado, inundaron de coca e iniciaron el arrasamiento de
territorios enteros. Con lo que, además, se desestabilizó el
país, buscando justificar una mayor presencia militar.
Por ejemplo, en Arauca, guiados por los mercenarios de
SFAB, militares colombianos fueron a entrenar las bandas
de Antonio Medina y Pescado, quienes posteriormente
atacaron la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en
Venezuela e incentivaron activamente el cultivo de coca,
que ya había sido erradicado del departamento.
En el Bajo Cauca y Sur de Córdoba, la SFAB centralizó el
traqueteo y el narcotráfico en el Clan del golfo, acabando con
la incidencia de carteles más pequeños, en una confrontación
que dejó miles de muertos. Y en el Catatumbo el plan fue la
formación e instalación de bandas traquetas como disidencias
de Farc, que intentaron convertir la región en un emporio
narcotraficante, con todo y los abusos a las comunidades.
Otro caso emblemático de lo que implica la presencia de
tropas y/o asesoría norteamericana en las regiones, es lo
que acontece en San José del Guaviare. Donde menores
pertenecientes a las etnias Nukak-Maku y Jiw han sido
sometidas a terribles violaciones por parte de miembros del
Ejército estatal y militares provenientes de EEUU.
Cambiar la doctrina
Mientras se mantenga la presencia militar norteamericana
en Colombia, se mantenga la doctrina contrainsurgente del
Enemigo Interno y las Fuerzas Militares estatales sean una
franquicia del narcotráfico, las comunidades y territorios
continuarán sufriendo dicho accionar, que hoy mantiene
un genocidio contra liderazgos sociales. Así mismo, seguirá
justificándose la legítima defensa armada de las fuerzas
populares, con lo que el conflicto se mantendrá.
Más aún, cuando la proyección y orientación del imperio es la
llamada Guerra Proxy, una contratación e impulso de bandas.
Desde todas las comunidades afectadas por esta estrategia,
se ha planteado la necesidad de debatir y cambiar la Doctrina
de Seguridad. Un cambio fundamental en la búsqueda de la
paz. Justamente esos son los cambios profundos que el país
requiere. Cortar de una vez por todas el sometimiento y
obediencia al decadente imperio de los EEUU y construir un
Gran Acuerdo Nacional por los Cambios, donde la búsqueda
de la soberanía es fundamental
Asesinados de la semana
Luis Fernando Sánchez Caicedo, reconocido líder comunitario
y permanente colaborador de Indepaz desde 2008 en el
Pacífico nariñense, especialmente en el municipio de El
Charco, Nariño; fue asesinado el 8 de septiembre en la
madrugada, cuando se desplazaba en una embarcación junto
a la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, Karen
Pineda, de quien era asesor.
Laura Enid Guzmán Macías, era una lideresa social, docente
y madre comunitaria de la vereda Quiteto y del sur del
Cauca, específicamente en el municipio de Sucre, Cauca; fue
asesinada el 10 de septiembre mientras se desplazaba con
su esposo hacia su lugar de residencia en la vereda Quiteto.
Germán Roso, era un líder social reconocido por la defensa de
los derechos de los campesinos y de las familias reclamantes
de tierras en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca;
fue asesinado el 10 de septiembre en el sector de Valle
Escondido, donde hombres armados le dispararon.
El 20 de septiembre en el barrio Villa Julia, Villavicencio,
Meta, dos hombres en motocicleta abrieron fuego contra un
grupo de personas que se encontraban frente a una barbería
ubicada en zona comercial del municipio. Las víctimas fatales
fueron identificadas como Luis Eduardo Bello Bermúdez,
Andrés Felipe Valdés y Yomary Shirley Muñoz.
Oscar Becerra Aguirre, líder social, presidente de la Junta
de Acción Comunal del barrio San Luis, reconocido abogado
y representante gremial de la asociación de taxistas “Las 40”
en Cali, Valle del Cauca; fue asesinado el 22 de septiembre
en el barrio El Trébol, exactamente en la carrera 22 No. 52–
19, donde, “presuntamente” fue víctima de un hurto.
Yeimar Gamboa Yépez, líder social y juvenil, reconocido
defensor de derechos humanos, destacado por su labor en
procesos de reconciliación y en el acompañamiento a jóvenes
en situación de vulnerabilidad, así como por su trayectoria
política, siendo en la actualidad candidato al Consejo
Municipal de Juventud (CMJ) en Chigorodó, Antioquia; fue
asesinado el 23 de septiembre mientras departía con unos
amigos en el barrio El Bosque de Chigorodó, Antioquia.
Luis Ernesto Sánchez, fue un reconocido líder social y
docente, destacado por su trabajo en favor de los derechos
de la niñez y la juventud en Tenerife, Valle del Cauca; fue
asesinado el 27 de septiembre cerca de su vivienda.
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