Sergio Torres
La judicialización del Estado y de la política, la imposibilidad de hacer
reformas o cambios en las formas de gobierno, todo ello es la guerra
jurídica conocida como Lawfare. Esta instrumentalización de la justicia
secuestra al Estado desde las altas instancias judiciales, simulando
rigor legal.
Nunca antes en la historia del país, se había dado
un aumento del salario mínimo superior al 20 por
ciento. Pero tampoco nunca antes desde la rama de
la justicia, a través del Consejo de Estado, se había
suspendido tal aumento salarial. Es decir, nunca desde
estas Cortes se había impedido que los y las trabajadoras
devenguen un mejor salario.
Bajo las trampas del Lawfare, desde los organismos del
Estado supuestamente encargados de velar por la justicia y
el cumplimiento de las leyes, siempre se buscan, interpretan
o inventan arbitrariamente supuestos conceptos y fallos
judiciales, para impedir cambios en favor de las mayorías y
garantizar los intereses de la élite mafiosa.
Esta vez la decisión del Consejo de Estado se justifica en
una supuesta falta de criterios técnicos para argumentar el
incremento del salario mínimo vital.
Extrema, extremísima derecha
Aunque cuando se publicó el Decreto presidencial sobre
el incremento salarial, los representantes de la extrema
derecha mafiosa salieron públicamente a rechazarlo, tildarlo
de populista y de impulsar supuestas masacres laborales,
ahora que el Consejo de Estado ordena esta primera definición
sobre el incremento, ni siquiera los y las candidatas de la
extrema derecha han defendido la decisión, aunque han sido
sus principales opositores, callan por cálculo y temor a las
reacciones populares incluyendo la electoral.
Con todo y que esta modalidad de guerra se viene
implementando desde hace varios años, también ha habido
generado protestas populares contra las Altas Cortes de la
justicia colombiana. Aún en el imaginario de mucha gente
existe la idea de que estos estamentos están integrados por
honorables juristas y estadistas, nada más errado que ello.
Las Altas Cortes de la justicia colombiana: Corte Suprema de
Justicia, Corte Constitucional y el Consejo de Estado están
integrados por representantes del régimen, que a su vez
constituyen posiblemente la mayor mafia de poder en el
Estado.
La reacción popular
La medida tomada por la alta instancia de la justicia
contenciosa administrativa es totalmente polarizadora,
porque va directamente contra los intereses del pueblo y
defiende a los ricos. Debe ser vista como una muestra del
odio y de desvergüenza de los poderosos contra las mayorías.
Esta vez, el ahora moderado Petro no ha hecho llamados a la
movilización y sí a la conciliación. Sin embargo, la reacción
del pueblo debe ser de lucha y la búsqueda de la caída
de esos antros de politiquería y mafias que son las Altas
Cortes. Esto muy seguramente deberá hacerse por la vía de
la fuerza organizada del pueblo, porque por las vías legales
es imposible hacer cambios en Colombia e incluso buscar la
paz con bienestar es ya un acto revolucionario.
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