Himelda Ascanio
El Genocidio en curso contra los líderes sociales, la falta
de garantías para su protección por parte del Estado, al
igual que la impunidad en estos casos que sobrepasa el 90
por ciento, hacen inexistentes las garantías de seguridad
para esta población.
Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, se visibilizó
con mayor fuerza el Genocidio continuado que se viene
perpetrando por décadas, y que hace parte de la política
contra insurgente que caracteriza como “Enemigo Interno” a
quienes cuestionan el statu quo y trabajan por proyectar formas de
inclusión y justicia social desde sus comunidades y territorios.
La Corte Suprema de Justicia a través del Tribunal declaró el Estado
de Cosas Inconstitucionales (ECI) con respecto al persistente, grave y
generalizado asesinato de líderes sociales y los ataques en los cuales
se registra una violación sistemática a derechos fundamentales
contra estas personas y sus comunidades en todo el territorio
nacional. La sentencia surge en respuesta a 20 acciones de Tutela
presentadas por líderes y lideresas sociales [1].
En dicha comunicación el Tribunal declara que el Estado colombiano
fracasó en las políticas para frenar la matanza de los líderes y lideresas
y su responsabilidad de brindar protección y garantías para las
labores de defensa que estas personas desempeñan, las cuales son
primordiales para identificar y denunciar violaciones a los derechos
fundamentales en bien de sus comunidades y sus territorios.
En el estudio de las 20 tutelas, la Sala Plena de la Corte identificó
patrones comunes que se presentan de manera general en
los ataques contra las personas defensoras, líderes y lideresas
sociales; en tal sentido, la Corte menciona la inexistencia de un
plan articulado claro y preciso que evite la violación de los derechos
fundamentales, se presenta negligencia por parte de las entidades
correspondientes para dar respuesta y evitar que el daño a la víctima
se consume, después que ésta presenta la denuncia y la inoperancia
de la Fiscalía con respecto a la investigación y esclarecimiento de
los determinadores de los ataques perpetuando, la impunidad y
permisividad para la consumación de los crímenes.
Dentro de las recomendaciones realizadas por la Corte se destacan
que la acciones del Estado se justifican, no solo para reaccionar
cuando sobrevienen riesgos significativos para el ejercicio de
los derechos, sino que exige adoptar medidas adecuadas para
prevenirlos y fortalecer las posibilidades de las personas y
comunidades de definir y desarrollar sus planes de vida, para lo cual
se debe contar con espacio deliberativo y propositivo de las mismas,
que generen políticas públicas, para superar la inercia y omisión
estatal en la protección de la vida de los líderes y comunidades, así
como garantizar la continuidad de su labor.
Esta Sentencia de la Corte, se suma a las recomendaciones ya
expresadas por el programa de las Naciones Unidas y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han exigido
a los gobiernos de turno y al Estado colombiano tomar medidas
eficaces que atiendan la situación de riesgo de los líderes,
líderesas, defensores de DDHH y excombatientes, que se hagan las
investigaciones correspondientes, que no solo esclarezca sino que
evite la impunidad en los crímenes y se tengan en cuenta para los
planes y acciones de protección colectiva, entendidas desde la visión
de las comunidades y territorios, los enfoques diferenciales por los
sectores más afectados y por razones de género y etnia [2].
Las víctimas de esta semana
Henry Acero fue fundador de una ruta de transporte que benefició
a residentes de la zona y en 2019 lideró una protesta para la
descriminalización a la labor como conductores informales. Fue
asesinado el 12 de diciembre en la localidad de Ciudad Bolívar,
Bogotá.
Yesid Octavio Morales era excombatiente tenía un proyecto turístico
en Mesetas, Meta, fue asesinado el 13 de diciembre en la vereda La
Paz de esa localidad.
Tulia Carrillo Lizarazo era lideresa comunal y ambiental del sector de
Corocito en Tame, Arauca. En 2022 hizo parte del consejo y líder del
programa adulto mayor, fue asesinada el 14 de diciembre en dicha
localidad.
