Damaris Izaguirre
El capitalismo aliado del régimen ha encontrado en el
desplazamiento forzado una herramienta útil y efectiva
para el despojo y la usurpación de las tierras; tras el
despojo pueden expoliar con libertad los bienes naturales
nacionales.
El monopolio que ha ejercido el régimen sobre la tenencia de la
tierra en nuestro país, generó una marcada desigualdad que
dio origen en la década del 60 del siglo pasado al levantamiento
armado insurgente; desde luego esto desencadenó una guerra
cruenta por parte de las élites que no estaban dispuestas perder
sus privilegios y mucho menos a entregar la tierra usufructuada,
por el contrario, recurrieron a la creación de Ejércitos privados
(paramilitares) que en colusión con las Fuerzas Armadas, no solo
defendieron sus tierras sino que avasallaron a la población de la
Colombia profunda, para despojarlos de sus territorios y dar lugar a
la expoliación de los bienes naturales y el incremento de sus fortunas.
El desplazamiento forzado en Colombia ha producido más de 9
millones de víctimas directas, que no solo fueron despojadas de
su territorio, sino que producto de la impunidad estatal y la acción
violenta paramilitar fueron condenadas aún éxodo eterno, ya que
retornar a sus territorios les cuesta la vida. En este sentido la Corte
Constitucional ha generado múltiples sentencias y en una de ellas
afirma que:
“Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus
hogares y recorrer grandes distancias desafiando toda clase de
peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, la explicable
huida no es un problema de orden público propiciado por quienes
desean seguir viviendo sino un problema de humanidad que debe ser
afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como
es lógico, por los funcionarios del Estado ya que sobre este recae la
paz como derecho fundamental y la prioridad del restablecimiento
pleno de los derechos fundamentales”.
“Las actitudes intolerantes, como es el caso del rechazo a los
desplazados por la violencia, responden a la falta de una cultura
humanística; la pedagogía constitucional es muy necesaria para
lograr una sociedad democrática, pluralista y humanista. No es sólo
la norma la que garantiza la protección a los derechos humanos, pues
puede haber numerosas leyes que no se cumplan, lo importante es
que la protección sea efectiva. Si en el ejercicio de esa protección
se impone un cambio de naturaleza para darle también gran
realce a la promoción, es permitido para el juzgador que tramita
un amparo tomar decisiones que impulsen la promoción de los
derechos humanos, buscándose que no sean estériles las normas
que los protegen. Y, en la medida en que esos derechos humanos,
tengan el rango de derechos constitucionales fundamentales, serán
protegidos mediante el mecanismo de la tutela” [*].
Algunos analistas y los medios de comunicación nos vendieron la
idea que tras el Proceso de Paz con las Farc, la pantomima de la
“desmovilización” de los paramilitares y la llegada del Gobierno
del cambio, los índices de violencia contra los líderes sociales y
populares y, el desplazamiento forzado serian un mal recuerdo;
sin embargo, ambos fenómenos continúan vigentes y afectado
poblaciones enteras no solo de la Colombia profunda sino de ciudades
principales como Bogotá, Medellín, entre otras, se podría decir que
la violencia de selección política contra los líderes y las comunidades,
no desapareció sino que sufrió un proceso de reingeniería que lo
repotenció. Según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo,
durante el 2023, el confinamiento aumentó en 63 por ciento mientras
las víctimas por desplazamiento forzado aumentaron 7 por ciento; el
desplazamiento forzado y sus efectos está principalmente focalizado
en 17 departamentos, siendo Nariño, Chocó y Valle del Cauca los
más afectados.
El desplazamiento forzado es instrumental a los intereses
monopolistas del régimen, por esta razón es un fenómeno social
que no desaparecerá por voluntad de este, por el contrario, cada
día será perfeccionado, haciéndolo más selectivo y preciso sino
en blindar su participación en estos atroces hechos. Cesar con el
desplazamiento tiene implícito desmontar el paramilitarismo y
desligarnos de la Doctrina de Seguridad Nacional implantada por los
Estados Unidos. Desde luego estos tres tópicos no serán fáciles de
lograr y es más que evidente que el régimen y el Tío Sam se opondrán
a sangre y fuego al más mínimo cambio en este sentido, ni siquiera
están dispuestos a permitir la reformas tipo placebo que quiere
desarrollar el Gobierno del cambio. Acabar con el paramilitarismo, el
desplazamiento, entre otros instrumentos del régimen y el Tío Sam,
obliga a resurgimiento de la lucha social y popular, y desde procesos
organizados y consecuentes con el deber ser del Estado Social de
Derecho, crear una nueva sociedad con justicia y equidad social.
