Himelda Ascanio
Mucho ruido hicieron con el Paro Armado en el Chocó, pero
poco dicen de la opresión y extorsión continua y permanente
que allí aplican el Clan del golfo con apoyo de las Fuerzas
Armadas del Estado (FFAA).
Similar situación pasa con el Catatumbo, mucho ruido
y mucho despliegue, pero poco se publica sobre la
protección del Ejército a la banda Exfarc, Frente 33,
y sobre las amenazas a la población.
Estas regiones, al igual que Arauca, Cauca y el Magdalena
medio, parecen entregadas a las bandas por el gobierno
colombiano. No solo la pública connivencia y colusión de las
FFAA y bandas paramilitares, sino también la invisibilidad
a las que están sometidas, con la manipulación informativa
que aplica para las acciones que confrontan la situación, así
como la persecución que opera para las voces que se atreven
a denunciar. Las empresas de comunicación tergiversan y
con ello ayudan a someter a comunidades y pueblos.
Los niveles de desfachatez sobre estas situaciones se pueden
ejemplificar en el comunicado emitido por las FFAA el pasado
sábado 26 de julio, en el cual negaban las múltiples denuncias
y evidencias de las estrechas relaciones con las bandas
paramilitares: “rechazamos cualquier señalamiento que
sugiera la existencia de acuerdos directos entre autoridades
militares y Grupos Armados Organizados al margen de la
ley, o que pretenda atribuirles prácticas contrarias a la
Constitución”… ¿y si les aplicaran un detector de mentiras?
A pesar de este intento por desmentir lo evidente, olvida
el alto mando militar de las fuerzas del Estado que las
denuncias, pruebas y evidencias han sido planteadas por una
amplia variedad y cantidad de entidades institucionales, no
institucionales, regionales, nacionales e internacionales, y
claro, también la insurgencia. Ejemplo de ello han sido las
alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo,
los informes publicados por Human Right Watch o los
comunicados de las organizaciones sociales y defensoras de
derechos humanos.
La previa del Paro Armado en el Chocó
Un mes antes del anuncio de Paro Armado en el Chocó,
decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN, se
conoció el informe de una investigación realizada por un
reconocido centro de investigaciones, en él se plantean
elementos devastadores sobre la situación que viven las
comunidades del Chocó. Revelando las imposiciones del
Clan del golfo a las comunidades en zonas como el norte
del departamento y parte de la cuenca del río Atrato. Todo
esto bajo la complicidad del Estado, a través de sus Fuerzas
Militares.
La denuncia es tan grave, que plantea: “estamos presenciando
lo que podría ser un proceso de etnocidio, a menos de que
se adopten medidas concretas y efectivas para frenar esta
expansión, que resulten del diálogo en curso con el Gobierno
de Gustavo Petro, del desmantelamiento de las estructuras
del EGC [alias Clan del golfo] o de otras alternativas políticas.
Es urgente actuar para evitar la destrucción irreversible de
las comunidades y sus territorios”.
Dos días antes del mencionado Paro Armado en el Chocó, las
comunidades de Chirriquí, zona rural del municipio de Lloró,
denunciaron públicamente la llegada de un componente de
paramilitares al alto Atrato y la presencia del Ejército con
operativos de allanamiento y captura a profesores de la
comunidad, señalados de colaboradores de la guerrilla. Estas
denuncias fueron comprobadas por la Defensoría del Pueblo,
que incluso señaló casos de tortura a pobladores.
Frente a estos hechos, la visibilidad, al igual que las acciones
del gobierno, han sido nulas. La alianza entre paramilitares
y el Estado, sigue generando y aplicando el arrasamiento
de territorios. Sometiendo a comunidades enteras. La alerta
que el gobierno ha decidido ignorar, es la de un etnocidio.
Un Plan para el Catatumbo
Al parecer, cuando el gobierno anunció tener un plan para
el Catatumbo, se refería a la entrega del territorio a un
operador: la banda narcoparamilitar Exfarc, Frente 33. De
ahí la respuesta airada del presidente, ante las acciones
militares del ELN que confrontaron e impidieron que dicho
plan se concretara, reacción del gobierno que derivó en el
incumplimiento de más acuerdos de la Mesa de Diálogos con
el ELN e iniciar una campaña de negación de la insurgencia
y el conflicto social, político y armado.
Con todo y las acciones criminales cometidas por esta banda
en el territorio, reveladas y evidenciadas públicamente,
el gobierno ha continuado con la intensión de entrega,
protegiendo e intentando ubicarlos en un territorio del
Catatumbo, ante lo cual las comunidades y sus organizaciones
han manifestado su rechazo, porque además de la imposición,
no hay ninguna claridad respecto de esta maniobra y si se
mantienen las actividades delictivas de la banda, frente 33.
El tema se agrava con las amenazas que esta banda ha
venido haciendo a los liderazgos sociales de la región. Pues
ahora aprovechan la protección del gobierno para amenazar
y señalar, al tiempo que continúan la escenificación de
una supuesta mesa de negociación y dilatan la publicitada
desmovilización.
Tristemente, estas regiones del país hoy son víctimas de
la continuidad del paramilitarismo amparado por el actual
gobierno. La política de paz manifestada en campaña y en los
primeros días de gobierno, sucumbió ante las imposiciones
del imperialismo que trasladó a Colombia una versión de sus
guerras proxys. Solo una determinación real, apoyada en el
pueblo movilizado y con disposición a una lucha larga que
confronte los dictámenes del imperio, nos permitirá pensar
en la construcción de la paz.
Asesinados de la semana
En la noche del 25 de julio, se perpetro una masacre que
dejo cuatro víctimas fatales, en la vereda El Salado, zona
rural del municipio de La Plata, Huila.
Rogelio Santos Diaz, era firmante del Acuerdo de Paz de
2016, asesinado el 27 de julio de 2025 en El Castillo, Meta..
Fabio Marín, era un reconocido líder social e integrante
activo de la Junta de Acción Comunal del corregimiento
Tesorito, en el municipio de Tarazá, Antioquia; fue asesinado
el 29 de julio, en una zona limítrofe entre las veredas La
Llana y La Coposa, jurisdicción de Valdivia.
Masacre en Cúcuta, 3 personas asesinadas el 1 de agosto en
cercanías al parque Lineal de la ciudad de Cúcuta, Norte de
Santander.
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