Chavela Villamil
La privatización reglada por La ley 100 de 1993, convirtió el derecho
fundamental a la salud en un negocio, que se rige por el libre mercado;
lo que ha desmejorado la calidad de la atención y traída escasez de
medicamentos, poniendo en vilo el derecho a la vida.
La ley 100 de 1993 entregó la salud pública al capital
privado, que convirtió este derecho fundamental en
un negocio mercantil. Las Entidades Promotoras de
Salud (EPS) -en su mayoría de orden privado-, han
regido la prestación de la salud bajo el principio neoliberal
de libre mercado, lo que conllevado a que el usuario deja
de ser una prioridad o un paciente, para convertirse en un
cliente que depende de su poder adquisitivo. La prioridad
no es el usuario, si no la generación de utilidades de las
empresas de salud, sin importar si esto genera detrimento
en la salud y la calidad de vida de los usuarios del servicio
de salud.
Las fallas en la oportunidad de atención a los pacientes,
las demoras en la atención en el servicio de urgencias, en
promedio superan las 3 horas, en el caso de consulta externa
la demora en promedio en la asignación de las citas supera
las 3 semanas y, en el caso de las citas especializadas superan
los 3 meses para la asignación; lo mismo ocurre en exámenes
especializados, procedimientos quirúrgicos, entre otros.
El Plan Obligatorio de Salud (POS) actualmente es muy
limitado y restringe muchos medicamentos esenciales, a la
vez que limita o detrae el libre y fácil acceso a procedimientos
médicos como exámenes, consultas especializadas, cirugías
entre otros; lo que ha llevado a que los juzgados se saturen
con centenares de miles de Tutelas que exigen la prestación
oportuna de la salud y que muchos pacientes mueran a la
espera de procedimientos médicos de los que depende su
vida.
¿A quiénes sirve el desabastecimiento
de medicamentos?
El desabastecimiento en los medicamentos, que inicialmente
se evidenciaba en medicamentos de alto costo y ahora se ha
extendido a todos los medicamentos, incluso se ha llegado
al punto de no facilitar elementos básicos, como jeringas o
métodos de planificación familiar.
Las EPS aseguran que la escasez de los medicamentos obedece
a que “el Gobierno no ha incrementado la Unidad de Pago por
Capitación (UPC)”, que es el valor anual que se reconoce por
cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS).
La escasez de medicamentos y suministros médicos no
es algo nuevo, es algo que se ha venido presentando en
la última década y, que aunque la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES), desembolsa oportunamente los recursos a las
EPS, están no cubren sus obligaciones oportunamente con
las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y los gestores
farmacéuticos, según datos de la Superintendencia de Salud
las EPS adeudan a los gestores farmacéuticos cerca de 6,56
billones de pesos.
ncrementar la UPC no resuelve el déficit
El drama de las millones de personas que no reciben
atención oportuna, ni los medicamentos adecuados, tanto
en prescripción como en oportunidad de oferta, es motivo
suficiente para declarar una emergencia económica, que
permitiera aliviar el padecimiento de los usuarios y la
flagrante violación a sus derechos fundamentales de la salud
y la vida, sin embargo, una medida netamente económica
paliaría la situación, pero no resolvería la crisis, ya que sus
orígenes son estructurales y radican en la maldita Ley 100.
Las EPS con un enfoque exclusivamente empresarial han
difundido a través de los medios de comunicación, la tesis
de que “el desabastecimiento de medicamentos básicos y de
alto costo, y el déficit de atención en términos de oferta
y oportunidad, obedece al bajo monto de la UPC per cápita
(gasto por afiliado), es muy bajo y no alcanza a cubrir los
gastos realizados”; o sea, que están trabajando a pérdidas.
¡Ahora les salimos a deber!
Si la ADRES le diera más dinero a las EPS por cada afiliado,
las más de tres décadas de mala atención a pacientes y
la exigencia de derechos vía Tutela, ¿se resolverían de
inmediato?, ¿qué garantiza que un mayor monto de la UPC,
mejore la atención por parte de las EPS?
La UPC se disgrega en dos montos nominales, que tienen
asignados rubros diferentes. Según el Ministerio de Salud
para el año anterior, el valor anual de la UPC tuvo un
incremento de 5,36 por ciento (compuesto por un 5.2 por
ciento de inflación y un 0.16 por ciento por actualizaciones
de servicios y tecnologías), estableciendo para el Régimen
Contributivo un monto de 1.521.489,60 pesos y para el
Régimen Subsidiado 1.323.403,20 pesos.
Hay que recordar que, el gobierno de Iván Duque (2018-
2022), se ejecutó una disminución relativa de la UPC para el
Régimen Subsidiado, llegando al 89 por ciento del valor del
Régimen Contributivo.
Cambiar el modelo de salud para subsanar la crisis
Los oligopolios privados a los que pertenecen la EPS,
continúan incrementando sus utilidades, a la par que utilizan
los medios de comunicación de su emporio, para justificar
la crisis como un asunto de manejo del Gobierno, pero la
realidad muestra que, es una consecuencia de los problemas
estructurales del modelo de la salud ¿las EPS son necesarias
o necesitamos estatalizar el sistema de salud?
El problema de la salud en Colombia radica en que el modelo
implementado es de corte neoliberal y se rige bajo la teoría
del libre mercado, mientras esta política no sea modificada,
la salud seguirá siendo un negocio lucrativo y los pacientes
seguirán siendo tratados como clientes.
Se requiere una modificación a la Ley 100 o su derogación, de
tal forma que se eliminen los intermediarios y se democratice
su servicio en términos de gratuidad y atención oportuna.
La fortaleza del Sistema Público de Salud es vital para
que un país afronte satisfactoriamente enfermedades
prevalentes, pero esto solo se puede lograr en la medida que
las políticas públicas estén encaminadas al bienestar social
y no a la generación de utilidades para los negociantes, por
esto Colombia requiere con urgencia un cambio de modelo
económico que realice la estatalización del SGSS, que traerá
beneficios a toda la población y contribuirá a ir pagando la
Deuda Social.
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