Himelda Ascanio
Pueblo, es la palabra probablemente más mencionada por
el presidente Petro en su narrativa aparentemente radical,
en donde el pueblo es el protagonista de los cambios, pero,
poco ha hecho para concretar este propósito. Por ejemplo,
continúa el genocidio contra liderazgos populares.
La publicación de Cinep, Revista Noche y Niebla, que
realiza una observación sistemática a la violencia socio
política en Colombia, informa que en 2024, perpetraron
813 casos de violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que
dejan 452 asesinatos a causa de esta violencia, o sea, que cada
4 días asesinan 5 líderes o lideresas sociales en Colombia,
en corresponsabilidad con el Estado, que no protege a los
defensores de Derechos Humanos y demás líderes populares.
Un reciente informe de la ONG, Amnistia Internacional, publicó
que: “En 2024 en Colombia continuaron las desapariciones
forzadas, el desplazamiento forzado y la violencia contra
personas defensoras de derechos humanos. Pese a medidas
adoptadas por el gobierno, el impacto aún es limitado y siguen
haciendo falta cambios en el modelo de protección para personas
y comunidades en riesgo”.
Doctrina maléfica
El incumplimiento a esta exigencia de parar el genocidio social
en curso, que es una de las principales exigencias de los sectores
populares y comunidades víctimas, quienes rechazan desde hace
décadas esta práctica genocida, propia de la Doctrina de Seguridad
impuesta por los Estados Unidos, que busca perseguir y eliminar
al Enemigo Interno, entendido como todo aquel que se opone a
este régimen sanguinario y lucha por cambiarlo. Sin embargo, el
gobierno progresista se negó a tan siquiera modificar un poco esta
Doctrina de Seguridad y por el contrario, sigue fortaleciendo los
pilares de la guerra perpetua imperialista, la contrainsurgencia,
el reciclaje de las disidencias para convertirlas en un nuevo
paramilitarismo, además de darla estatus político a bandas y
carteles de todo tipo, con la cuales prosigue la persecución al
liderazgo popular.
La realidad de varias regiones y comunidades, nada tiene que
ver con las metáforas y los eufemismos sobre la violencia que
usa Petro, el empobrecimiento y la exclusión violenta en la
que han vivido sometidos, continúa a pesar de los discursos
y las apariciones fugaces del presidente. La continuidad de
un Estado que solo hace presencia por su aparato militar,
asociado al paramilitarismo, victimarios ambos del genocidio
principalmente sobre pueblos indígenas, comunidades
campesinas, y afrodescendientes.
Exterminio de ex combatientes firmantes de paz
La semana anterior, dos firmantes del acuerdo de paz con las
otrora Farc, fueron secuestrados y asesinados en la zona rural
de Ituango, Antioquia. Estos homicidios elevan a 20 el número
de excombatientes asesinados en este municipio desde la firma
del acuerdo en 2016. La violencia contra los firmantes de paz ha
aumentado significativamente en 2025, con un incremento del
67 por ciento en comparación con el año anterior.
Declaraciones de dirigentes del Partido Comunes que agrupa
a estos ex combatientes, han sido categóricas en afirmar que:
«Las afectaciones por las disidencias al movimiento social
han sido muy graves, de los asesinatos a los firmantes de paz
de 2016, las disidencias han causado mas del 70 por ciento,
en diversos territorios les ha tocado sacar a los firmantes,
desplazar y reubicar a los ECTR [zonas de concentración] por
las presiones y el ultimátum de, se someten a ellos, o se van
del territorio».
Paramilitarismo e impunidad
Mientras el gobierno dedica sus mayores esfuerzos a crear
narrativas falsas y retoricas irreales sobre el conflicto, la realidad
de las regiones sigue evidenciando el impulso y protección del
Estado a las bandas paramilitares. Informes como el de Human
Rigths Watch, en el que señala que Petro se puso del lado de la
banda de las disidencias del Catatumbo, evidencian lo denunciado
por las comunidades.
Otras iniciativas humanitarias y en defensa de los Derecho
Humanos, han sustentados denuncias sobre la continuidad de la
relación entre el Estado y paramilitarismo, con el agravante que
ya no es solamente por vía de las Fuerzas Armadas (FFAA), sino
que esta relación está siendo impulsada desde entidades de alto
gobierno como la Oficina del Comisionado para la Paz.
De esta manera, mientras el gobierno enarbola discursos y
emplea una aparente radicalidad basada en el apoyo popular.
El pueblo no recibe ninguna garantía para ejercer su liderazgo
y protagonismo, por el contrario, la impunidad con la que sus
verdugos se mueven protegidos por el propio Estado continua.
Asesinados de la semana
Walberto Quintero Medina, era un líder sindical, ejercía como
vicepresidente de la Junta Directiva de la CUT en el Cesar, y
además era directivo del Sindicato Sinaltrainal; fue asesinado el
29 de abril en Valledupar, Cesar.
Guillermo Arturo Galvis Plazas, era un defensor ambiental,
excoordinador del Centro de Atención y Valoración de Animales
Silvestres del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de
Cartagena; fue asesinado el 29 de abril en Cartagena, Bolívar.
Fredy de Jesús David Giraldo, era firmante del Acuerdo de Paz y
venía cumpliendo con su proceso de reincorporación; fue asesinado
el Primero de mayo en la vereda La Cumbre de Ituango, Antioquia.
Elkin de Jesús Oquendo Graciano, era firmante del Acuerdo de
Paz y venía cumpliendo con su proceso de reincorporación; fue
asesinado el Primero de mayo en la vereda Pascuitá de Ituango,
Antioquia.
