Himelda Ascanio

El paro del magisterio colombiano iniciado el pasado
miércoles 12 de junio en defensa de la educación pública
resulta ejemplar, al señalar las medidas y formas que
implementa el pueblo en defensa de sus derechos.

Cada semana hay una nueva movilización de alguno de los sectores
sociales, procesos o comunidades, semanas atrás eran los
campesinos e indígenas movilizándose contra el paramilitarismo
y el genocidio en curso contra líderes y lideresas sociales
colombianos; esta semana, quienes se movilizan son los profesores y
profesoras en defensa de la educación pública que ha sido amenazada
por la llamada Ley Estatutaria de la Educación.

Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación
(FECODE), activaron las alarmas por los cambios acordados en el
Congreso al documento propuesta de ley, para que fuera aprobado y
se convirtiera en Ley Estatutaria de la educación; según los profesores,
en el debate con la oposición de derecha, esta modificó elementos
profundos que le cambian el sentido y la esencia al proyecto de ley e
incluso ponen en riesgo el carácter público de la educación.

El veneno de las enmiendas aprobadas

Llama la atención el trámite de ley, pues fue aprobada en la Cámara
de Representantes en 2023 pero luego, en el Senado de la República la
ocultaron durante varios meses; ahora que fue puesta nuevamente en
debate, cuenta con menos meses para ser aprobada como ley. Por esto,
en la conciliación hecha con la oposición de derecha les concedieron
las venenosas enmiendas; lo que la Ministra de Educación concedió,
el magisterio lo vio como un peligro inmenso para la educación en
Colombia.

Es lógico que una derecha recalcitrante como la colombiana, niegue
derechos fundamentales, lo que no es admisible es que la Ministra de
un gobierno progresista lo permita.

Para el magisterio las enmiendas hechas al proyecto de ley, abren la
posibilidad de que recursos públicos fueran a parar a empresarios
privados de la educación; además, “se incluyeron propuestas regresivas
que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental
a la educación”, plantea el comunicado de FECODE. Otros aspectos
venenosos son el debilitamiento al Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), encargado de la formación tecnológica y no contar con FECOD
para conciliar los instrumentos de evaluación de los maestros.

La movilización continúa

Después de las primeras movilizaciones en todo el país y las alertas
generadas por el magisterio, los representantes del gobierno en el
Congreso decidieron romper el acuerdo sobre el proyecto de ley,
echaron para atrás lo concedido, que había sido aprobado en 3
debates en las comisiones del Senado.

Esta es una primera batalla ganada que deja un ejemplo muy
claro; si los profesores y profesoras no hubieran salido a la calle a
manifestarse, probablemente el venenoso proyecto de ley habría
sido aprobado.

Bien por el magisterio colombiano, que sigue respaldando a Petro,
pero decidió movilizarse y defender los intereses populares. Muy
cuestionadas las maniobras de los representantes del gobierno que
conciliaron la ley, a pesar que con ello lesionaba uno de los sectores
más importantes para el país. Es la movilización popular la que
tendrá que posibilitar los cambios que Colombia necesita.

Asesinados esta semana

Deyby Yair Bueno Villano, asesinado el 10 de junio de 2024, en
Caloto, Cauca. Era un reconocido líder indígena, comunero de la
vereda Guabito y parte del territorio Nasa de López Adentro.

Alcides Sucerquia, asesinado el 11 de junio de 2024, en Ituango,
Antioquia. Era un reconocido líder social y político, expresidente de
la Junta de Acción Comunal de la vereda Guacharaquero.

William Ramírez, era un reconocido líder campesino de Silvia,
Cauca, que hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda
Santa Lucía; fue asesinado el 13 de junio de 2024, en Silvia, Cauca.

El 14 de junio de 2024, tres personas fueron asesinadas con arma
de fuego en el barrio Nuevo Horizonte de Florida, Valle del Cauca.
Ese mismo día, tres personas fueron asesinadas con arma de fuego
en la cabecera municipal de Miranda, Cauca, dos de las víctimas
fueron identificadas como Jhonny Gómez González y Jhon Álvaro
Sánchez.