Himelda Ascanio
En medio de las complejidades del conflicto social, que se
expresa en lo político y económico, el tema cultural queda
normalizadamente relegado. La violencia de la guerra se
contabiliza en número de muertes, pero pocas veces se ocupa
de constatar la muerte cultural de las comunidades.
La estrategia del terror de Estado y sus operadores
narco paramilitares, utilizan la tierra arrasada y
el despojo de los territorios, para apropiarse de las
riquezas del subsuelo, sembrar de coca los campos
y con ello imponer una cultura mafiosa, narcotraficante y
paramilitar, basada en la violencia y el miedo.
Por ello, en todas las regiones del país donde esta estrategia
se implementa, va acompañada de la muerte de los liderazgos
sociales, un genocidio en curso que, lejos de combatirse y
frenarse desde el actual gobierno, se terminó impulsando y
legalizando. Pues si bien se han implementado entregas de
tierras a campesinos en algunas regiones, también se están
entregando regiones a las bandas narco paramilitares. Dicha
imposición significa la ruptura violenta de la identidad
cultural de esas regiones.
En regiones como el Cauca, la alianza entre el Ejército
estatal con las llamadas Disidencias de las ex Farc, han
venido masacrando y desplazando un alto porcentaje de los
liderazgos sociales y comunidades enteras. La imposición
ha sido sembrar de coca amplios territorios. El campesinado
sabe que detrás de esta imposición territorial, viene el
sometimiento a una nueva cultura basada en el terror y la
violencia en todas sus expresiones.
En el Chocó, fue la banda narco paramilitar Clan del golfo
quien estableció corredores territoriales del norte al sur
del departamento. Nuevamente, el primer aliado para esta
llevar a cabo esta estrategia son las Fuerzas Militares del
Estado. Y las principales víctimas, las comunidades negras
e indígenas, que nuevamente ven como personas externas y
con otra forma de hablar, se apropian de sus tierras y de sus
riquezas. Cualquier parecido con la invasión española, no es
coincidencia.
La imposición cultural es tan fuerte que, en muchos de
estos lugares, los invasores paramilitares impiden el uso de
lenguas nativas. Imponen expresiones musicales y dinámicas
de diversión basadas en la violencia y el abuso. Una cultura
traqueta que rompe con las tradiciones propias e impone el
‘todo vale’, de te vendes o te mato.
Si la cultura es la vida, la ciencia y el arte de las comunidades
y pueblos. El despojo y el arrasamiento de los territorios
es la muerte total. Y por ello, es absolutamente legítimo
defenderse.
En los nuevos entramados narco paramilitares, defendidos
e impulsados por el actual gobierno. Se mezclan una serie
de factores y actores que lo hacen más complejo. El imperio
norteamericano, en su decadencia, a través de la CIA,
construye carteles a escala mundial que obviamente tienen
expresiones en centro y sur América.
El despojo y la masacre cultural de la que son víctimas las
comunidades y pueblos, significa la pérdida de las tradiciones
y legados, el intento por imponer una cultura de la violencia
y la muerte. Al ser impulsada desde el Estado, ratifica la
necesidad de una nueva construcción social basada en el
bienestar, educación y cultura para la vida digna, colectiva,
autónoma y en paz.
Asesinados de la semana
Luis Fernando Sánchez Caicedo, reconocido líder
comunitario y permanente colaborador de Indepaz desde
2008 en el Pacífico nariñense, especialmente en el municipio
de El Charco, Nariño; fue asesinado el 8 de septiembre en la
madrugada, cuando se desplazaba en una embarcación junto
a la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, Karen
Pineda, de quien era asesor.
José Dorian Jiménez Salazar, era un líder social y político,
concejal de Pradera durante el periodo 2020-2023 y, en la
actualidad, se desempeñaba como secretario de Gobierno de
la Alcaldía municipal; fue asesinado el 9 de septiembre en
un establecimiento público, cerca a la Alcaldía de Pradera,
viendo el partido de la Selección Colombia, cuando hombres
armados irrumpieron en el lugar y dispararon en su contra,
causándole la muerte de inmediato.
Laura Enid Guzmán Macías, era una lideresa social, docente
y madre comunitaria de la vereda Quiteto y del sur del
Cauca, específicamente en el municipio de Sucre, Cauca; fue
asesinada el 10 de septiembre mientras se desplazaba con
su esposo hacia su lugar de residencia en la vereda Quiteto.
Germán Roso, era un líder social reconocido por la defensa de
los derechos de los campesinos y de las familias reclamantes
de tierras en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca;
fue asesinado el 10 de septiembre en el sector de Valle
Escondido, donde hombres armados le dispararon.
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